Las gangas del gobierno de Fayad: autos desde 1,200 para líder agrario acusado de invasión

Autos a precio de remate sin competencia en la licitación. Imagen de comuneros de Azoyatla víctimas de invasión. Fotos: Especial.

EMEEQUIS.– Durante la administración de Omar Fayad Meneses (2016-2022), hoy embajador de México en Noruega, el gobierno de Hidalgo vendió vehículos del patrimonio estatal desde mil 200 pesos a Omar Cervantes Reyes, líder en el municipio de Mineral de la Reforma de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y quien es acusado por comuneros de Azoyatla –una pequeña localidad aledaña a Pachuca– de invasión e intento de despojo de un predio otorgado desde los años 30 del siglo anterior.

La disputa por las tierras suma dos carpetas de investigación por homicidio en grado de tentativa y el ingreso de personas armadas a la localidad, de acuerdo con los pobladores, quienes pidieron la intervención del mandatario Julio Menchaca Salazar y la presidenta Claudia Sheinabaum, al considerar que existe riesgo de un ataque.

El procedimiento de compra-venta, en el que no se presentó ningún otro ofertante, fue validado el 26 de julio de 2019 por el exoficial mayor Martiniano Vega Orozco, recluido desde el 22 de junio de 2023 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, donde enfrenta tres procesos por peculado, que ascienden a 42 millones 98 mil 165 pesos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) imputa a Vega Orozco haber incurrido en la simulación y “compra fantasma” de crema quirúrgica antiséptica para combatir el Covid-19 y de dos sistemas informáticos: uno para el monitoreo de obras y otro denominado “Sistema Integral de Nómina y Recursos Humanos”, una “solución tecnológica” que permitiría “conocer en tiempo real el costo de la plantilla de personal del gobierno de Hidalgo en función del nivel de cada empleado y área asignada”.

El 1 de julio de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), la Oficialía Mayor a cargo de Martiniano publicó la convocatoria para el procedimiento de licitación pública NO. OM-DGRMyS-01-2019, que tenía como finalidad la enajenación de cinco lotes de vehículos “en las condiciones en las que se encuentran”, propiedad del gobierno de la entidad.

Cuatro días después se llevó a cabo el acto de recepción y apertura de ofertas, en tanto que el 9 de junio se declararon desiertos tres lotes (1, 2 y 3) “por no cumplir con los requisitos”. Tras ese fallo, el día 12, el líder untista Omar Cervantes Reyes –referido en la carpeta de investigación 12-2025-01017 por presunto intento de homicidio, en agravio de uno de los pobladores de Azoyatla– presentó, por escrito, una oferta por esos tres lotes, que el Comité de Bienes Inmuebles del Poder Ejecutivo de Hidalgo le validó, al otorgarle, por adjudicación directa, la oportunidad de comprar las unidades, el 17 de junio.

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Desde el momento en el que ingresó el escrito, hasta recibir la aprobación, el procedimiento duró cinco días, sin ninguna competencia de más ofertantes, porque, con base en el acta de fallo, Cervantes Reyes fue “la única persona interesada en la compra y que cumple con lo establecido en las normas vigentes”, lo cual se le hizo saber mediante el oficio NO. O.M./0449-BIS/2019.

Los tres lotes fueron vendidos en 1 millón 291 mil 119.20 pesos, que el comprador –líder de una organización campesina que, afirma en sus estatutos, defiende las demandas de los trabajadores agrícolas del país que se encuentran en vulnerabilidad– depositó en una cuenta del Banco Nacional de México (Banamex) a nombre de la Secretaría de Finanzas Públicas, entonces a cargo de Jessica Blancas Hidalgo.

El primer lote fue de 48 vehículos. El de menor valor, un Volkswagen Sedán 1984, antes identificado con el número 1914 en el inventario de bienes del Poder Ejecutivo, en tanto que camionetas como Ford 150 y Dodge Pick Up 1990, al igual que una Chevrolet Custom 1991, fueron vendidas en mil 840 pesos cada una. Sólo en el primer lote hubo seis camionetas con ese precio.

Otras unidades como un Dodge Neón 2001, un Stratus 2000, un Neón 2004, una Custom 1997 y una Volkswagen Combi de 1985 fueron cedidas por 4 mil 740 pesos.

Algunos ejemplos de las “gangas”.

Una Silverado 2004 y otra 2005 tuvieron un costo para el comprador de 17 mil 500; otra Silverado 2003 en 11 mil 700 y una más, 2004, en 7 mil 60 pesos. El primer lote, que ascendió a 532 mil 600 pesos por los 48 vehículos, también incluyó un camión recolector de basura, marca International, modelo 1995, en 92 mil 900 pesos.  

