Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
Además del ataque sexual a su hija, Miriam fue separada de sus tres hijos menores por maniobras de la familia de Antonio Monterrey, agresor señalado por la estudiante de secundaria. Todo, con el aval del DIF-Cuautitlán Izcalli, de la Fiscalía estatal y del juez Abraham Quetzalcóatl Jandete Mosqueda.
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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Protesta feminista afuera de la Fiscalía Edomex. Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– Después de casi un año de haber presentado la denuncia en contra de Antonio Monterrey Tapia por violación a su hija de 14 años, Miriam Vicente se enfrenta a una nueva injusticia: el Ministerio Público ha postergado inexplicablemente la liberación de la orden de aprehensión, a pesar de la confesión videograbada del agresor.
Miriam tiene miedo por las amenazas de muerte hechas por Antonio, su expareja, con quien padeció más de una década de violencia intrafamiliar cotidiana. En el extremo de la impunidad, la familia de Antonio se ha llevado a los hijos pequeños que procreó con Miriam.
La separación de los niños, que se dio con base en un convenio que Miriam suscribió bajo coacción, fue consumada con la complicidad del DIF- Cuautitlán Izcalli, de la Ministerio Público del Centro de Justicia para Mujeres, Marlén Mónica Hernández Quiroz, y del Juez Familiar de Cuautitlán Izcalli, Abraham Quetzalcóatl Jandete Mosqueda.
Miriam dice que los niños están ocultos en la casa de los abuelos, Isidro Monterrey y Raquel Tapia, en Santa Bárbara, municipio de Cuautitlán Izcalli, donde presume que también Antonio se resguarda.
A decir de la defensa, la carpeta debió judicializarse en cuanto se denunció a Antonio Monterrey, padrastro de la víctima, dada la naturaleza del delito y en el entendido de que fueron dos los ataques sexuales contra la niña.
No procedió en ese sentido la abogada Mónica Hernández Quiroz ―titulada en 2022 y egresada del Colegio Universitario del Valle de Beraca, ubicado en el mismo municipio―, ministerio público de la Fiscalía Región de Justicia de Cuautitlán Izcalli del Centro de Justicia para las Mujeres, que coordina Héctor Ruiz Bautista.
La madre de la niña violada entregó a EMEEQUIS una copia de la más recientes de sus promociones ante la Fiscalía General de Justicia (PGJ), que encabeza José Luis Cervantes Martínez, a quien pide que revise su caso y la explicación del intento de carpetazo y de los esfuerzos por proteger al denunciado.
María no se llama así. La designaremos con ese nombre para proteger su identidad. En 2011, cuando inició su relación con Antonio, Miriam ya tenía a su hija María. Después tuvo dos hijos y una hija más con Antonio, que nacieron en 2012, 2015 y 2019, respectivamente.
Inicialmente vivieron en la casa paterna de Antonio, en Santa Bárbara. Después se avecindaron en el municipio mexiquense de Huehuetoca.
La tarde del 5 de febrero de 2024, Miriam recibió una llamada de un número desconocido, que resultó ser el de un compañero de la secundaria a la que asiste María. Así se enteró del ataque sexual contra su hija de 14 años:
“Me envió un video y mensajes donde mi hija le contaba lo que le hacía su padrastro, y al leer los mensajes me quedé en shock. (…) Entonces le hablé a mi hija para que subiéramos a la recámara, en la parte alta de la casa, y le pregunté directamente si Antonio la había tocado o la había violado. Me contestó nerviosa y llorando que sí”.
Miriam reclamó entonces a Antonio: “Lo confronté, le pregunté si había violado a mi hija, y contestó que no. Le dije que entonces la llevaría al ginecólogo, y me dijo: llévala. Pero cuando le dije que íbamos a ir al Ministerio Público, aceptó: sí la violé”.
La madre pidió ayuda a su cuñada Elizabeth para solicitar una patrulla. Mientras llegaba la unidad, Miriam reclamó nuevamente a Antonio: “Lo confronté de nuevo, preguntándole por qué había violado a mi hija y lo grabé, y repitió que sí la había violado, que por ‘pendejo’, que no sabía por qué lo había hecho, y que también era para desquitarse de mí, porque lo había demandado anteriormente porque me había pegado. En ese momento traía un cuchillo en la mano derecha y dijo que, o lo dejaba ir, o se quitaba la vida ahí mismo, porque él no iba a ir a la cárcel”.
Todos los niños presenciaron las escena. El más pequeño se abrazó a la pierna de Antonio. Lo separaron. El padre “se fue, diciendo que no se iba a entregar, o se mataba o huía, amenazándome a mí y a mis hijos con el cuchillo”. Quince minutos después llegó la patrulla, pero Antonio ya se había ido. Los hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación cua/cgv/vgc/032/035363/24/02.
Dos meses después de aquellos acontecimientos, la familia de Antonio ―entonces presuntamente prófugo― coaccionó a Miriam para que suscribiera un convenio por el que concedía que sus niños vivieran en el domicilio de los abuelos paternos, Isidro Monterrey Sandoval y Raquel Tapia Carrillo, en Santa Bárbara. La amenazaron con quitarle la patria potestad sobre sus hijos:
“Me obligaron a suscribir un convenio para que mis hijos menores, los hijos de Antonio, vivieran con sus abuelos paternos. Me dijeron que incluso ya habían promovido un juicio para que me quitaran la patria potestad de mis niños, lo cual no prosperó”.
