Menchaca y la “estafa siniestra”: justicia con dos varas

La “estafa siniestra” se barre bajo la alfombra. Foto: Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– El gobierno de Hidalgo destaca la recuperación de 100 de los 2 mil millones de pesos que, presume, alcanza “la estafa siniestra”, como se denominó a un presunto mecanismo para malversar recursos a través de obras simuladas y cargos por pedidos inexistentes por el que acusó a exfuncionarios municipales y estatales. 

El monto que retornó a las arcas es por acuerdos reparatorios con imputados, quienes a través de juicios abreviados recuperaron su libertad. El mandatario Julio Menchaca Salazar negó que esta alternativa otorgue impunidad a los acusados, al reintegrar una porción del recurso que les reclamaba la justicia y dejar la cárcel.

A la par, el gobierno de Menchaca enfrenta acusaciones de personajes políticos que fundaron el partido que llevó al expriista al poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes aseguran que usó al Poder Judicial y a la procuraduría para aprehenderlos, incluso faltando a acuerdos de facto que, reconocen, hicieron. 

También, señalan que existe un mecanismo para encarecer la obra pública del que se beneficia el poder político a cargo del estado, al que apodaron “el cártel de las obras”.

El último acuerdo data del miércoles 29 de enero, cuando un juez del Poder Judicial de Hidalgo le impuso una sentencia de cuatro años de prisión al exalcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo, además de una multa de 200 días de salario mínimo y la devolución de 25 millones de pesos para reparar el daño ocasionado al patrimonio del ayuntamiento.

Como la ley permite conmutar la pena de prisión si es de cuatro años o menos, el expresidente municipal obtuvo su libertad, después de 17 meses en reclusión desde que fue detenido el 14 de agosto de 2023.

“Estafa siniestra” alcanza al primer círculo del exgobernador Omar Fayad

De acuerdo con su causa penal, el exedil enfrentaba cargos por uso ilícito de atribuciones y peculado de 66 millones 700 mil pesos, debido a una solicitud de recursos extraordinarios para afrontar el daño por la inundación del municipio en septiembre de 2021, en la que hubo 17 muertos. 

La ciudad se anegó tras el desbordamiento de ríos, el hospital del IMSS se inundó y se quedó sin electricidad. Quienes fallecieron fue por falta del oxígeno que recibían (15) y (dos) al llegar con signos vitales muy débiles y no lograr respiración asistida, en medio de la contingencia por Covid-19.

La indignación social por la tardía respuesta de las autoridades de los tres niveles que acusaron los pobladores se reflejó contra Hernández Badillo cuando damnificados quemaron colchones reconstruidos que habían sido facturados al precio de nuevos por el ayuntamiento, por un millón 74 mil 497 pesos. Antes, al abrirlos, exhibieron que tenían insectos anidados, además de que la tela principal estaba colocada sobre otras que evidenciaban el uso, por la suciedad y el daño.

En su caso, también le habían imputado cargar ayudas sociales que no se entregaron y facturar fumigación del mosco culex que no se llevó a cabo. La reparación del daño que cubrió corresponde al 37% de la cantidad por la que le atribuían el presunto peculado, del cual, informó la Procuraduría, se declaró culpable para renunciar al juicio, al igual que del delito de uso ilícito de atribuciones agravado.

La “estafa siniestra”: el mecanismo de desvíos que surgió desde el gabinete de Fayad

Al celebrar que “con esta resolución, se avanza en la recuperación de recursos desviados por exfuncionarios implicados en este desfalco millonario al erario público”, el gobierno de Menchaca informó a través de un comunicado que en total han recuperado 104 millones 741 mil 991 pesos, mediante siete acuerdos en los que han participado seis políticos.

El primero es el que hizo en agosto de 2024 el exalcalde de Epazoyucan, Fidel Arce Santander, acusado del desvío de 14 millones 215 mil 780 pesos por la supuesta adquisición de maquinaria para mejorar caminos. Él pagó 4 millones 264 mil 734 pesos, 30 por ciento del monto reclamado, pero su sentencia fue de ocho años, que no le permitió conmutarla. Desde el 23 de noviembre de 2022 se encuentra preso.

Según la narrativa de la “estafa siniestra”, el supuesto modus operandi se conoció por un conflicto entre el entonces alcalde de Huautla, Felipe Juárez Ramírez, con su tesorero municipal. Esto permitió al equipo de transición de Julio Menchaca conocer un esquema en el que, mediante requerimientos de presupuesto extraordinario, autorizaciones de la Secretaría de Finanzas, asignación de contratos fuera del conocimiento de la asamblea municipal, transferencias a empresas dudosas y servicios inexistentes, presuntamente se había desviado dinero. 

