Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Regidora del mono Araña complicó su caso al mentir a PROFEPA
El caso de la regidora de Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, exhibe un grave ejemplo de posesión ilegal de fauna silvestre y posible tráfico de especies en peligro de extinción. Tras viralizarse un video donde golpea a un mono araña, la funcionaria negó ser la propietaria del animal, pero imágenes y publicaciones previas la contradicen. Expertos advierten que al mentir a la Profepa agravó su situación jurídica, pasando de una infracción administrativa a posibles delitos federales de posesión, transporte y tráfico de fauna silvestre, con penas que podrían alcanzar hasta nueve años de prisión. El caso, que involucra a un animal catalogado en peligro de extinción, refleja tanto la impunidad con la que operan servidores públicos como las fallas estructurales en la vigilancia ambiental en México.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.– La regidora de Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, no solo habría incurrido en posesión ilegal de fauna silvestre al tener una cría de mono araña, sino que agravó su situación jurídica al mentir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), advirtió Lucía Hernández, divulgadora científica del portal Amo la Ciencia.
Tras hacerse viral un video de la regidora dándole de manotazos al animal, la servidora negó ser la posesionaria del animal o conocer al responsable, sin embargo, EMEEQUIS y activistas mostraron imágenes y videos de la regidora con el animal.
El material fue obtenido de cuentas de Villarruel y familiares, mismas que posteriormente fueron eliminadas o restringidas.
En entrevista, Hernández señaló que no existe ningún permiso excepcional para tener primates como mascotas, y que los únicos autorizados son las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) con fines de rehabilitación, las cuales son escasas.
La especialista explicó que el caso se vuelve más grave porque la funcionaria negó conocer al animal, pese a que existen fotos y videos donde aparece con el mono desde 2025, incluso junto a su hijo manipulándolo.
“Mintió públicamente y también a los inspectores de Profepa. Eso complica muchísimo su caso. Pasó de una simple posesión ilegal a posibles delitos de tráfico de especies y ocultamiento de evidencia”, dijo.
Hernández señaló que la regidora eliminó publicaciones donde aparecía con el primate, lo que podría derivar en peritajes forenses digitales para recuperar la información borrada.
De acuerdo con la divulgadora, el caso ya es materia de competencia federal y debería intervenir la Fiscalía General de la República (FGR).
“Esto ya no es solo un tema estatal. Es un delito federal. La Fiscalía de Jalisco solo podría coadyuvar, pero quien debe llevar el caso es la FGR”, explicó.
También advirtió que el traslado del animal entre domicilios, si fue llevado con el hijo de la funcionaria, pues por el momento se desconoce la ubicación del primate debido a que la funcionaria lo negó, constituye otro delito, ya que el transporte de especies protegidas sin permiso también es sancionable.
TRANSPORTE, POSESIÓN Y COMPRA: TRES DELITOS DISTINTOS
La experta detalló que en el caso podrían configurarse varios delitos:
Posesión ilegal de fauna silvestre.
Transporte ilegal de especies protegidas.
Tráfico o compra ilegal de fauna silvestre.
Sobre las penas, señaló que pueden alcanzar hasta alrededor de nueve años de prisión o más, dependiendo del grado de participación y pruebas.
Además, recordó que hay imágenes donde la regidora aparece con boas y otras serpientes en eventos públicos, lo que podría implicar más irregularidades si no se acredita su origen legal.
PROFEPA Y SEMARNAT, ENTRAN CUANDO EL ANIMAL YA ESTÁ MUERTO O TRAFICADO
Hernández criticó el papel de Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señalando fallas estructurales en la vigilancia de especies en peligro de extinción.
“Una cría fue sustraída de su madre en algún punto del país y nadie se dio cuenta. No hay monitoreo real de las poblaciones silvestres. Profepa entra cuando el animal ya está muerto o traficado”, acusó.
También criticó la falta de actualización de bases de datos ambientales y la ausencia de estudios de campo por falta de presupuesto y prioridad política.
El caso de la regidora de Ocotlán ha acaparado los reflectores debido a que una servidora pública le mintió a las autoridades sobre el tráfico de fauna silvestre, en un país donde el mono araña está catalogado en peligro de extinción y protegido por acuerdos internacionales.
EMEEQUIS intentó conocer la postura de Mariana Boy, titular de la Profepa, esto después de que en medios trascendiera el comunicado en el que la regidora de Movimiento Ciudadano desconociera al animal y medios como EMEEQUIS y la activista Hernandez publicaran imágenes y videos de la servidora con el animal almeno desde el 2025.
Mientras el paradero del animal sigue siendo desconocido, el expediente podría escalar a nivel federal.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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