La amenazaban con reactivar el juicio. Miriam dice que se encontraba confundida, vulnerable, aturdida aún por lo ocurrido a su hija. Además, al momento de la firma se hallaban presentes seis miembros de la familia de Antonio, todos presionándola:
“Accedí finalmente y les entregué la guarda y custodia durante un periodo de un año, que correría a partir del día 19 de marzo de 2024, al 19 de marzo de 2025, en el que los menores vivirían en el domicilio de sus abuelos. A cambio, los abuelos, Isidro y Raquel, se comprometían y obligaban a renunciar e intentar todo tipo de acción legal relacionado con la guarda y custodia de los niños, yo conservaría la patria potestad y podría acudir a verlos, salir con ellos los sábados y domingos de cada semana, y en periodo vacacional. Pero debería proporcionarle a los abuelos 3 mil pesos mensuales para la alimentación de los niños”.
Después de la firma de ese documento, Miriam sólo pudo ver a sus hijos en la escuela. Fue en siete ocasiones a la casa de los abuelos, pero en ninguna de esas visitas la dejaron ver a sus hijos. Así que decidió llamar una patrulla, pero ni así le abrieron.
Mientras Miriam se hallaba afuera de la casa de los padres de Antonio, recibió una llamada de quien se presentó como el abogado Francisco Marco, el cual le dijo que dejara de hacer escándalos después de haber abandonado a sus hijos. Agregó que no importaba que Antonio fuera el violador, que nada tenía eso qué ver con la relación con sus hijos.
El presunto abogado presumió de influencias, pidió que le comunicara con el oficial de la patrulla, y a este le ordenó que se retirara.
Miriam insistió a la familia para que la dejaran ver a sus hijos. Se comunicó con el abuelo, Isidro Monterrey Sandoval, quien le respondió que eso no iba a ocurrir, a menos que el DIF lo autorizara.
La madre de los niños denunció los hechos el 22 de julio siguiente ante el Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Cuautitlán Izcalli. En agosto, al terminar las vacaciones de tribunales, acudió a dar seguimiento a la denuncia. Los abuelos llevaron a los niños, pero su madre no pudo verlos.
La justicia que se le aplicó fue que el MP asignó la custodia de los hijos de Miriam a su cuñada, Elizabeth Monterrey Tapia, tía de los niños y hermana del padrastro de María, la niña violada. Una abogada del centro de justicia, de nombre Laura, le explicó que había entrevistado a los niños, quienes acusaron a Miriam de golpearlos, de no llevarlos a la escuela y de no alimentarlos.
Miriam protestó, e incluso informó a la la abogada del Centro de Justicia para las Mujeres que su cuñada Elizabeth sí había sido investigada por no cuidar a sus propios hijos. La abogada Laura respondió a Miriam: “Lo que te estás buscando es que el DIF te quite definitivamente a tus hijos”.
Miriam no ha vuelto a ver a los niños.
El 6 de septiembre de 2024, el juez de origen (expediente 1769/2024) ordenó que se girase exhorto al Juez Familiar Competente del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Abraham Quetzalcóatl Jandete Mosqueda, para tomar las providencias para el regreso de los niños con la madre. Se devolvió al juzgado sin diligenciar.
El 9 de octubre siguiente, se ordenó de nueva cuenta girar exhorto a Jandete Mosqueda (Número de exhorto 1524/2024). Se admitió dicho exhorto, con plazo de 10 días para ejecutar la diligencia, siempre y cuando se confirmaran datos que vienen desde el C. Juez de origen con las medidas de protección.
El actuario designado para la diligencia por el Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán con Residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Fernando Moreno Pérez, dio cita el 28 de octubre a las 10 horas, se giraron los oficios correspondientes y al llegar a la cita, aquel rechaza llevar a cabo dicha diligencia “porque para él no están claras las medidas de protección”. Pidió que se establezca dicha información conforme a su criterio para poder realizar dicha diligencia.
El 30 de octubre se ingresa la promoción para satisfacer los criterios del actuario (promoción 67100/2024), y se amplía el plazo para poder llevar a cabo dicha diligencia. La nueva cita con el actuario Fernando Moreno Pérez se establece el 13 de noviembre a las cinco de la tarde, consumados ya el trámite de todos los oficios correspondientes para la diligenciación.
Finalmente, el día 13, Miriam y su representación legal, el actuario Moreno Perez y los oficiales designados por la Comisaria General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, acuden al domicilio de los demandados, a saber, Antonio Monterrey Tapia, Isidro Monterrey Sandoval, Raquel Tapia Carrillo y Elizabeth Monterrey Tapia.
Pero al requerir a los menores, los demandados se niegan rotundamente a entregarlos y contraponen copia de un expediente con número 2943/2024 en el cual está demandada Miriam, una demanda de la que no ha sido legalmente notificada.
Miriam, su representación legal, y el actuario, se retiran. Este último asienta el motivo por el cual no se consumó la diligencia.
El 19 de noviembre, y dada la razón especificada por el actuario, Miriam solicitó nuevamente la entrega de los menores, las medidas de apremio correspondientes, los oficios correspondientes para el Comisario General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la ampliación del término y se turnaran los autos al actuario, “para llevar a cabo la diligencia correspondiente de continuidad a dicha razón”.
Pero el 20 de noviembre, el juez familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán con Residencia en Cuautitlán Izcalli, Abraham Quetzalcóatl Jandete Mosqueda, negó la continuidad del proceso, a pesar de estar justificado.
Sin más que mencionar, asentó: “No resulta dable acordar de conformidad lo solicitado”.
La defensa de Miriam interpuso entonces un recurso de revocación. Pero el fallo le resultó adverso. No ha escuchado las voces de sus tres hijos menores desde julio. Tampoco la voz de la justicia.
Mientras tanto, Antonio sigue libre. No hay orden de aprehensión ni reparación del daño a la adolescente violada. Y es que en el Estado de México la justicia ya cambió, incluso antes de la reforma judicial.
@estedavid
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