Cuando el Estado falla: tres víctimas de feminicidio habían denunciado previamente a sus asesinos

Los casos de Rosa, Rosaura y Daryela. Ilustración IA.

EMEEQUIS.– “¡Regresa conmigo porque si no te voy a mandar matar! ¡Te voy a mandar matar…! ¡Te voy a mandar matar…!”. Aquel grito era como un eco que reverbera, que cimbra el oído y despierta un pánico escondido.

Una vez más la había encontrado.

El flashback que pasó tras sus ojos fue como sentir de nuevo el cuchillo en el cuello, rodar por las escaleras y, con el dolor punzante de la piel lastimada, sufrir otro abuso sobre su cuerpo, que se negaba a ser parte de él. Otro abuso sexual, uno más. “¡Regresa conmigo porque si no te voy a mandar a matar! ¡Te voy a mandar matar…! ¡Te voy a mandar matar…!”, escuchó de nuevo Daryela, paralizada, invadida de un temor que pasma, en el que cada escena que corría por el carrete de sus recuerdos era como avivar un dolor dormido, una herida que no puede cicatrizar.

***

Bzzzz, Bzzzz, Bzzzz…

—    ¿Bueno?

—    ¿Es usted la madre de Rosa?

—    Sí.

—    Somos del Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro, Michoacán, para informarles que su hija será trasladada al Hospital General Benito Juárez. Va muy grave. Tiene una perforación en el pulmón…

El silencio del otro lado del auricular hizo creer al bombero que la llamada se había cortado; que estaba hablando solo.

—    ¿Bueno? ¿Sí me escucha? —insistió el hombre que trasladaba el cuerpo herido, para romper el letargo en el que había caído la conversación, que era como un limbo en el que estaban suspendidas las palabras de la madre de Rosa.

Apenas unos días antes su hija le había dicho que su pareja la había agredido de nuevo. Otra vez los golpes, otra vez la amenaza de matarla. Rosa le comentó que pidió ayuda al DIF de Zitácuaro, pero la frase que le dijo se le quedó muy grabada: “no me hicieron siquiera caso”. Acababan de llegar a Michoacán, después de lo que había pasado en Pachuca, por eso sus papás seguían en la capital de Hidalgo.

—    ¿Bueno? ¿Sí me escucha?

—    Sí, perdón. ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó a mi hija? ¿está bien? —vino de repente la acumulación de miedos y dudas, como si estuviera a punto de atragantarse de palabra, de ese hervor que sentía subir por la garganta.

—    Necesitamos parar en el traslado para cambiarla a la ambulancia. Va sangrando mucho. Váyanse al hospital inmediatamente. Apresúrese. Es muy urgente.

Durante aquella semana de invierno, la cuarta de un enero que enrojecía las manos, que lastimaba las heridas por el helar, Rosa se aferró a la vida, ante el acecho voraz de una muerte que intentaba colapsar su pulmón perforado, contraído, sin capacidad de retener el aire, como un globo reventado que no puede inflarse.

Era una agonía incesante, pero aún no sería el fin…

***

Rosaura fue la primera en caer, defendiéndose como escudo de carne, con el último latido de coraje. Miraba y temía por su hijo, que la miraba y era como un amanecer pequeño en el que de pronto se cruza la oscuridad.

Su madre Rosa se interpuso, queriendo ser muralla; Ramiro, su hermano, armado con una coraza de valor final, intentó detener la furia con su propio cuerpo. La sangre brotó como un río desbordado, tiñendo el piso de un rojo infinito, mientras el padre, Roberto, y otro hermano que había heredado el mismo nombre, quedaban heridos, testigos mudos de un horror que no alcanzaron a detener.

En un rincón, aquel amanecer pequeño vio cómo el mundo se rompía en pedazos irreparables: cuerpos que ya no volverían, miedos que se ahogaron en silencio. Cuando atestiguó aquella escena de horror, tenía ocho años.