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Después, siempre según la versión gubernamental, lo observaron en más ayuntamientos y, a partir de ello, comenzó la búsqueda de responsables y la integración de pruebas.

A Juárez Ramírez le imputaron 26 millones 615 mil 780 pesos que requirió para compra de insumos Covid que, según el análisis de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entidad, nunca existieron, así como solicitud de maquinaria para reparar caminos que no se usó. La administración estatal informó que por el caso de Huautla recuperaron dos millones 661 mil 578 pesos.

Fidel Arce y Felipe Juárez estuvieron entre los tres primeros detenidos por “la estafa siniestra”, el 23 de noviembre de 2022, en un operativo en el que igual fue aprehendido el alcalde en funciones de Yahualica, Elías Sanjuán Sánchez, acusado de peculado por 29 millones 224 mil 727 pesos, con el mismo supuesto modus. Seis días después los tres fueron vinculados a proceso con la medida de prisión preventiva.

El siguiente procesado, en enero de 2023, fue Luis Francisco González Garay, en aquel tiempo presidente municipal de Pisaflores, acusado de peculado por 30 millones de pesos, igualmente por maquinaria para rehabilitar caminos que, a decir de la procuraduría, nunca llegó a este poblado rural en la sierra hidalguense, así como productos para combatir la pandemia por el virus Sars-CoV-2 que se facturaron y hubo una transferencia por ellos, pero, afirma, tampoco existieron.

El edil fue declarado prófugo y, además de operativos en territorio estatal, se emitió una ficha de búsqueda para dar con su paradero. Sin embargo, en su caso, el proceso siguió en libertad, con las medidas cautelares de separación del cargo público y no poder acercarse a ningún implicado en el caso.

El gobierno de Menchaca presume que por la presunta corrupción en agravio de la población de Pisaflores hay 4 millones 644 mil 133 pesos recuperados, que representa el 15.4% del monto de daño original.

En la bolsa de dinero recuperado de “la estafa siniestra”, la administración estatal incluyó 58 millones que obtuvo en marzo de 2024 del exedil priista de Pachuca, Eleazar García Sánchez (2012-2016). Inicialmente, él no fue mencionado en los actos de presunto desvío que Menchaca y su equipo llamaron “la estafa siniestra”, los cuales, dijeron al principio, operó en el periodo del exgobernador Omar Fayad Meneses (2016-2022), con alcaldes que entraron en funciones en diciembre de 2020 y terminaban periodo en septiembre de 2024.

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En dos carpetas de investigación, al empresario le imputaron que “sin la debida autorización del Cabildo, celebró 12 convenios que ocasionaron al ayuntamiento un detrimento financiero de 37 millones 476 mil pesos”. Adicionalmente, se le atribuyó la firma ilícita de contratos por 22 millones 339 mil pesos, con la empresa Publirex, para la instalación de anuncios publicitarios.

Las dos sentencias que recibió en procedimientos abreviados fueron por 10 meses y 20 días de prisión, así como tres años y cuatro meses.

Los dos cargos contra él ascendían a 59 millones 815 mil pesos, y para acordar la liberación pagó 58 millones: 11 millones en moneda nacional, más la transferencia de un predio que se valuó en el monto restante; es decir, el 96.96%, según los datos emitidos por el gobierno respecto a los casos abreviados.

La orden de aprehensión contra García Sánchez fue concedida por un juez de control el 3 de febrero de 2024 en Pachuca. Ese mismo día fue ejecutada por agentes de la División de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). En prisión estuvo un mes y tres días, ya que fue liberado el 6 de marzo.

En lo que ha denominado una “lucha contra la corrupción”, el Ejecutivo estatal igualmente resalta dos recuperaciones por 590 mil 950 pesos presuntamente desviados de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor, y 456 mil 293 del gobierno de Hidalgo. Ambos, proporcionados por Víctor Eloy Porraz Oaxaca, quien era titular de la primera oficina, bajo las órdenes del oficial mayor Martiniano Vega Orozco, quien a su vez enfrenta tres procesos por peculado que ascienden a 42 millones 98 mil 165 pesos. 

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Lo anterior, aunque en octubre de 2024 se dio a conocer que el acuerdo para que Porraz Oaxaca terminara de forma anticipada el proceso penal en su contra por presunto peculado agravado de 18 millones de pesos, que correspondía a la compra “fantasma” de crema antiséptica por el Covid-19, era pagar 9 millones 324 mil pesos.

