“La violencia vicaria va muy de la mano de la violencia institucional”

EMEEQUIS.– Fueron tres días sin recibir comida ni agua para la abogada Blanca Paredes. Se puso en huelga de hambre para exigir justicia y apoyo de las autoridades de Jalisco por la violencia vicaria a la que se enfrentan ella y decenas de mujeres en la entidad. 

El viernes 14 de octubre comenzó una huelga de hambre a las afueras de la Casa Jalisco, donde trabaja el gobernador Enrique Alfaro, quien, hasta después de 70 horas, se acercó a ella para escuchar sus peticiones. 

“Mi proceso no avanza. Me muevo de domicilio a cada rato, me persiguen, me amenazan. Si el estado me da medidas de protección y les digo mi nuevo domicilio, a los pocos días me llegan flores con amenazas de muerte”, cuenta la abogada feminista en entrevista con EMEEQUIS. 

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Ha rechazado recibir medidas de protección del estado porque filtraron sus datos personales al agresor. Afirma que la Fiscalía y el Poder Judicial han permitido que su expareja, José de Jesús Covarrubias Dueñas, se mantenga prófugo de la justicia desde febrero cuando se le giró una órden de aprehensión. 

Asegura que son influencias de personas poderosas en el estado de Jalisco, los que mantienen al agresor en libertad, pues se desempeñó como magistrado del Poder Judicial de la Federación y del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco hasta que fue desaforado a inicio de año. 

José de Jesús Covarrubias es acusado de abuso sexual infantil y corrupción de menores en agravio de una joven de 15 años, sobrina de Blanca Paredes, a quien habría violentado sexualmente. Además de mantener una serie de demandas infundadas contra Blanca en busca de quitarle la patria potestad de sus hijos, acciones enlistadas dentro de la violencia vicaria. 

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“Él me tenía amenazada si yo entregaba los videos a la Fiscalía donde él comete abuso sexual infantil y corrupción de menores”, dice Blanca, quien le exigió al gobernador de Jalisco legislar entorno a la violencia vicaria y apresurar los casos de ella y sus compañeras, que temen por su vida o la de sus hijas e hijos. 

Blanca fue atendida por la Cruz Roja. 

LA DEMORA Y OMISIÓN DE ALFARO

Cubiertas con algunas frazadas y recostadas sobre el piso en la entrada de Casa Jalisco fue como Blanca y otras mujeres de la Colectiva Madre Yo Si te Creo pasaron el fin de semana, en espera del gobernador Enrique Alfaro. 

Durante las 70 horas de huelga de hambre, se acercó personal de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco y algunos paramédicos de la Cruz Roja para verificar su estado de salud. Deshidratación y desequilibrio en los niveles de glucosa fue el diagnóstico que se mantuvo hasta que fueron atendidas por Alfaro. Después Blanca fue a recuperarse a un hospital.

“Hasta donde estuve consciente, le hice la petición de que revisara a los titulares de los poderes del Estado”, afirma que trabajan en contubernio personal de la Fiscalía y el Poder Judicial para beneficiar a los agresores y demorar la impartición de justicia en casos de violencia de género. “La violencia vicaria va muy de la mano de la violencia institucional”, asegura, 

Blanca trabaja en Ciudad Judicial y ha podido ver desde adentro, como abogada y víctima, la manera en la que actúan los funcionarios, incluso ha denunciado a jueces y magistrados que son sus jefes, funcionarios públicos que cometen delitos y actos de corrupción, “el resultado es que no les hacen nada. Tenemos una Fiscalía de papel”. 

El diálogo de Blanca con el gobernador Alfaro. 

“Le dije que el estado ya nos había fallado en cuanto a derecho, protección, seguridad, impartición de justicia; pero que me diera su palabra de gobernador. Él aceptó, dio su palabra y dijo que íbamos a revisarlo. Yo espero que no sean simples palabras y que el desgaste al menos, valga la pena”, explica Blanca Paredes a EMEEQUIS, tras su proceso de recuperación y atención médica. 