Marco Antonio, exmilitar, también policía, huyó en la penumbra de Azoyatla, mientras el viento acariciaba las casas como un lamento antiguo y apenas amanecía.

Al exoficial, Rosaura lo había denunciado dos veces. Lo detuvieron una. La justicia lo soltó pese a las protestas de la víctima y con ello se abrió una puerta al abismo. Rosaura alzó la voz, temblorosa pero firme, ante la jueza: me puede matar, le dijo. Y lo hizo.

Los casos de Rosa, Daryela y Rosaura tienen un común denominador: las víctimas habían sido agredidas gravemente antes, denunciaron y pidieron ayuda a las autoridades para que detuvieran a sus violentadores. En los tres casos, las instituciones encargadas de protegerlas fallaron. Rosa, Daryela y Rosaura fueron asesinadas después. Tres feminicidios que nunca debieron ocurrir, pero el Estado falló.

Rosa

Rosa y su agresor se conocieron en Pachuca en diciembre de 2018. Poco tiempo después se fueron a vivir en unión libre a la misma ciudad, en la colonia Nopancalco. A partir de las agresiones, que llegaron pronto, aun con los hijos que atestiguaban la violencia, comenzaría un intento de huida por parte de Rosa, que la llevaría a tres entidades distintas en busca de ayuda.

En octubre de 2019 fue asesinada por el hombre al que denunció en reiteradas veces, su expareja, y 14 meses después, en diciembre de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 178/2020 por la violación de los derechos a la legalidad, al debido ejercicio de la función pública, a la vida, al acceso a vida libre de violencia, al acceso a la justicia y a la debida diligencia, reforzada tratándose de violencia contra las mujeres; todo lo anterior, por el feminicidio de Rosa, una joven que había pedido ayuda a autoridades de cuatro estados del país sin recibir apoyo.

La mamá de Rosa contó a la CEDHJ que, después de que se juntó, pronto aparecieron los malos tratos hacia su hija, pues en una ocasión, cuando ella estaba llegando a su trabajo, le hablaron los paramédicos de una ambulancia para decirle que habían encontrado a Rosa golpeada, que estaba muy mal y que sería trasladada al Hospital General de Pachuca.

Ella llamó a su esposo para contarle lo que sucedía y él fue quien se trasladó a la capital hidalguense para mirar el estado grave de su hija. Ese primer internamiento en un hospital fue a inicios de 2019. A partir de ahí, Rosa tendría sólo 10 meses de vida, huyendo entre estados para intentar sobrevivir.

Cuando Rosa salió del hospital se fue con sus padres a la casa de ellos; sin embargo, a los pocos días volvió con su agresor y, posteriormente, fue internada dos veces más en el hospital durante el tiempo que estuvo viviendo en Pachuca.

Durante unas semanas sus padres dejaron de tener noticias de ella, hasta que Rosa les llamó por teléfono desde Zitácuaro, Michoacán, para decirle a su mamá que se había ido con su pareja a esa ciudad, porque él tenía familia allá, fue cuando le comentó que había pedido ayuda al DIF de Zitácuaro, porque la había golpeado de nuevo. Fue también cuando le dijo que no le hicieron caso.

Días después, el 20 de enero de 2019, a la mamá de Rosa le hablaron los bomberos de Zitácuaro para informarles que su hija sería trasladada al Hospital General Benito Juárez, pero que iba muy grave porque le habían perforado el pulmón.

Rosa estuvo internada una semana, su mamá recuerda que estaba en un limbo “entre la vida y la muerte”; por ello, al día siguiente de la agresión, el 21 de enero de 2019, mandaron a sus tres nietos –dos niños y una niña– con su otra hija en autobús a Pachuca.

Aquel mismo día se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado de Michoacán, con sede en Zitácuaro, y se abrió el número de caso único 1006201902624.

A la semana, Rosa fue dada de alta con reservas. Su madre y su padre se la llevaron a la casa que ellos tenían en Pachuca. Allá nuevamente fue internada por los problemas del pulmón, pero el psicólogo del Hospital General que la atendía les comentó que su hija era candidata para ingresar a un refugio para mujeres víctimas de violencia extrema, junto con sus tres hijos, porque era un caso grave.

