Ocho municipios de Chihuahua fallan al justificar 250 MDP para refugios de migrantes

Obras inexistentes. En la imagen, rescate de migrantes en Chihuahua. Foto: Tiempo la Noticia Digital.

EMEEQUIS.– Ocho municipios de Chihuahua otorgaron contratos por más de 250 millones de pesos para albergues de niños y niñas migrantes que no están terminados, no operan o son inexistentes. 

Además, la adjudicación fue para la una persona física que representa a una empresa suspendida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presuntas operaciones simuladas.

Estos acuerdos datan de 2024 y fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercer informe de la cuenta pública de ese año. Para el ente fiscalizador, estos contratos millonarios asignados a un contratista ligado a una compañía sancionada representan posibles actos de corrupción. 

Asimismo, identifica posibles simulaciones en programas para atender a migrantes.

Los contratos fueron adjudicados a Jorge Armando Morales Cano, representante legal de la empresa Comercializadora J.A.M.C. –especializada principalmente en el sector de iluminación y material eléctrico–, suspendida ante el SAT, aunque en sus facturas aparece su logo, reveló la ASF en su informe Hallazgos de alto impacto tras las autorías especiales al gasto federalizado. 

En los informes individuales no viene el nombre de los proveedores; no obstante, EMEEQUIS identificó las posibles irregularidades tras la revisión de cada uno de los dictámenes emitidos a los municipios chihuahuenses auditados. 

En Buenaventura (alcalde Rogelio Pacheco Flores, del PAN-PRI), la auditoría 655 revisó la obra denominada “Refugio de niños y adolescentes migrantes 2da Etapa”, del contrato número LO-67-228-808010972-N-1-2024.

Marcial Márquez (Rosales).

El ente fiscalizador demandó 13 millones 798 mil 74.50 pesos debido a la falta de entrega por parte del municipio del programa de obra aprobado, el presupuesto de la obra, los planos de la obra, los números generadores, entre otros documentos. 

Por ello, cita la ASF, “no fue posible constatar, mediante la verificación física, la existencia y la ubicación exacta de los trabajos descritos en el finiquito de obra”; además, observó que en el sitio se encontraban en proceso de conclusión algunos trabajos de la primera etapa (con recursos del ejercicio 2023) y otros de los que no se identificó si correspondían a la segunda etapa, financiada con recursos de 2024, aunque todos ya facturados y con dinero ejercido.

Durante la inspección física, los auditores igualmente comprobaron que el refugio migrante no está concluido, por lo que no se encontraba en operación para la atención de los fines del programa; es decir, se identificaron conceptos de obra pagados con los recursos del programa E040 Servicios de Asistencia Social Integral que no fueron ejecutados. 

Dada esta situación, la ASF requirió a Buenaventura 5 millones 801 mil 925.50 pesos por la falta de evidencia de la entrega de los bienes y la construcción de tres palapas.

El municipio proporcionó el acta de entrega-recepción de las adquisiciones para el suministro de mobiliario y equipo del Refugio de Buenaventura. Esta acta tiene fecha del 31 de diciembre de 2024, lo que indica que los bienes fueron recibidos por la instancia responsable y que se entregaron de acuerdo con lo contratado, pero el ayuntamiento no dispone del detalle de los bienes entregados ni del domicilio o nombre de la instancia que los recibió.

Asimismo, no hay testigos fotográficos y –siempre con base en el dictamen de la ASF– tampoco se presentó evidencia de algún inventario de bienes muebles y sus resguardos ni controles de almacén de entradas y salidas de los consumibles adquiridos.

Además, el organismo fiscalizador igualmente requirió 8 millones 400 mil pesos por el cobro de siete cheques para el pago de servicios personales y gastos de operación para el centro que no funciona.

Lo anterior, porque no se proporcionaron contratos o documentos similares que permitieran comprobar el tipo de relación laboral y las condiciones de contratación que, en su caso, se tuvo con las personas que firmaron las listas de nómina. 

Tampoco se dispuso de documentación de las personas que brindaron sus servicios para acreditar que el perfil de cada uno coincidía con el puesto pagado, ni se entregaron los reportes de las actividades realizadas por el personal que firmó las listas de nómina. 