Desde el 15 de enero de aquel año, el exdirector de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor había dejado el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca al acordar la entrega de 5 millones 434 mil pesos como concepto de reparación del daño y aportar pruebas de posible corrupción de mandos superiores.

Convertido en uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Menchaca Salazar, Víctor Eloy había estado recluido en aquel penal desde el día de su detención, el 13 de junio de 2023. Su conocimiento sobre la manera en la que se liberaban recursos y, posteriormente, la entrega de contratos desde la Oficialía Mayor, es con lo que supuestamente ha colaborado.

EL “MODUS” SE EXPANDE Y ALCALDES ACUSAN FALSEDAD

La actual administración morenista destaca que por este presunto entramado para drenar arcas logró vincular a proceso a los exalcaldes José Alfredo Díaz Moreno, de Tlahuelilpan, a quien acusa del desvío de 39 millones 380 mil 890 pesos mediante al simular un pedido de insumos para fumigación y el requerimiento de una app digital, y a Lorenzo Agustín Hernández Olguín, de Atitalaquia, a quien atribuye un peculado de 28 millones tres mil 90 pesos en supuestos servicios inexistentes.

Igualmente, a Gabriel García Rojas, de Tizayuca, y a Luis Enrique Cadena García, de Nopala, por posibles peculados de 25 millones 309 pesos y 71 millones 960 mil 890 pesos, respectivamente, relacionados, primero, con supuesta liberación ilegal de pagos y la firma indebida de un contrato mobiliario, y con una compra simulada de insumos paga fumigar y de maquinaria para rehabilitar caminos.

Exalcalde de Progreso, Hidalgo, denuncia tortura y manipulación del Poder Judicial

Armando Mera Olguín, de Progreso de Obregón, también fue procesado por presunto uso ilícito de atribuciones agravado por 5 millones de pesos. El 24 de enero, a través de una carta escrita desde el Cereso de Pachuca, donde está preso desde el 23 de abril de 2024, acusó al gobierno de Julio Menchaca Salazar de tratos inhumanos y degradantes en la cárcel, así como de manipular al Poder Judicial para mantenerlo preso por denunciar un “cártel de la obra pública” operado por Morena, partido del que Mera fue fundador.

Detenido cuando era candidato a diputado local del Partido del Trabajo (PT) y alcalde con licencia de Progreso, el exmorenista dijo que permanece “encerrado en una celda llamada de máxima seguridad, en donde al extender mis brazos, toco paredes con la palma de mis manos”. En la cárcel, añadió, sólo puede orinar en una botella y defecar una vez al día, siempre y cuando el custodio lo autorice y sea antes del anochecer. La misiva de dos páginas, escrita a mano, la publicó en su cuenta de Facebook, de la que después fue retirada.

Mera Olguín sostuvo que su caso tuvo un móvil político: “el motivo real de mi detención es haber utilizado la investidura de presidente municipal para denunciar la corrupción en Morena, partido del que soy uno de los fundadores, a pesar de esto probé como en Hidalgo, Morena ha instalado un verdadero cártel de la obra pública, que le permite triplicar el costo real de la obra pública”.

El lunes 27, simpatizantes del exedil se manifestaron a la altura del Poder Judicial de la Federación para denunciar uso indebido de las instituciones de procuración y justicia, más tortura hacia el petista. A la protesta se unieron familiares y personas afines al exalcalde de Nopala Enrique Cadena y al exdiputado local petista Edgar Hernández Dañu; a los tres los llamaron presos políticos.

En el caso de Hernández Dañu, no está recluido por un supuesto caso de corrupción, sino por narcomenudeo, por el que fue sentenciado a cinco años de prisión el 14 de noviembre de 2024. Él reconoció en entrevista que pactó un procedimiento abreviado en el que aceptaría la culpabilidad y rechazaría apelar, a cambio de que la mujer coacusada en su caso quedara libre.

Afirmó que fue el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, con quien hizo el acuerdo político. Reconoció que eso implicaba injerencia en el Poder Judicial y después reclamó en incumplimiento por parte del grupo de Julio Menchaca.

“Fue un tema que ya estaba platicado políticamente. No es que quisiera yo ayudarla, sino que es una persona que es ajena a lo político, que es ajena a este ambiente y que de verdad yo te lo digo así, sinceramente: entre hombres, pues bueno, lo que quieras, pero meterte con la familia, con los seres cercanos, queridos, pues yo creo que hasta en eso hay códigos, y te lo digo yo que estuve recluido en el penal y finalmente conoces a personajes que se dedican a ciertas actividades, y creo que tienen más honor y más palabra que muchos funcionarios”, declaró.  

