La mafia del despojo: acusan alteraciones en carpeta y protección a “despojadora” ligada a Morena

EMEEQUIS.– Carlos y sus hermanos llevan casi dos décadas tratando de recuperar su inmueble de manos ajenas: son dueños de un edificio con valor actual de 150 millones de pesos que está invadido desde hace 2006 por el grupo Asamblea de Barrios, brazo electoral de partidos políticos en la Ciudad de México (CDMX).

Su batalla legal libra un nuevo obstáculo. Carlos denuncia presuntas alteraciones por parte de servidores públicos a la carpeta de investigación que sigue por despojo, además, acusa posible protección desde la Fiscalía General a una de las personas imputadas en este y otros despojos, ligada al partido en el gobierno.

El edificio marcado con los números 104 y 108 de Antonio Caso en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, es habitado por miembros de la mencionada Asamblea de Barrios que, con base en denuncias, también son señalados por acarreo, además de formar grupos de golpeadores y de choque en jornadas electorales.

Tras los sismos de septiembre de 2017, el inmueble fue dictaminado con alto riesgo estructural, por lo que, para proteger la seguridad física de sus ocupantes, debía ser desalojado; no obstante, la invasión persiste.

Carlos, que compareció el 14 de agosto en Delitos de Servidores Públicos para dar cuenta de las alteraciones en la carpeta, dice a EMEEQUIS que “todas mantienen el mismo procedimiento de alteración y por lo tanto se puede identificar que algo pasa en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fidampu)”.

Asimismo, alerta que, como al inicio del proceso de despojo hace casi dos décadas, cuando recibió amenazas directas, teme un posible daño por mantener la denuncia: “Me preocupa

este actuar de las autoridades, porque ya está aparejado con algún vehículo que se para afuera de mi casa por tiempo indeterminado”.

Al comparecer, también acusó que una persona que es imputada por despojo en la carpeta de investigación, Raquel Almanza Álvarez, ha sido denunciada en otros procedimientos, como el de Antonio Caso 130, pero no ha sido presentada como posible responsable, sino que el Ministerio Público le dio la categoría de víctima. 

Asimismo, en un acuerdo del proceso se establece “no ha lugar” a llevarla a declarar, aunque es señalada como actora directa en ambos casos.

Almanza, lideresa de la organización Asamblea de Barrios, representante legal de la Asociación Civil Proyecto Democrático Vivienda Digna e inmersa en carpetas por despojo, fue electa en agosto de 2022 consejera del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Su actuación en ambos inmuebles, a decir de Carlos, “muestra un modus operandi” para invadir propiedades y arrebatarlas a los dueños legales.

Después que se diera a conocer su elección, partidos opositores exigieron al gobierno capitalino, entonces a cargo de la aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, no proteger a “la mafia de los invasores”, que han despojado a propiedades a vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc.

“La mafia del despojo en la ciudad es solapada por Morena y por las autoridades del gobierno local. Exigimos un alto y que tanto la Fiscalía como el INVI tomen cartas en el asunto”, dijo el diputado panista Aníbal Cañez al presentar un punto de acuerdo en el congreso local.

Sheinbaum, por su parte, dijo que su partido tendría que revisar el caso de Almanza, ya que “si en efecto esto es cierto, y corresponde a las limitaciones de la convocatoria, pues no se le debería permitir”.

Carlos también denunció inconsistencias en el registro de información en la carpeta que mantiene abierta, a cargo de la ministerio público Diana Laura Vázquez Bustamante, quien, insiste, anotó falsamente que la petición de acumulación era un requerimiento de parte del agraviado: 

“Me llama la atención como declaré en el documento entregado que los acuerdos de la licenciada Diana Laura Vázquez Bustamante inician en la Hoja 01 en los encabezados con el número de carpeta correcto, siendo el CI-FCH/CUH-5/UI-1 S/D/01254/08-2016; sin embargo, en la Hoja 02 aparece un número de carpeta diverso, que es el CI-FCJ/CUJ-1/UI-1/S/D/02148/11-2017”, reclama.

En las siguientes hojas, añade, las confusiones persisten. Asimismo, indica que hay inconsistencias en acuerdos registrados en las fechas 18 de noviembre, 12 y 27 de diciembre de 2022, así como del 17 y 23 de enero del 2023, más una declaración del 23 de marzo que se encuentra foliada con el número 762 y en la foja 763, donde cambian nuevamente los números de carpeta.

