La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
La Oficina de la Presidencia mantiene sin publicar contratos que amparan gastos realizados en AMLOfest 2021. Se le denunció por incumplimiento a sus obligaciones de transparencia ante el INAI y este 17 de marzo se les vencía el plazo para responder. Ya antes EMEEQUIS había consignado irregularidades en asignación de contratos para eventos de AMLO.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
EMEEQUIS.–El INAI admite trámite, por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, contra la Oficina de la Presidencia, por no informar a quién contrató por más de 5 millones de pesos para el AMLOfest 2021.
La Oficina de la Presidencia de la República mantiene sin publicar los contratos que amparan los gastos realizados en el AMLOfest 2021: fue omisa a su obligación, de acuerdo a la Ley de Transparencia, de registrar y hacer públicas las erogaciones de los contratos de la administración pública en cuanto a las compras y adquisiciones de bienes y servicios por adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas o licitación pública.
Esto en lo que tiene que ver con los gastos derivados del acto público y masivo convocado por el presidente de la República conocido como AMLOfest.
Ante la falta de información sobre los gastos realizados para llevar a cabo las celebraciones, que el presidente calificó como “una fiesta cívica y combativa” en la invitación que realizó por la red social YouTube, se efectuaron las consultas a la Presidencia mediante la plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En dicha plataforma se informó, el 28 de enero de 2022, que se erogaron 5 millones 318 mil pesos por el concepto “Servicio Integral para la organización del evento denominado mensaje a la nación 3 años de Gobierno 2018- 2021”, realizado el 1 de diciembre de 2021.
La respuesta de la Presidencia no incluyó a las empresas a quienes se les realizó la contratación del servicio, por lo que el 7 de febrero se llevó a cabo la consulta respectiva marcada con el folio 331000122000194, la cual debió ser respondida como máximo el pasado 7 de marzo.
Sin embargo, Juan Carlos Guerrero Torres, director de Análisis Jurídico y Gestión Documental de la oficina del presidente, contestó mediante oficio que “la información requerida aún se encuentra en proceso de búsqueda e identificación por parte del área correspondiente; por lo que se solicita ampliación del plazo”, con lo que solicitó una prórroga de 15 días para localizar la información omitida.
De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la fracción XXVIII del artículo 70, se establece la obligación de publicar los contratos derivados de las erogaciones por adjudicaciones directas.
Pero la información que se encuentra registrada en la plataforma NO contiene los datos que se relacionan con los gastos que la Oficina de la Presidencia admite haber realizado por un monto de 5 millones 318 mil pesos.
Debido a esto fue presentada una denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, en poder de EMEEQUIS, en la que el INAI, a través del expediente DIT 0264/2022, admite el trámite respectivo y le da tres días hábiles a la Oficina de la Presidencia para informar lo omitido, mismos que se cumplen este 17 de marzo.
El monto erogado: 5 millones 318 mil pesos.
Presidencia seguía buscando los datos.
El plazo para que Presidencia responda se vencía este 17 de diciembre.
¿“EL CHECADOR” SE REPITE?
La negativa a informar por parte de la oficina de Andrés Manuel López Obrador cobra relevancia después del reportaje publicado en octubre del año pasado por EMEEQUIS (El “Checador” tras las empresas fantasma de los eventos del presidente), en el que se expusieron las irregularidades en los contratos que esta dependencia había otorgado de manera directa, desde el inicio de la administración, a favor de Yazmín Adriana Bolaños López, para la organización de las ceremonias del Grito de Independencia, ceremonias luctuosas y los “informes” del presidente.
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La investigación dejó al descubierto la existencia de al menos dos empresas relacionadas entre sí, que no tienen oficinas al público, ni la infraestructura necesaria para prestar los servicios de la envergadura de los que realiza la Oficina del presidente.
Despachan a través de dos bodegas en la colonia Obrera, con correos electrónicos y números telefónicos comunes, configurándose el comportamiento típico de las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), conocidas coloquialmente como “empresas fantasma”.
La segunda empresa identificada en esta red de adjudicaciones poco claras está registrada bajo la razón social “Kit Wear de México SA de CV”. Ambas comparten relación con un checador de tiempos, empleado de la delegación Cuauhtémoc, de nombre Héctor Francisco Flores Marín, quien desde hace años presta servicios de organización de eventos con diferentes personas y razones sociales, al partido Morena, la delegación Cuauhtémoc, a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y a la propia Presidencia de la República.
Tanto el presidente como la jefa de Gobierno se comprometieron desde el año pasado a realizar las investigaciones de los casos, pero hasta el momento no ha habido avances ni comentarios al respecto.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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