EL CAMINO DE LA ESTAFA

Los procesos por posibles actos de corrupción tienen más presuntos implicados. Aunque no en cada caso sea el mismo móvil ni se limite a ediles municipales presuntamente coaligados con miembros del primer círculo político de Omar Fayad, como al inicio se mencionó que era ese esquema, todos han sido incluidos en “la estafa siniestra”.

De los organismos administradores del agua fue detenido Leonardo Pérez Calva, exdirector general de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA), así como su subdirector Rogelio Plata Fernández. A ellos, la PGJEH les demanda 19 millones 937 mil 675.14 pesos facturados como adquisición de hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio, los cuales, asevera, no fueron comprados ni se entregaron a los 84 municipios.

Lo mismo que a Salvador Torres Arqués, exdirector de administración y finanzas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistema Intermunicipales (CAASIM), a quien señala de cargar al erario 44 millones 80 mil pesos por una consultoría que, presume la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Estafa Siniestra, fue inexistente.

En cuanto a la Secretaría de Educación Pública, fue vinculado el extitular Atilano Rodríguez Pérez, y Pablo Moreno Calva, exsubsecretario, acusados de adquirir un servicio de 143 millones 999 mil 857.73 pesos para combatir un supuesto hackeo informático que ponía en riesgo datos sensibles de alumnos de bachillerato, el cual, según la Agencia de Investigación Criminal, nunca existió.

Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor, tiene tres causas penales por 42 millones –es el miembro del círculo político de Fayad con mayor rango–, en tanto que Pablo Elio Blanco Cornejo, exdirector general del Sistema Integrado del Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH), fue vinculado a proceso por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades agravado que asciende a 17 millones de pesos, y Verónica Vizzuett Balderas, excoordinadora de Planeación Financiera de la ahora Secretaría de Hacienda (antes Secretaría de Finanzas) enfrenta un proceso en el que le acusan uso indebido de 11 millones 998 mil 560 pesos para un supuesto sistema informático que sería instalado en la Secretaría de Contraloría, el cual, a decir de la parte acusadora, ya existía.

Por esta misma transacción es uno de los cargos contra Martiniano Vega, quien firmó el 15 de junio de 2022 el contrato con la persona moral Soluciones Empresariales Rodida S.A. de C.V., para que proporcionara “servicios de informática consistentes en un Sistema Integral de Nómina y Recursos Humanos”, una duplicidad, según la AIC, para concretar el desvío.

Dos más están procesados: Oscar Monsalvo Destunis, principal administrador del sistema de transporte Tuzobús, a quien, junto con el Pablo Elio Blanco del SITMAH, lo inculpan de un desvío de 17 millones –ambos enfrentan los cargos en libertad, con medida cautelar de firma periódica mensual, no salir del país ni acercarse a los testigos–, y Aldo Araujo Martínez, exdirector general de administración de la Secretaría de Gobierno, por posible tráfico de influencias para conseguir un crédito de 20 millones de pesos.

En busca de librar las acusaciones por 98 millones de pesos como parte de “la estafa siniestra”, el entonces alcalde de Tepeji Salvador Jiménez Calzadilla, señaló a Araujo Martínez de ofrecer la liberación de recursos extraordinarios, y que supuestamente actuaba a nombre de su superior, el en ese momento secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar.

Además de ellos, la procuraduría indicó que “se mantiene la expectativa del paradero del exsecretario de la Contraloría del estado de Hidalgo”, César Román Mora Velázquez, contra quien, acotó, ha obtenido tres órdenes de aprehensión.

Los recursos recuperados, afirmó el gobierno, “se seguirán destinando a construir obras públicas con visión social y a los programas sociales entre el que destaca el apoyo para personas con discapacidad, garantizando que el dinero regrese a la ciudadanía”.

“Estafa siniestra” es el nombre con el que fue llamado por la administración de Julio Menchaca Salazar un presunto mecanismo para sustraer recursos. Al principio, mencionó que se liberaba presupuesto extraordinario desde la Secretaría de Finanzas, llegaba a las cuentas de los municipios y de ahí a empresas con características de fachada, que emitían las facturas por servicios que nunca se realizaron.

Aunque la retórica sugería que alcanzaba a miembros del gabinete de Omar Fayad, el Poder Ejecutivo deslindó desde el comienzo al actual embajador de México en el Reino de Noruega, al afirmar que no tenía evidencia de que el entramado de corrupción que alcanzó los 2 mil millones de pesos, con base en su propio recuento, llegara al último gobernador priista que tuvo Hidalgo; ahora, ya deslindado de su anterior militancia, activo político de la llamada Cuarta Transformación (4T).

@axelchl