“Requiere resguardarla para prevenir su muerte”, le dijo, directo, aquel psicólogo; por ello, sugería el refugio: “ahí estaría incomunicada y se la llevarían al estado de Guanajuato”.

Ellos aceptaron y fue el propio especialista quien realizó los trámites para que Rosa fuera trasladada directamente desde el hospital.

Rosa pasó algunos meses en el refugio, hasta que en una ocasión, en abril de 2019, le llamó a su madre desde Guanajuato para contarle que la tenían incomunicada y que había tenido algunos problemas con la directora de aquel lugar, por lo que ella y tres mujeres más se salieron del refugio y rentaron una casa entre las tres.

Rosa tomó la decisión de enviar a sus hijos con sus papás a Pachuca, para protegerlos. En esas mismas fechas le envió mensajes por teléfono a su mamá y le dijo que estaba bien, que ya tenía trabajo.

Sin embargo, por ahí de agosto, un día en la madrugada, como a eso de las cuatro o cinco de la mañana, sus padres recibieron una llamada al celular de un taxista. Él le narró que su hija estaba muy asustada y que huía de alguien; que en ese momento se encontraba en la Central Camionera de Guadalajara.

Le pidió al taxista que le pasara el teléfono a su hija y ella se la comunicó a su marido, porque se puso muy nerviosa al saber que Rosa estaba en peligro: “Papá, es que me encontró y me está persiguiendo…”; en esa conversación le reveló que su expareja la había tenido encerrada unos días, pero que ella logró escapar. La persona que la había ayudado le pidió al taxista que por favor la llevará con un policía que estuviera en la Central Camionera, pues Rosa tenía apenas unos pocos días de que había llegado a Guadalajara.

Después de ese episodio su hija les volvió a marcar de otro teléfono, porque cada que podía, su agresor, que siempre volvía a encontrarla, la llevaba a la fuerza, le rompía o le quitaba el celular, dejándola incomunicada.

Rosa le dijo que estaba bien, que ya estaba trabajando en una cremería de la central de abastos de Guadalajara. Su hija le comentó que había ido a pedir ayuda a la Secretaría de Igualdad, pero que no la habían ayudado; que incluso les pidió, además del tema legal, ayuda para poder irse de regreso a su casa, pues les narró la violencia que había vivido de parte de su expareja, pero en ese momento no obtuvo respuesta.

“Yo recuerdo que aproximadamente en mayo o junio de 2019 mi hermana me dijo que había pedido ayuda al gobierno de Jalisco por la violencia que sufría y el miedo que tenía de que la encontrara su expareja, pues ella llegó a Jalisco en abril de 2019 y fue a finales de abril y principios de mayo que mi hermana me envió a sus hijos, que son tres: dos niños y una niña. Desde entonces teníamos físicamente a los tres niños, pero además ellos tenían mucho lazo conmigo, porque siempre fui yo la que más cuidé de mis sobrinos”, narró también la hermana de Rosa. Sus declaraciones son parte de un expediente con centenares de fojas que reconstruyen la historia de un feminicidio que no debió ocurrir.

A la niña, su sobrina, fue a quien la hermana de Rosa cuidó por periodos más largos. A principios de mayo del año en el que ocurriría el crimen, la niña dormía tan mal que tenía pesadillas diario, y al despertar asustada, como todavía entre la pesadilla y la realidad, le decía a su tía que “el hombre malo la lastimaba a ella y a su mamá”.

En el feminicidio de Rosaura autoridades se exoneran a sí mismas

El semáforo rojo por el Covid limitó las terapias para la niña, una a base de pinturas para integrar el proceso creativo con la psicoterapia y buscar mejorar su bienestar emocional; a pensar de las limitaciones por la emergencia sanitaria, desde entonces ya no es agresiva y no habla de sangre, lo que anteriormente hacía muchas veces.

