Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
CFE da contrato de 84 MDP a empresa con domicilio en casa abandonada
El domicilio legal que declaró la empresa es una casa remodelada que está en venta y una finca en muy malas condiciones en Mérida. También declaran un domicilio adicional donde aparece una casa de interés social.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.– La Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su división “CFE Telecomunicaciones e Internet para todos”, otorgó un contrato de 84 millones de pesos a una empresa cuyo domicilio legal está en una finca semi abandonada en la ciudad de Mérida.
De acuerdo al concurso abierto presencial con el número CAS-CFE1000-0063-2023 por el Servicio de Mantenimiento a la Torre de Telecomunicaciones, otorgó a la empresa Soluciones Profesionales del Sureste, S.A.de C.V. un contrato correspondiente a la Partida 1. Regiones 7 a 9, que corresponden al sur-sureste del país.
Por un subtotal mínimo de hasta $42,271,736.60 (Cuarenta y dos millones doscientos setenta y un mil setecientos treinta y seis pesos 60/100 M.N.), antes del Impuesto al Valor Agregado; y un subtotal máximo de hasta $84,543,473.20 (Ochenta y cuatro millones quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres pesos 20/100 M.N.), antes del Impuesto al Valor Agregado.
Este contrato fue otorgado en conjunto con la empresa Even Telecom, S.A.de C.V. que recibió la Partida 1. Regiones 1 a 6 del centro al norte del país. Por un subtotal mínimo de hasta $16,007,588.49 (Dieciséis millones siete mil quinientos ochenta y ocho pesos 49/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado; y un subtotal máximo de hasta $32,586,181.95 (Treinta y dos millones quinientos ochenta y seis mil ciento ochenta y un pesos 95/100 M.N.), antes del Impuesto al Valor Agregado.
DOMICILIO LEGAL: CASA EN RUINAS
El domicilio legal que declaró la empresa en sus más recientes contratos con la Comisión Federal de Electricidad está en la calle 28 número 215, donde sólo aparecen en el registro una casa remodelada que está en venta y una finca en muy malas condiciones. Cuando se realiza una búsqueda del domicilio de la empresa registrada a nombre de Pedro Rubén Canto Sulub y Fátima del Rosario Rodriguez Interian, como consta en el Registro Público de Comercio de Yucatán, uno puede encontrar que declaran un domicilio adicional en CALLE 99 NUM. 506 X 34 Y 36, Diamante Paseos de Opichen, 97246 Yuc., México, donde aparece una casa de interés social.
OTROS CONTRATOS
Además, la empresa ha celebrado contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por un monto de casi 5 millones de pesos, con la Comisión Federal de Electricidad por un monto cercano a los 7 millones de pesos y con la Secretaría de Infraestructura de la SICT, donde recibió 26 millones de pesos, con lo que se beneficiado en contratos con la actual administración por 37 millones 647 mil pesos.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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