La decisión de la jueza Azucena Lazalde Íñiguez de conceder un amparo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, para frenar su extradición a Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de resistencia judicial justo cuando México desafía las presiones internacionales por el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En medio de acusaciones de narcotráfico y homicidio, la resolución refuerza el discurso de soberanía impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que el país no aceptará subordinación sin pruebas irrefutables, marcando un punto de inflexión entre la independencia judicial mexicana y las exigencias de Washington
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