Igual refiere que en un documento de la Coordinación General de Investigación Territorial se anota que él solicitó se acumulen las carpetas por despojo de los años 2010 y 2016, “lo cual es falso y sobre todo contradictorio con las órdenes del juez de control, toda vez que no podría actuar en una carpeta de 2010, que inclusive se encuentra en el No Ejercicio de la Acción Penal”.

Por esta situación, Carlos inició el 7 de julio de 2023 una promoción de responsabilidad administrativa, en la que señala que el servidor público Luis Antonio Pérez López, de la Coordinación General de Investigación Territorial, declaró que el dueño del edificio ubicado en Antonio Caso 104 y 108 solicitó que se acumularan ambas carpetas, pero éste insiste:

“Es totalmente falso, ya que la del 2010 está en No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP) en el sistema penal anterior y la del 2016 fue sacada del NEAP y se encuentra activa por corresponder al Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Como se puede observar, las declaraciones del funcionario no tienen ningún sustento jurídico porque no podrían ser acumuladas las carpetas al estar en dos sistemas diferentes”.

La historia de Carlos fue documentada en “Las siete mafias chilangas. ¿Quiénes gobiernan realmente la ciudad” (Grijalbo, 2023), como parte del capítulo La mafia del despojo, que muestra cómo grupos ligados, ya sea a cárteles o al gobierno –en algunos casos a ambos–, se apropian de predios y edificios, en procesos en los que, aunque son denunciados ante la Fiscalía General de la CDMX, impera la impunidad.

Mientras la obra editorial estaba en proceso de producción, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), que había intentado expropiar este edificio de 34 departamentos y nueve locales comerciales siete años después de Asamblea de Barrios se apoderara de

éste, inició un nuevo procedimiento de expropiación, por lo que este inmueble, con riesgo de colapso tras los terremotos, es parte de una nueva disputa legal en la que Carlos denuncia un posible actuar ilícito de las autoridades, que, acusa, han protegido durante todo este tiempo al grupo invasor, aun ante el riesgo de derrumbe que dictaminó Protección Civil.   

En la comparecencia del pasado 14 de agosto, Carlos se refirió a una promoción que presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana el 14 de julio de 2023 para solicitar el aseguramiento del inmueble, petición que, insiste Carlos, ha hecho de manera reiterada desde 2020, sin que haya respuesta.

Por estas situaciones, el dueño del inmueble consideró que “los errores que se están presentando en la carpeta pudieran tener su origen en que la carpeta de Fidampu no se encuentra debidamente foliada”.

A estas posibles irregularidades se suma el reintento de expropiación: EMEEQUIS reveló que, a finales del año anterior, en la carpeta de investigación, el Instituto de Vivienda informó al Ministerio Público que había iniciado un nuevo procedimiento con este fin, lo cual Carlos y sus hermanos definieron como una violación a sus derechos.

Dieciocho personas, que corresponden al mismo número de familias que ahí habitan, signaron un oficio que posee la Subdirección de Asuntos Inmobiliarios. En éste, quien dijo ser la representante del inmueble en Antonio Caso, Beatriz Consuelo C.L. invasora que declara no vivir en el edificio y que también está involucrada en el despojo de un inmueble de Belisario Domínguez, además de que también pertenece a Asamblea de Barrios, señaló que los ocupantes, bajo protesta de decir la verdad, manifestaron que no tienen celebrado ningún contrato con el propietario del edificio, ya sea de arrendamiento, promesa de venta o cualquier otro que derive en la transmisión de la propiedad.

Las presuntas anomalías tanto en el intento de expropiación como en la investigación por despojo que, a 18 años, no han dado resultados, han sido denunciadas a lo largo del

proceso. Desde el 12 de mayo del 2021, en audiencia, un juez de control ordenó dar vista al Órgano Interno de Control y a la Fiscalía de delitos de Servidores Públicos por las irregularidades presumiblemente cometidas en la carpeta.

A la par, la Subsecretaría de Gobierno de la CDMX pidió al INVI que ayude en este procedimiento que lleva el edificio desde 2005, porque no han logrado la expropiación, aunque, acusa Carlos, no especifica que el primer intento de expropiación fue precluido por orden de un juez.

@axelchl

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