“Quiero también señalar que, dos semanas antes de su muerte, ella estuvo una semana en Pachuca, porque quería llevarse a la niña nuevamente con ella, y en esa ocasión me dijo que se había acercado a varias instituciones de gobierno, y me mencionó en aquella ocasión que había ido a una institución estatal que se dedicaba a ayudar a las mujeres, para pedir ayuda de protección y justicia por la violencia, y también me dijo que había pedido apoyo económico. Recuerdo que en ocasión anterior también me dijo que había pedido ayuda a unos policías de la Central Camionera”, contó también su hermana.

Ella también tuvo que salir de Pachuca, resguardando a sus hijos –que también incluye a los de su hermana–, porque empezó a ver que hombres los seguían, porque el temor la hizo sentir amenazada; porque sujetos aún rondan la casa en la que vive y tratan de encontrarla, según lo que le han dicho quienes eran sus vecinos, también atemorizados.

De la violencia que vivió Rosa hubo más testigos, incluidos compañeros de trabajo, quienes conocieron que había denuncias previas y solicitudes de ayuda a instituciones públicas, sin resultados.

“Cuando ella vino a trabajar aquí, vivía con su agresor y la vi en muchas ocasiones golpeada de los brazos, y después de una semana de que empezó a trabajar aquí, ella me dijo que le inspiraba confianza y que me iba platicar lo que había vivido; que él le quitaba el celular, las llaves y el dinero que ganaba, y me platicó también que la golpeaba casi a diario y que por eso había puesto denuncia en Pachuca, y también lo denunció en Michoacán, porque incluso la apuñaló y estuvo muy grave”, contó un compañero de un taller de detallado automotriz con el que Rosa convivió en Jalisco.

“Sí me dijo que pidió ayuda en algo de la mujer, pero que no la ayudaron, y en las últimas semanas me dijo que él, su pareja, le había dicho que la iba a matar. Ella me dijo que sí lo creía y sentía que iba pasar; y entonces yo veía que ella buscaba información en internet para ver posibles ayudas.

“Ella cocinaba muy bien y rico, entonces ella y yo planeamos tener un negocio aquí mismo más adelante para vender comida. Ella decía que podíamos hacer tamales, y la señora dueña del negocio nos dijo que si podíamos vender comida aquí por la tarde cuando el taller cerrara, porque la señora y yo le decíamos que ella podía salir adelante y traerse a su hija más pequeña y vivir aquí en una de las habitaciones, y ese era el plan…”.

La última semana antes de ser asesinada, Rosa tenía mucho miedo, porque el agresor iba afuera del taller a buscarla y le gritaba que saliera, “entonces yo como la tenía en Facebook como amiga vi que ella publicó que si no sabían de ella o no se comunicaba en sus redes, era porque ya no estaba viva”…

Ese fue el relato que el compañero dio a los visitadores de Derechos Humanos, a quienes les mostró también las capturas de pantalla de aquel posteo, que fotografiaron; después, vino una ratificación de todo lo que había sido la búsqueda de protección por parte de Rosa en las instituciones del Estado: “Recuerdo también que alguna vez me volvió a decir: he ‘pedido ayuda, pero nadie me responde’”. Estaba desesperada y temerosa en sus últimos instantes de vida.

La amenaza reiterada se cumplió: el 24 de octubre del 2019, tanto la CDHEJ –que inició el acta de investigación 190/2019/IV–, como la familia y compañeros de trabajo volvieron a saber de Rosa a través del diario Mural, que tituló la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de una joven con señales de asfixia dentro del cuarto que rentaba: “Huía de pareja; la matan aquí”.

Una o dos semanas después del asesinato de su hija en Jalisco, una institución del estado le llamó por teléfono a la mamá de Rosa para pedirle que le dijera a su hija que ya tenían la respuesta a la petición de un boleto hacia México para que ella se regresara con su familia y su red de apoyo: “ya para qué”, les contestó casi apagada, sin poder decirles más.