Enrique Alfaro se comprometió con Blanca de que sería atendida por el secretario de gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, para revisar los casos de las mujeres que se enfrentan a este tipo de violencia, pero él refirió que “lo iba a revisar, pero no podía injerir” en órganos autónomos como el Poder Judicial. 

“Yo le pedí que revisara los expedientes de mis compañeras. Que teníamos la razón jurídica, pero no el poder político, ni económico para alcanzar la justicia”. 

Se levantó la huelga, y ella fue atendida de emergencia en el hospital. Esperará algunos días a que el gobernador emita acciones para detener la violencia vicaria, de no ser de esta manera, la colectiva volverá a tomar el espacio. 

“Hemos sido víctimas de tantas violaciones que, no es que hayamos perdido el miedo, pero nos ha hecho actuar. Tomar el impulso para que esto sea un movimiento nacional”, explica. 

LA DESTRUCCIÓN DE LA VIOLENCIA VICARIA

Tardó tiempo para que Blanca Paredes se asumiera como víctima de violencia de género: sexual, económica, psicológica y también de violencia vicaria. 

“Su corona es tan grande que yo sentía, entre tanto procedimiento, que me estaban aplastando”, la abogada refiere que el Poder Judicial ha jugado en favor del agresor pero contra de ella. 

El agresor y sus familiares han interpuesto denuncias con ella, con el fin de retrasar el proceso. “De víctimas nos convierten en victimarias”, una circunstancia común para las mujeres afectadas por la violencia vicaria, donde también se utiliza a los hijos para violentar a las madres. 

“Cuando yo lo denuncié salieron más de 64 víctimas de él, pero no se atreven a dar denuncias formales o dar la cara, porque pasa como en mi caso, que se echan encima a las autoridades y uno anda huyendo”.

José de Jesús Covarrubias presumía ser amigo del gobernador Enrique Alfaro, del presidente del Poder Judicial, y tener las influencias que, prácticamente, lo han mantenido intocable. En ocho meses prófugo se le ha visto en Guadalajara, Manzanillo y Cancún. 

“Lo protegen funcionarios de altos cargos públicos, lo tienen en sus departamentos. Él se mueve como si nada en la ciudad, la gente lo mira, pero la Fiscalía no puede capturarlo”. 

Como su caso, decenas de situaciones se repiten a causa de vacíos legales y falta de regulación; donde aún se permite violentar jurídicamente a mujeres con denuncias falsas, para perder la patria potestad de sus hijos, o evitar que estos sean alejados de un padre violento. 

La Colectiva Madre Yo Si te Creo está formada por más de 100 mujeres en la misma circunstancia; pero a nivel nacional suman más de 2 mil 400 casos.  “Si se legisla saldrán muchos más, muchas no dan su testimonio por miedo a que las maten”, refiere la abogada y activista, Blanca Paredes. 

Hasta el momento son ocho estados del país donde se ha aprobado incluir la Ley Vicaria, para evitar la violencia por sustracción de menores. Se trata de Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Hidalgo, Puebla, Yucatán y el Estado de México. 

A su agresor se le ha visto libre y campante por Guadalajara, Manzanillo y Cancún. Foto: El Informador.

En otros 24 estados se han presentado iniciativas que aún están pendientes, como en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí, entidades donde se registra el mayor número de casos por este tipo de agresiones, de acuerdo con el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria. 

Por la forma en la que operan las autoridades, las madres de Jalisco están convencidas de que los cambios deben darse también al interior de las dependencias de justicia, para que sean sancionadas si trabajan en contubernio con los agresores. 

“Un agresor nunca podrá ser un buen padre, pero también un gobernante, un fiscal, un encargado de seguridad, un juez, magistrado o impartidor de Justicia, una Comisión de Derechos Humanos jamás podrán ser buenos gobernantes si no son sensibles. No hay sensibilidad por estos gobernantes”, afirma la abogada. 

@GloriaPE_

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