De igual forma, las listas de nómina presentadas abarcaron el periodo de enero a diciembre de 2024; sin embargo, los recursos se retiraron los últimos dos días del año mediante los cheques a nombre del tesorero municipal, sin que exista evidencia de los pagos al personal. 

No se presentaron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) ni su representación gráfica en formato PDF del personal contratado y no existe evidencia de que el municipio o alguien más realizó las retenciones de los impuestos y cuotas de seguridad social de los pagos de sueldos y salarios correspondientes, ni de que los enteró a los terceros correspondientes, expuso también la ASF.

En el municipio de Camargo (alcalde Jorge Aldana Aguilar, desde 2021 a la fecha, al ser reelecto por PAN, PRI, PRD), la auditoría 657 determinó un monto observado por 27 millones 253 mil 719.20 pesos que fueron destinados a la Construcción de Albergue Fortalecimiento para la Atención de NNA (Niños, niñas y adolescentes) Migrantes, porque dicho centro no opera.

El complejo fue financiado con los recursos del programa E040 SASI, para el ejercicio 2024; no obstante, a la fecha de inspección directa, no se encontraba en operación, por lo que no cumplía con los propósitos por los que el recurso fue erogado.

Asimismo, en municipio de Casas Grandes (alcalde Roberto Lucero Galaz, PRI), tras la auditoría 659, el ente federal requirió comprobación o reintegro de 29 millones 400 mil pesos porque el “Refugio de niños y adolescentes San Antonio, Segunda Etapa”, financiado también con los recursos del programa E040 Servicios de Asistencia Social Integral, no da servicio.

Asimismo, detectaron inconsistencias respecto a lo que se pago y lo que físicamente existe: de las 56 puertas de tambor que se encuentran en actas y documentación de obra, se encontraron 29 en el sitio; de 2 mil 243.42 m2 de cerámica, hay 1 mil 592.15.

No se localizaron los 105 m2 de piedras en muro ni los 392.60 m2 de firme de concreto, ni 

los 78.65 m de pintura de tráfico en líneas que se establecen en la estimación No. 5 y finiquito que se proporcionó mediante oficio PM281/2025.

En el mismo tenor, de los 820.45 m2 de banqueta pagados, en el sitio solamente se encuentran 533.35 m2, y de los 211 m2 de cancelería, únicamente hay 46.16 m2.

En la misma etapa de fiscalización, la ASF observó 600 mil pesos por la falta de documentación comprobatoria de que las adquisiciones de productos alimenticios y materiales de limpieza fueron entregadas, así como el servicio de capacitación contratado, pues el centro no opera.

En municipio de Gómez Farías (alcaldesa María de los Ángeles Moreno Rascón, PRI), la ASF demanda 32 millones de pesos (auditoría 664) porque no hay documentación que ampare gasto; es decir, no se dispuso de evidencia de que se destinaron a atender o asistir a niñas, niños y adolescentes en situación de migración.

Este monto incluye conceptos de obra no ejecutados y bienes de los que no se identificó que son los adquiridos con los recursos del programa (en todos los casos se trata de una revisión a Servicios de Asistencia Social Integral), ya que no se encontraron inventariados o identificados y bienes no localizados.

El ayuntamiento tampoco dispuso de contratos, solicitudes o documentación que justifique el gasto, ni de la evidencia que acredite la recepción de los bienes, según los auditores.

En el municipio de Janos (Joel Loya Márquez, del PAN, reelecto) la auditoría 671 mostró que 27 millones 132 mil 766.37 pesos fueron utilizados en obra aparentemente terminada, pero que no opera: el Centro de Asistencia para la atención de menores migrantes. 

Ese dinero lo demanda la ASF, para comprobación o reintegro a la Tesorería de la Federación, así como otros 2 millones 416 mil 258.51 pesos, por la adquisición de equipamiento de la construcción del albergue para el fortalecimiento de niños, niñas y adolescentes migrantes, que no estaba en operación al momento de su revisión, “así como por los bienes que no se encontraron al momento de su revisión o que no cumplen las características contratadas”.

