La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Al menos 6 muertos en pipazo de Iztapalapa no fueron registrados
La explosión de una pipa en el Distribuidor Vial La Concordia, Iztapalapa, ocurrida el 10 de septiembre de 2025, dejó un saldo oficial de 32 personas fallecidas, según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, registros del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) muestran que al menos seis cuerpos adicionales ingresaron tras el siniestro, lo que eleva la cifra real a 38 víctimas mortales. La investigación reveló errores en los registros forenses, con fechas de deceso alteradas y perfiles que no coinciden con los difundidos por el gobierno capitalino. Además, las solicitudes de transparencia enfrentaron respuestas incompletas y reservas de información, lo que ha generado cuestionamientos sobre la falta de claridad en el manejo del caso.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Por Maricarmen Gutiérrez Romero, Natalia Ortiz y Miguel Ángel Teposteco Rodríguez
EMEEQUIS.- Pese a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó oficialmente el fallecimiento de 32 personas tras la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre de 2025, la cifra real es mayor, según información del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) a la que tuvo acceso EMEEQUIS.
Existen al menos seis cuerpos que no han sido contabilizados por el registro oficial, según una revisión de los cadáveres ingresados al INCIFO en el mes de septiembre de 2025.
Durante meses, el equipo de EMEEQUISsolicitó en reiteradas ocasiones a varias instituciones gubernamentales los datos sobre los cuerpos ingresados al INCIFO durante septiembre de 2025, para conocer la cantidad de ingresos procedentes de la explosión del puente de La Concordia.
Luego de realizar varias solicitudes de transparencia al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (responsable del INCIFO), la institución se negó a dar la información solicitada, dando como justificación “circunstancias de fuerza mayor” y presentado un Excel con los cuerpos, actualizado hasta julio de 2025.
Respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México al preguntársele por las cifras de cuerpos ingresados al INCIFO durante el mes de septiembre de 2025.
No obstante, instituciones como la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de Justicia capitalina enviaron tablas con la información que tenían: las 32 víctimas difundidas a través de diferentes canales del gobierno de la Ciudad de México con datos como edad y hospital en el que ocurrió el deceso.
Tabla de finados proporcionada por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a través de transparencia.
Luego de que la Ciudad de México anunciara que los cuerpos de todos los fallecidos por la explosión recibirían servicios funerarios gratuitos de la Embalsamadora ESS & HR, el equipo de EMEEQUISrealizó varias solicitudes de transparencia para saber cuántos cuerpos fueron ingresados a estos servicios. La respuesta fue 32 en todos los casos.
El último reporte público, correspondiente al 21 de octubre, señala que cinco personas permanecían hospitalizadas, 47 fueron dadas de alta y 32 perdieron la vida. La última persona en fallecer fue Tiffany Oddet Cano González, de 16 años de edad. Su padre también murió como consecuencia de la explosión.
📢 Actualización sobre el incidente en #Iztapalapa ❗️
🕊️ Hoy se reporta un lamentable fallecimiento.
Hasta el momento, 5 personas permanecen hospitalizadas, 47 han sido dadas de alta y 32 han fallecido.
— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) October 22, 2025
Fue hasta enero de 2026 que el equipo de EMEEQUISrecibió una respuesta del INCIFO en el que por fin enviaba los datos de los cuerpos ingresados en septiembre de 2026. En la tabla de Excel, 10 cuerpos corresponden a las descripciones de lugar y tipo de muerte (quemaduras) del día de la explosión, pero, irregularmente y a más de cinco meses, poseen errores de registro, cambiando en varios casos la fecha de deceso, un día antes de la explosión.
Tabla con los errores de registro del INCIFO.
Estos 10 perfiles murieron dentro de la zona afectada y a causa de quemaduras. Su deceso fue registrado bajo la etiqueta “Accidentes en la vía pública”
De este total, seis difieren de la lista del gobierno de la Ciudad de México por los siguientes campos: edad, sexo (género) u hospital donde ocurrió el deceso, de tal forma que su perfil no coincide con el de otros fallecidos registrados por las instituciones capitalinas.
De acuerdo con los datos proporcionados por INCIFO se trata de 2 mujeres fallecidas y 4 hombres. Las edades varían de los 28 a los 51 años.
El INCIFO, a diferencia de los muertos publicados por la CDMX, no presenta nombres de los fallecidos o iniciales. Según la información del instituto, todos los cuerpos fueron entregados “a persona acreditada oficialmente” y cuentan con estatus de “identificado”.
Al sumar estos seis muertos más, el saldo final de la explosión de Iztapalapa es de al menos 38 fallecidos.
EMEEQUIS CONTRA LA NARRATIVA DE LA FISCALÍA DE LA CDMX
Tras el explosión del 10 de septiembre, al presentar los primeros peritajes, la Fiscalía General de Justicia apuntó, antes de terminar la investigación, que el responsable del accidente fue el chófer de la pipa, Fernando Soto Munguía, quien no pudo dar declaración ya que se encontraba en estado crítico por las quemaduras. Murió días después.
Sin embargo, el 18 de septiembre EMEEQUISpublicó un video captado apenas 37 segundos antes de la explosión, donde se observa a la pipa circular a una velocidad normal. La respuesta desde la presidencia fue negar la información: a través de la sección Detector de Mentiras, se buscó desmentir el material alegando que “ese no era el lugar de los hechos”, ignorando que la nota aclaraba explícitamente que se trataba de los momentos previos al percance.
Luego de que EMEEQUIS publicara el reportaje La Concordia en Iztapalapa: 38 accidentes en seis años en el que se reveló el patrón de accidentes de la zona, la FGJ de la CDMX modificó su versión oficial en conferencia de prensa: anteriormente sostenía que la pipa circulaba a casi 50 kilómetros por hora, pero, en un nuevo giro, la fiscal Bertha Alcalde Luján reconoció que el vehículo iba entre 44 y 46 kilómetros por hora.
Más tarde, ante las solicitudes de transparencia enviadas por EMEEQUIS para poder acceder a los videos del C5 del día de la explosión, la Fiscalía decidió reservar por tres años cualquier material del caso. El equipo de esta casa editorial publicó un reportaje denunciando la situación.
En conferencia de prensa el 7 de octubre, la fiscal Alcalde negó que se buscara esconder información, argumentando que EMEEQUIShabía solicitado los videos “con dolo”.
Pese a estas evidencias mostradas por el medio, la Fiscalía concluyó en conferencia de prensa el 10 de octubre que la culpa recaía en la pericia del chofer y que la responsabilidad financiera del desastre era de la empresa gasera. Sin embargo, el equipo de EMEEQUIS cuestionó expresamente a la fiscal sobre si hubo un estudio del historial de accidentes en el Distribuidor Vial de La Concordia durante los peritajes.
La fiscal evadió dar una respuesta: “Se hacía mención de si se hicieron investigación de sucesos anteriores, y de aquí menciono el tema de la importancia de las acciones que se van a realizar, dependientes del proceso penal, las acciones de no repetición, por eso creemos que es tan importante tener claridad, no sólo de las causas, inmediatas, sino mediatas y creo que es muy importante, ahora se están haciendo reformas en relación a la regulación, se podrían hacer preguntas de deben los vehículos circular a tal velocidad, deben de circular en este tipo de vías, preguntas que se deben hacer en otro hábito”.
A la fecha, la fiscalía sostiene su versión, mientras el caso sigue plagado de opacidad.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
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