“Tuuu, tuuu, tuuu”, se escuchó del otro lado de la línea, mientras que al teléfono de la mamá de Rosa lo apresó un silencio inmediato.

*El nombre de Rosa fue utilizado para esta historia, debido a que en el expediente original de la recomendación 178/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y en el proceso, la familia requirió que el nombre original fuera testado. Durante el proceso, fluyeron los expedientes de las denuncias y requerimientos de ayuda iniciados en cuatro estados

Daryela

Daryela presentó dos denuncias previas contra su agresor y solicitó medidas de protección a la Fiscalía General del Estado de Baja California. Fue concreta al advertir lo que sentía: un temor por su vida. No fue todo: realizó una serie de llamadas al 911 para solicitar la protección policial, que no tuvo. A pesar del conocimiento de las autoridades sobre la violencia que vivía y el riesgo advertido, no fue protegida.

El 22 de junio de 2022 hubo una primera llamada al 911, por parte de una persona que laboraba en una tienda departamental. Daryela llegó ahí en estado de pánico porque su agresor la seguía.

Acudieron dos elementos de la policía municipal que la “orientaron” para que interpusiera una denuncia y la trasladaron a su lugar de trabajo: una tienda Waldo´s.

La primera denuncia llegó el 2 de julio siguiente: “Disparo de arma de fuego y amenazas”.

Eran las 10:22 de la noche cuando Daryela acudió al Módulo de Justicia Alternativa Anáhuac y narró que Honorio, su agresor, había enviado a personas a su trabajo para matarla.

En aquella entrevista con la agente del Ministerio Público, Daryela expuso que ese mismo día, aproximadamente a las 19:20 horas, dos hombres habían acudido a Waldo´s para advertirle que no iba a vivir.

“Me comentaron que habían sido enviados por parte de Honorio, quien les había pagado para matarme. Me exigieron que no me acercara a las ventanas y que saliera por la puerta de emergencia, para detonar el arma; sin embargo, al no tener llaves de la puerta, en ese momento fui a buscarlas y observé el vehículo de Honorio a las afueras de mi trabajo”.

En la misma declaración –la primera formal que se iniciaría–, Daryela refirió que estas personas le dejaron algo claro: “esto es solo una advertencia, después regresaremos a matarte, porque ya nos pagaron”. Después dispararon dos veces y se retiraron del lugar, para luego subirse a la camioneta de Honorio e irse.

La segunda denuncia se clasificó como “violencia familiar y/o lo que resulte”.

El mismo 2 de julio, pero a las 11:05 de la noche, Daryela presentó otra denuncia en contra de su agresor. La declaración con la que inició esa carpeta abría con un recuerdo de cuatro meses atrás, cuando se había separado de Honorio, después de vivir cinco años en unión libre.

En ese tiempo, narró, había sufrido diferentes niveles de violencia de parte de su agresor.

“En la misma declaración, Daryela refirió que en diversas ocasiones su agresor la golpeó, le daba puñetazos, jalones de cabello, cachetadas, patadas y señaló que la agredía de forma verbal con palabras altisonantes. También mencionó que el motivo por el cual se separó de él fue porque cuatro meses atrás la amenazó de muerte con un cuchillo en el cuello, la aventó por las escaleras y abusó sexualmente de ella (no siendo la primera ocasión que lo hacía)”, dice el testimonio inicial recabado por la agente del Ministerio Público, al que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) tuvo acceso.

Este testimonio sería parte de la Recomendación 8/2024 emitida el 11 de octubre de 2024, 19 meses después de que la joven fuera asesinada por quien insistentemente la agredió y, además, le advirtió siempre que la mataría. 

Cuando presentó aquella segunda denuncia, Daryela le dijo a la MP que no había denunciado antes porque tenía miedo.