El segundo lote tuvo 28 vehículos, a cambio de 273 mil 319.20 pesos, entre estos un Nissan Sentra 2004 en 3 mil 549.60 pesos; un Neón 2005 en dos mil 366.44 pesos; un Chevrolet Cavalier 2003 en nueve mil 465.60 pesos; una Ford 150, modelo 1993, en cinco mil 916 pesos, y un camión Chevrolet 1995 en 41 mil 412 pesos.

Un Volkswagen Sedan 1992 y otro 1993 en 4 mil 732.80 pesos cada uno, un Ford Escort 1997 y otro sedán del mismo año en tres mil 549.60 pesos, igualmente fueron parte de la transacción.

El tercer lote sumó 36 vehículos a un precio conjunto de 485 mil 200 pesos, entre estos una Ford Pick up 1991, en 5 mil 950 pesos, un Volkswagen Sedán 2001 en 3 mil 630 pesos, una cuatrimoto Yamaha 2007 en 7 mil 10 pesos, una Ford Ranger 2006 en 23 mil 250 pesos y otra del mismo modelo en 17 mil 500, así como un Jeep Vagoneta 2003 en 53 mil 350 pesos.

Las cláusulas del contrato establecen que los 112 vehículos adquiridos deberían ser retirados del almacén general Centro Cívico, ubicado en la carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, en los 10 días siguientes al pago.

Además de Martiniano Vega, el contrato fue firmado por Víctor Eloy Porraz Oaxaca, entonces director general de Recursos Materiales y Humanos, quien también estuvo recluido en el Cereso de Pachuca por presuntos delitos de corrupción, pero fue liberado por un criterio de oportunidad en el que comprometió reparar el daño y colaborar con datos de presuntas irregularidades en agravio del erario hidalguense supuestamente cometidas por personas superiores a él en la cadena de mando.

Asimismo, rubricaron Omar Cervantes Reyes y el entonces coordinador jurídico del Poder Ejecutivo, Roberto Rico Ruiz.

EMEEQUIS dio a conocer que pobladores de la localidad de Azoyatla denunciaron la invasión de tierras e intento de despojo por parte de miembros de la UNTA.     

Azoyatla es un enclave semiurbano cercano a la capital hidalguense, que el 5 de febrero vivió el feminicidio de Rosaura, los asesinatos de su mamá y su hermano a manos de un expolicía municipal, y el hallazgo de los cuerpos de dos adultos mayores también ultimados.

Desde 2014, esta organización inició un proceso para que una extensión de 247 hectáreas se declarara tierra nacional, lo cual, denuncian los habitantes de la localidad, es un modus operandi que ha aplicado la UNTA en otros territorios, para quedarse con ellos. Durante la pandemia, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el gobierno mexicano, por un procedimiento que llevó a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), respondía favorablemente a la petición de la UNTA, sin que los comuneros fueran notificados.

La disputa ha crecido, tras el ingreso de personas ligadas a la organización, que construye obra negra y, con base en los testimonios de habitantes de Azoyatla, hay hombres armados custodiándolos.

El 22 de enero, Jesús Gómez, esposo de una posesionaria, denunció que a finales de noviembre, sin recordar el día, cuidaba sus animales en un predio conocido como La Minuta, que se encuentra al lado de un manantial, cuando alrededor de las 11 de la mañana se acercó una camioneta Jeep negra, en la cual iba Omar Cervantes Reyes, líder de la UNTA, acompañado de dos personas más que no reconoció.

“Omar se bajó de la camioneta y se acercó a mí diciendo que él es el dueño del terreno y que si no me salía de ahí me iba a matar. Acto seguido, sacó un arma de fuego con la que me apuntó y, al jalar el gatillo, una bala salió de una parte del arma y cayó al piso, por lo que levantó la bala y me la arrojó a la cara. Se subió a su camioneta y se fue del predio. Fue así que levanté la bala para guardarla y me percaté que estaba caliente”.

La bala se encasquilló y por eso no le disparó, afirmó Jesús en su declaración ante el ministerio público. Con esa denuncia inició la carpeta de investigación 12-2025-01017, por intento de homicidio en grado de tentativa. Existe otra (NUC 12-2025-04476), por el mismo delito, contra Cirilo Flores Martínez, y una más por agresiones y amenazas a un menor de edad que tenía 15 años cuando, afirma, fue golpeado.

@axelchl