Igualmente en el municipio de Rosales (Marcial Romualdo Márquez Gutiérrez del PAN hasta septiembre de 2024), la auditoría 680 identificó que 32 millones 195 mil 291.58 pesos fueron destinados a otra obra que no opera, los cuales también demanda la ASF “ya que no se dispuso de evidencia de que se hubiera destinado a atender o asistir a niñas, niños y adolescentes en situación de migración”. 

Ese monto incluye 2 millones 957 mil 178.46 pesos por un Comprobante Fiscal Digital por Internet que se encontró cancelado. Igualmente, 138 mil 787.60 pesos por concepto de “deducciones aplicadas” que no se acreditaron como pagadas a las instancias correspondientes. 

La cantidad global de 32.1 millones de pesos también considera 1 millón 501 mil 674.21 pesos por el pago de conceptos de obra diferentes a los descritos en las estimaciones, en incumplimiento del Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, más 2 millones 416 mil 280.20 pesos del “Contrato de Adquisiciones Equipamiento de Albergue de NNA” para el “Albergue La Garita de Rosales”, que, remarcaron los fiscalizadores, no da servicio.

Además, el monto de toda la observación incluye 56 mil 460.98 pesos por pagos que se realizaron por bienes que no fueron recibidos; asimismo, por bienes recibidos en cantidades inferiores a las contratadas, y por pagar artículos a precios mayores que los señalados en el acta de entrega-recepción; asimismo, ese 49 mil 435.00 pesos por la adquisiciones de tres equipos (estufa, plancha y freidora) que no operan para el cumplimiento de los objetivos del programa, y 1 millón 303 mil 188 pesos por los bienes localizados que no se encontraron con etiquetas, números de inventario o alguna referencia única que los identifique y vincule directamente con el contrato de adquisiciones, con el acta de entrega-recepción de adquisiciones o con las facturas pagadas.

En la misma tesitura, para el “Albergue La Garita de Rosales” se destinaron otros 385 mil pesos en “adquisiciones de bienes y servicios” que también se demandan.

De igual forma, en el municipio de Satevó (Norma Muñoz Anchondo, del PAN -reelecta-), Chihuahua, la auditoría 682 observó que 2 millones 367 mil 356.54 pesos se utilizaron para “Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes”, en adquisición de bienes, pero estos difieren de las características señaladas en el documento de especificaciones técnicas del proyecto.

El gasto estaba amparado en “el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de infancia migrante, centros de asistencia social, establecimientos asistenciales y lugares habilitados, que operan los sistemas DIF estatales y municipales, en términos de la Ley de Asistencia Social”, pero no se cumplió el objetivo por las irregularidades que impiden el funcionamiento adecuado.

Asimismo, al auditar los Servicios de Asistencia Social Integral en el municipio de San Francisco de Conchos (auditoría 681) se halló un faltante de 87 mil 490.95 pesos, cargados como compras de mesas de acero inoxidable y una plancha de concina para el equipamiento del “Albergue San Francisco de Conchos” que no se encontraron físicamente durante la verificación y por conceptos duplicados con el contrato de obra pública

El municipio, durante el periodo de la inspección, presentó evidencia de una estufa industrial de cuatro quemadores; tres mesas de acero inoxidable, y una plancha de cocina, pero ero la estufa industrial y la plancha de cocina son artículos establecidos tanto en el contrato de obra pública con número SFC-PNNA-2024-001, como en el de adquisiciones con número EQ-SFC-PNNA-2024-00; es decir, otro gasto. 

Con la evidencia fotográfica proporcionada por el municipio, la ASF acreditó la existencia de dos estufas industriales, una de seis quemadores (contrato de obra), y la de cuatro quemadores del contrato de adquisiciones por 64 mil 875 pesos; así como una plancha de cocina, por lo que se determinó que no existe evidencia que acredite la existencia de la plancha de cocina adquirida por 63 mil 220.00 pesos con el contrato EQ-SFC-PNNA-2024-00.

Además, la evidencia presentada de las tres mesas de acero inoxidable, adquiridas por 24 mil 270.95 pesos, no corresponden a las dimensiones establecidas en el contrato número EQ-SFC-PNNA2024-00 (1.5mts cada una). 

@axelchl