Ahí contó que en los días previos, el 22 de junio, su agresor había acudido a su lugar de trabajo para decirle: “ya te encontré, salte de trabajar, regresa conmigo, porque si no te voy a mandar a matar”. Te voy a mandar matar. Te voy a mandar matar. Recordarlo era como un eco que reverbera, vivir en un bucle con la misma amenaza.

Por esta carpeta de investigación se giraron medidas de protección para Daryela, que consistían en vigilancia en su domicilio, así como la prohibición al agresor para realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima; sin embargo, de la revisión que la CEDHBC hizo de la carpeta de investigación comprobó que dichas medidas nunca fueron notificadas al agresor, porque había un error en el domicilio.

Las visitas al domicilio de Daryela se ordenaron por 30 días –del 18 de julio al 15 de agosto de 2022–; no obstante, de la evidencia analizada se corroboró que el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali asignado únicamente acudió a la dirección de la joven en seis ocasiones: el 18, 27 y 30 de julio, así como el 5, 11 y 15 de agosto.

Daryela fue citada para una valoración psicológica ordenada por la Fiscalía del estado. La cita fue programada para el 23 de septiembre de 2022; sin embargo, cuando estaba próxima, la Fiscalía le cambió la fecha para el 22. Por el cambio, Daryela no podía asistir por cuestiones laborales. Y así se los dijo, Aunque la misma Fiscalía fue la que hizo la modificación, no volvió a contactar con Daryela para considerar una nueva cita, por lo que nunca hizo la valoración psicológica que podría haber contribuido a conocer la dimensión del daño sufrido y el riesgo en el que se encontraba.

Después de la denuncia, la joven hizo una primera llamada al 911 el 13 de julio de 2022, a las 5:32 horas: reportó que su agresor no había dejado de rondar su domicilio, a pesar de contar con orden de restricción.

El reporte fue atendido por dos oficiales, quienes arribaron al domicilio. Daryela les indicó que su agresor se encontraba a bordo de una camioneta Jeep Patriot blanca y les proporcionó el nombre, sus características y el sitio específico en el que estaba.

En el reporte oficial que emitieron, los agentes refieren que llegaron al domicilio a las 6:16 horas y “se le orientó a la víctima”; sin embargo, no se especifica qué tipo orientación le fue brindada; más, al considerar que Daryela contaba con medidas de protección otorgadas por la Fiscalía; tampoco se registró evidencia de que realizaran labores para la localización del agresor.

Dos días después, el 15 de julio, a las 8:39 horas, Daryela llamó de nuevo al 911 para alertar que su agresor la estaba molestando a pesar de contar con medidas de protección. De nueva cuenta les proporcionó la marca, modelo y el color del vehículo que conducía su victimario.

El reporte fue atendido por un oficial, quien afirmó que arribó al domicilio de Daryela, pero sólo anotó en el informe oficial que el agresor ya se había retirado.

No obstante, en la evidencia revisada por la Comisión de Derechos Humanos no se acredita que en realidad se hubieran realizado labores de vigilancia en los alrededores del domicilio de Daryela para localizar al agresor, a pesar de tener un antecedente de reporte de violencia de dos días anteriores, aunado a que la víctima contaba con medidas de protección vigentes.

El 2 de enero de 2023, a las 6:57 horas, Daryela hizo una tercera llamada al 911: su agresor había amenazado de muerte a su actual pareja; necesitaba que quedara reporte de lo sucedido.

Cada informe oficial es una calca del anterior: una unidad de policía llega al domicilio, “orienta” a la víctima y nunca encuentran a quien la amenaza.

Trece días después de esa llamada, el 15 de enero, ocurrió el crimen previamente advertido. A las 2:52 de la tarde se recibió una nueva llamada al 911, pero ya no era la voz de Daryela, sino el reporte de una persona lesionada por arma blanca y “la muerte por arma prohibida” en el domicilio de la persona a la que siempre había denunciado Daryela: Honorio.

Cuando los agentes de la Policía Municipal de Mexicali acudieron al domicilio del victimario, a él lo localizaron cubierto de sangre. Honorio dijo que alguien entró a su casa y había asesinado a Daryela.

