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Este convenio es uno de los más amplios que el Instituto Aspen ha firmado en México con alguna entidad o demarcación.
El suicidio de Milo Poveda Gervassi, hijo de una madre víctima de violencia vicaria, causó indignación en un grupo de 17 mujeres que luchan por la custodia de sus hijos. A pesar de las acusaciones contra el juez Juan Miguel Morales Monter, quien les quitó la guarda de sus menores a favor de los agresores, este sigue en su camino hacia un cargo de magistrado. Las madres exigen justicia tras años de abuso judicial.
Este convenio es uno de los más amplios que el Instituto Aspen ha firmado en México con alguna entidad o demarcación.
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EMEEQUIS.- Eran casi las 4 de la mañana cuando varias madres, víctimas de violencia vicaria, recibieron la noticia. Milo Poveda Gervassi, hijo de una de sus compañeras, Bere Gervassi, se había suicidado.
A Milo lo dejaron a cargo de su padre. Bere peleó la custodia del menor y de sus otros hijos, acusando a su ex pareja de violencia. Sin embargo, el juez Juan Miguel Morales Monter se inclinó por el presunto agresor. Morales, quien fuera juez quinto de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es acusado por un colectivo de 17 madres de perjudicar sistemáticamente a víctimas de violencia vicaria.
Por si fuera poco, Morales Monter es candidato a magistrado en estas elecciones para ocupar puestos en el Poder Judicial. Según el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se está postulando a un juzgado 24 de lo familiar. Su nombre aparece en la lista disponible en el IECM a través del siguiente enlace: https://www.iecm.mx/listados-de-las-candidaturas-a-los-cargos-que-se-elegiran-en-el-proceso-electoral-local-extraordinario-del-poder-judicial-de-la-ciudad-de-mexico-2024-2025/
En entrevista para EMEEQUIS, otra de sus víctimas, Maha Schekaibán, narra cómo se desarrolló el caso de la madre de Milo y la lucha de un grupo de madres que buscan justicia contra la violencia de género.
“Tenemos una queja contra este juez, porque es el mismo modus operandi, te da la guarda y custodia, pero luego, como los agresores le pagan para poder cambiarla, usan a la fiscalía. Nos inventan carpetas”, expresa.
Ella menciona que los abogados de la firma Coello Trejo & Asociados está coludida con el juez Morales para garantizar la impunidad de los agresores de violencia vicaria: “Son los que están con el violentador, el abusador. Le arman todo esto y hacen que el juez le quite la guarda y custodia a la madre y se la entregue a este violentador. Ella (Gervassi) llevaba 5 o 10 años peleando por la guarda y custodia de sus hijos”. EMEEQUIS buscó contactar a la firma y al propio Morales Monter, sin éxito.
“Hoy, a las 3:57 de la mañana nos llegó un mensaje de WhatsApp en un grupo que tenemos de las víctimas de este juez de lo familiar, Juan Miguel Morales Monter, que estaba en el Juzgado Quinto de lo Familiar y apenas hace un par de meses lo cambiaron a un juzgado oral, también de lo familiar”.
En ese mensaje les avisaron que Milo se había quitado la vida: “Es inaceptable que este señor, Miguel Morales Monter, y toda su gente siguiera violentando los derechos de todas estas madres, llegando al punto de que su hijo se quitó la vida. Que ya no podíamos seguir así, que tenía que haber justicia”.
La noticia ha causado revuelo en todas las madres de este grupo de sobrevivientes de la violencia vicaria: “Somos 17 mamás, madres que tenemos una queja colectiva contra este mismo juez, Juan Miguel Morales Monter, porque nos arrebató la guarda y custodia de nuestros hijos y se la entregó a los agresores. Es conocido en los juzgados por vender las guardas y custodias a los padres violentadores. Incluso, cuando metimos esta queja al Consejo de la Judicatura, nos enteramos de que hay cientos de víctimas de este juez, y el Consejo de la Judicatura lo protege, así como el magistrado Rafael Guerra, que sabe perfectamente todas las cochinadas que hace Juan Miguel Morales Monter y no lo detiene”.
Maha Schekaibán cuenta su experiencia con la forma de juzgar de Miguel Morales Monter: “Te lo puedo decir por experiencia propia: saben perfectamente todas las irregularidades que ha habido en mi caso y no se ha hecho nada al respecto”.
“Imagínate el enojo que siento de que este juez me quitó a mis cinco hijos y se los entregó a su violentador, que me fabricó carpetas en la fiscalía. Me hicieron un operativo, vinieron y se llevaron a mis hijos sin seguir ningún protocolo, por instrucciones del papá y el abuelo paterno, mis hijos Bernardo y Guillermo Vogel”, explica.
Menciona que sus hijos fueron llevados a la Agencia del Ministerio Público 59: “Donde fueron maltratados y extorsionados para que el papá pagara más. Se dice que pagó 100 mil pesos por cada uno de los niños para meterlos a ese albergue y hacer este secuestro legal, en colusión con Rosalba Barrera, la fiscal de Violencia Familiar en la fiscalía, que sigue operando ahí”.
Narra que le metieron medidas cautelares “donde no me puedo ni acercar ni comunicarme con mis hijos, porque de hacerlo me meten a la cárcel, y tengo que ir a firmar cada mes como si fuera una criminal”.
Ella ha interpuesto carpetas contra él por golpearla y por la propia violencia vicaria, pero estas no han avanzado. Para ella, su preocupación es la salud mental de sus hijos, ya que no han sido llevados a sus terapias desde agosto: “El juez lo está exigiendo, pero no los lleva, porque si los lleva van a decir la verdad de todas las mentiras que les hizo decir y hacer para que me los quitaran y me acusaran de violenta”.
“¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuántas más muertes tiene que haber, cuántos feminicidios más, para que nos hagan caso, para que se haga justicia, para que el Consejo de la Judicatura y el presidente del tribunal dejen de apoyar a este tipo de jueces que venden estas resoluciones?”
La entrevistada menciona que, actualmente, Miguel Morales Monter fue cambiado de su puesto: “El juez que está de interino, en mi caso, está haciendo las cosas conforme a derecho. Pero destrabar un proceso que estuvo plagado de irregularidades por meses y retrasos para que no pudiera acercarme a mis hijos tarda muchos meses”.
Ella lleva un año y dos meses sin poder ver o hablar con sus hijos: “En los que mi agresor ha incumplido con todas las órdenes judiciales que podrían haber permitido algún acercamiento mío con ellos, para después ponerme medidas cautelares en lo penal. Una perversidad espantosa”.
La víctima destaca que en los procesos de violencia vicaria, los agresores contratan abogados agresivos y sin escrúpulos, dispuestos a corromper a cualquier autoridad para quitarles a sus hijos: “Para castigarnos, someternos”, con el fin de orillar a las madres a una crisis emocional en la que no tengan “ni siquiera recursos para defendernos”.
@Ciudadelblues
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