Fiscalía da por muerto al abogado David Cohen y luego rectifica: está grave. "Lamentamos cualquier confusión que esta situación haya podido generar”.
“Consideramos que la regulación propuesta, sobre todo en el Código Fiscal, va más allá de lo que debería contemplar una regla de fiscalización de contribuyentes”, afirma la experta Diana Juárez Martínez en entrevista.
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“Consideramos que la regulación propuesta, sobre todo en el Código Fiscal, va más allá de lo que debería contemplar una regla de fiscalización de contribuyentes”, afirma la experta Diana Juárez Martínez en entrevista.
Fiscalía da por muerto al abogado David Cohen y luego rectifica: está grave. "Lamentamos cualquier confusión que esta situación haya podido generar”.
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Este martes comienza la discusión de las reformas al Código Fiscal en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.
EMEEQUIS.– Los derechos de los negocios digitales podrían estar en peligro. Esto ante las modificaciones al Código Fiscal de la Federación que el gobierno impulsará para el ejercicio fiscal 2026 y que podrían anular la protección de datos personales de usuarios.
Este martes comienza la discusión de las reformas al Código Fiscal en la Cámara de Diputados y existe el riesgo de aprobación fast track como ha sucedido en otras iniciativas.
La reforma busca que las plataformas digitales no residentes paguen la retención y recaudación de impuesto sobre la renta (ISR) y del IVA a las personas morales que realicen operaciones a través de ellas.
Ante esto, el Grupo de Práctica Fiscal de Baker McKenzie, una firma internacional de abogados que trabaja estrechamente con una amplia gama de plataformas digitales y asociaciones industriales, mandó una carta al Poder Legislativo, argumentando que estas nuevas disposiciones exceden “las normas y principios internacionales sobre mecanismos de recaudación aplicables a plataformas digitales no residentes”.
Diana Juárez Martínez, representante de Baker McKenzie, explica en entrevista para EMEEQUIS las implicaciones de esta reforma:
“Nosotros lo vemos principalmente desde el punto de vista de las plataformas digitales; consideramos que la regulación propuesta, sobre todo en el Código Fiscal, va más allá de lo que debería contemplar una regla de fiscalización de contribuyentes”, afirma.
Señala que se está “solicitando acceso a los sistemas y registros de las plataformas digitales que operan en México, ya sean nacionales o extranjeras; considero que este acceso, tal como está planteado, es demasiado amplio y podría violar diversas disposiciones, tanto locales, como la Ley de Protección de Datos Personales, como constitucionales e incluso tratados internacionales”.
“La redacción actual del artículo 30-B es preocupante, así como la forma en que se plantea su aplicación. Además, se propone extender el esquema de retenciones de las plataformas digitales intermediarias, que actualmente aplican a personas físicas, también a personas morales”.
Menciona que estas plataformas, aún sin tener presencia física en México, ya están sujetas al régimen de servicios digitales para efectos del IVA y a múltiples obligaciones fiscales.
“La ampliación de este esquema generaría cargas administrativas importantes, tanto para las plataformas como para las personas morales que ya cumplen con sus obligaciones en México. En consecuencia, esto podría tener un impacto negativo no solo en las plataformas, sino también en sus usuarios, al complicar un modelo de negocios que se caracteriza justamente por su simplicidad y eficiencia en el entorno digital”, agrega.
Además, aunque no afectaría directamente a los pequeños y medianos negocios, sí afectaría a las retenciones: “Tal como se plantea, serían del 4% sobre ISR y del 8% sobre IVA. En el caso del ISR, esa tasa nos parece elevada y podría afectar su flujo de efectivo”.
Para ella, el impacto no será inmediato, pero a largo plazo sí puede afectar “su liquidez, ya que muchos de estos negocios cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales; al someterlos a un esquema de retenciones, podrían terminar pagando más impuestos de los que realmente les corresponden. Eso generaría saldos a favor que tendrían que solicitar en devolución al SAT, un proceso que, como sabemos, suele ser complejo y tardado”.
Ella cuestiona que aunque el gobierno busca aumentar la recaudación “y atender ciertas inconsistencias detectadas en el cumplimiento de algunos contribuyentes, me parece que hay otras formas de resolverlo, sin imponer más obligaciones a empresas que no tienen presencia en México”.
“La fiscalización es responsabilidad del gobierno mexicano, no de las empresas. No tendría sentido trasladarles más cargas administrativas o de verificación”, sentencia.
El camino adecuado, según analiza, es fortalecer las medidas de fiscalización sobre los contribuyentes en México: “Si el problema está relacionado con las plataformas digitales, y se ha detectado que algunas personas físicas utilizan RFC de personas morales para evadir retenciones, entonces habría que implementar mecanismos más eficientes para verificar la identidad de los contribuyentes”, y no generar una vigilancia injustificada sobre las plataformas digitales.
Los diputados federales tienen hasta el 20 de octubre para aprobar los cambios, mientras que el proceso en el Senado de la República tiene que quedar antes del 31 de octubre, con el peligro de que esta reforma pueda aprobarse de forma exprés o como comúnmente se conoce, fast track. Además, existe cierto recelo de que esta ley pueda dar datos sensibles de los usuarios a la Agencia de Transformación Digital, dirigida por José Antonio Merino.
Este martes, la discusión llegará a la Cámara de Diputados para la modificación del Código Fiscal de la Federación. Ya que estos cambios afectan la recaudación de impuestos, tienen que verse reflejados también en la Ley de Ingresos, ya que esta se encarga de proyectar la forma en la que el gobierno recibirá dinero de los contribuyentes.
@Ciudadelblues
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“Consideramos que la regulación propuesta, sobre todo en el Código Fiscal, va más allá de lo que debería contemplar una regla de fiscalización de contribuyentes”, afirma la experta Diana Juárez Martínez en entrevista.
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Rocio Nahle canceló el seguro de desastres que tenía Veracruz para hacer su propia aseguradora, pero no la fondeó y no tiene registro en la CNSF, por lo cual no puede operar, justo cuando se avecina la reconstrucción.