Afirmó que, tras atacar a su expareja, ese alguien había arrojado un objeto metálico hacia el techo de la casa de al lado. En ese momento, los agentes no sabían que quien contaba la historia era la persona a la que tantas veces había denunciado la joven de 25 años. Fue hasta ese momento que lo detuvieron. Daryela ya no tenía signos vitales. La causa de muerte fue “heridas punzocortantes penetrantes del cuello”.

A tres años del feminicidio, la madre de Daryela, Elvira Rocha, continúa con su exigencia de justicia ante las autoridades, pues el proceso legal contra Honorio, el agresor, sigue estancado.

En enero de 2025, en Baja California se aprobó la “Ley Daryela”, la cual busca garantizar la capacitación obligatoria en materia de género para funcionarios, seguimiento puntual de denuncias de violencia de género y evitar la revictimización, por las negligencias y omisiones que ocasionaron el feminicidio de una joven que había solicitado apoyo y protección a las autoridades, quienes no la protegieron.  

Rosaura

El 5 de febrero de 2025 Azoyatla amaneció con un sol pálido, casi avergonzado. Azoyatla es un enclave urbano que se ubica en el municipio de Mineral de la Reforma, aledaño a la ciudad de Pachuca.

Marco Antonio entró con el filo en la mano convertido en sentencia. El sol siguió subiendo, indiferente, mientras el eco de los gritos se perdía en el aire seco.

El asesino es un expolicía que había sido liberado de prisión, a quien Rosaura había denunciado dos veces por privación ilegal de la libertad y violencia familiar, Marco Antonio M. G.

El 15 de noviembre de 2024, a la una de la tarde en el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) ubicado en la colonia San Carlos de la capital hidalguense, la jueza Janett Montiel Mendoza determinó suspender condicionalmente un primer proceso por privación ilegal de la libertad y violencia familiar en contra del entonces policía en activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma.

El oficial había sido detenido y puesto a disposición del ministerio público el 13 de octubre por agredir a Rosaura. Al día siguiente ingresó al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca y el 21 fue vinculado a proceso. No obstante, con la decisión de la jueza Janett Montiel recuperó su libertad de forma inmediata.

La representante del Poder Judicial puso como condición que se girara un oficio al municipio en el que Marco Antonio trabajaba para que “no prestara sus servicios como policía cerca del domicilio de la víctima”, también acordó una reparación de daños y que se le asignaran medidas cautelares, de acuerdo con la causa penal 1508/2024.

Rosaura se opuso. Pidió apoyo y protección a las autoridades, porque dijo que temía por su vida; a su expareja lo describió como violento y peligroso.  

De acuerdo con la declaración patrimonial que la Contraloría de Mineral de la Reforma recibió de Marco Antonio el 15 de mayo de 2024, él había sido parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del primero de noviembre de 1998 al primero de noviembre de 2002.

No hay más referencias, pero en su declaración de 2022 especificó que en el periodo que estuvo adscrito a la Sedena fue “soldado de caballería”. Marco Antonio tenía conocimiento del uso de las armas, acceso a información privilegiada, relaciones con miembros de la policía a la que perteneció y era parte de una empresa de seguridad privada. Pero ninguno de estos elementos se consideró como agravante del riesgo al que estaba expuesta Rosaura.

Cuatro días después de abandonar la cárcel, Marco Antonio renunció al ayuntamiento de Mineral de la Reforma a través de un escrito que ratificó de manera personal, pero lo hizo tras ser notificado por el área de Asuntos Intentos que sería sujeto de un proceso administrativo.

Rosaura creyó nuevamente en una justicia que le falló: tras haber sufrido una segunda agresión, hizo una nueva denuncia por la que se inició una nueva carpeta por violencia familiar equiparada: En esa causa penal, 1689/2024, desde el 14 de noviembre de 2024 se solicitó al Poder Judicial fecha y hora para la audiencia inicial, que había sido programada para el 27 de enero. Sin embargo, a petición de la defensa del expolicía se aplazó para el 10 de marzo de 2025, fecha a la que Rosaura ya no llegó.

Un día después del ataque múltiple que cobró tres vidas en Azoyatla –la de Rosaura, su mamá y su hermano–, una compañera de trabajo de la joven víctima acudió al evento denominado “Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo” que se llevó a cabo en Mineral de la Reforma. Ahí, ante una mesa presidida por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, reveló que el 26 de enero Marco Antonio se llevó por la fuerza a Rosaura al municipio de Apan, y que en múltiples ocasiones la había acosado e intimidado, con lo cual violaba la orden de restricción que tenía. Dijo que el hostigamiento ocurrió en compañía de policías municipales y a bordo de patrullas oficiales, en fechas en las que el ayuntamiento aseguró que ya no pertenecía a su cuerpo de seguridad.

“Decidieron que tenía que quedar en libertad el señor. ¿Para qué? ¿Para exponer a toda una familia? ¿Para dejar huérfanos a un par de niños?

“A mí me tocó ver el miedo, a mí me tocó estar con ella cuatro, cinco ocasiones que salía de trabajar y estaba la persona vestida de policía municipal en su camioneta particular e incluso en las patrullas de Mineral de la Reforma. Yo lo vi. Yo lo presencié”, denunció la joven, quien también les recriminó a los funcionarios la falta de protección que tuvo una víctima que temía un nuevo ataque: “Hoy ella, su mamá y su hermano están muertos. ¿Qué hicieron? ¿Dejar libre a una persona como él? Cuando ella argumentó en la última audiencia en la que estuvo presente que su vida estaba en peligro”.

El asesino fue acorralado en una carretera el mismo día del asesinato múltiple; de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, el agresor intentó degollarse, borrar su propia garganta.

En los meses siguientes, todas las autoridades responsables del resguardo y protección de Rosaura determinaron que no hubo fallo en sus actuaciones, tras procedimientos internos de investigación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) concluyó que no hubo omisiones, errores o negligencias por parte de la Unidad de Medidas Cautelares, que tenía asignada la protección de Rosaura, aunque ella y sus familiares fueron atacados en su domicilio y el caso sumó antecedentes de amedrentamientos y posibles violaciones a la restricción que Marco Antonio tenía para acercarse a la víctima.

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH) confirmó que la investigación administrativa por el proceso de juicio en el que la jueza Janett Montiel Mendoza decidió liberar a quien a la postre se convertiría en el feminicida de Rosaura concluyó con un resultado definitivo: no hubo irregularidades administrativas en cuando a cómo se desarrolló el juicio en sus etapas.

Para este dictamen, el PJEH especificó que la revisión y análisis para identificar si hubo alguna falla no entró en el fondo del asunto, por la libertad de decisión que tienen los jueces; es decir, su autonomía para fallar en los casos que les son sometidos, basándose en su interpretación de la ley y los hechos que les presentan.

Para este asunto iniciado en la Unidad de Responsabilidades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), la revisión fue de los procedimientos, en los cuales la instancia inspectora determinó que no hubo fallas. 

En tanto, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma respondió que consideró cerrada la relación con su exagente en el momento en el que éste presentó su renuncia.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició un expediente que a dos días de que se cumpla un año del feminicidio no tiene resolución.  

Rosaura dejó dos hijos. Uno de ellos, de ocho años, vio cómo el mundo se rompía en pedazos cuando atacaron a su familia.

El hueco que este crimen abrió en Azoyatla dejó tres vidas arrancadas de raíz, dos niños huérfanos y una familia partida como hoja seca. Los tres, sepultados entre las 2 mil 400 tumbas del panteón de Azoyatla, cubiertos los sepulcros de flores amarillas y blancas. Aunque las autoridades se hayan exculpado de las responsabilidades que tenía, en el hueco que dejó el crimen late aún en el nombre de Rosaura; late a un año, como un pulso que se niega a apagarse.

@axelchl