Exfuncionaria de PGJ-CDMX, a cuentas por revictimizar a Lesvy Berlín en redes

EMEEQUIS.– Las violencias se sumaron. Primero fue la feminicida. Jorge Luis González le arrebató la vida a Lesvy Berlín el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria.   Inmediatamente después comenzó la institucional. Las autoridades encargadas de investigar la muerte de la joven, la criminalizaron filtrando información desde Twitter en su cuenta oficial de gobierno.

La vida privada de la joven estudiante, basada únicamente en el testimonio de su feminicida, fue filtrada mediante mensajes difundidos en las redes sociales de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

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Los datos incluían el nivel de estudios de Lesvy y las acciones que supuestamente había realizado la joven antes de su muerte. Los mensajes se difundieron desde las redes sociales institucionales. 

La PGJ hizo pública información sensible, y no verificada, sobre ella y su círculo social, y ésta a su vez, se retomó en medios de comunicación y comenzaron los juicios y revictimización que, parecía trataban de justificar su fallecimiento. 

“Utilizaron el testimonio del feminicida para criminalizar a Lesvy mediante esos tuits”, cuenta en entrevista con EMEEQUIS Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio. 

Describe que se trató de “un daño que se hizo sobre otro daño”, porque justo cuando la familia se enteró de la muerte de la joven de 22 años, se comenzaron a difundir datos en redes sociales que juzgaron y violentaron la memoria de su hija.  

Cuenta que uno de los golpes más fuertes para la familia, además de saber que Lesvy había muerto fue “recibir información de que hay una nota publicada con los datos de mi hija circulando en las redes y una fotografía filtrada de la carpeta de investigación”. Los datos llegaron antes a la prensa que la familia. 

“Los estragos que causa son profundos. En ese momento nosotros no podíamos combatirlos, nosotros estábamos intentando recuperar el cuerpo de mi hija. No tuvimos oportunidad de defenderla todo ese tiempo”, relata Araceli Osorio. 

Por revictimizar y estigmatizar a la víctima de feminicidio a través de esos tuis, María Elena “N”, exdirectora de Comunicación Social en 2017 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, sería juzgada por el delito de uso ilegal del servicio público. 

Se trata de la primera vez que un servidor público es llevado a la justicia por mal tratamiento de la información oficial en un caso de feminicidio y violencia de género, ya que además constituyó una violación de derechos humanos. La familia de Lesvy Berlín pide no impunidad ni repetición en otros casos.  

PARTEAGUAS PARA JUZGAR A FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Llevar a la justicia a servidores públicos no es común, y menos cuando se trata de violación a derechos humanos o estigmatización en casos de violencia de género. El caso de Lesvy Berlín vuelve a marcar precedente para otros hechos de violencia contra las mujeres. 

La recomendación 01/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que la actuación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por el feminicidio de Lesvy se hizo con falta de debida diligencia y en negligencia de atención para sus familiares. Además del uso ilegal de atribuciones por difundir información que juzgó la integridad de la víctima.

Fueron actos estigmatizantes que se dieron desde una cuenta oficial de gobierno “con la intención de minimizar el hecho, de culpabilizar a Lesvy”, explica Ana Yeli Pérez Garrido, asesora Jurídica del Observatorio Nacional del Feminicidio y parte de la defensa del caso. 

Es la primera vez que se juzga a un funcionario de gobierno por dañar la memoria de una persona tras su fallecimiento. Sin embargo, la familia de Lesvy refiere que es importante evitar que esto ocurra con otras víctimas y que los servidores públicos sepan que hay consecuencias ante violaciones de esta naturaleza.  

“Es la violación al derecho humano a la memoria de la persona fallecida, es algo intangible. Es algo que no puede cuantificarse, no hay antecedentes en el derecho para reparar este tipo de agravios de una manera parcial”, explica Araceli Osorio.  

La defensa afirma que lo emblemático que se juzgue a la exdirectora de Comunicación Social de la PGJ, presunta responsable de la filtración de información, es desalentar la impunidad y sancionar a quienes revictimizan y obstruyen los procesos de justicia en favor de las víctimas. 

“Los delitos relacionados con el servicio público son poco usados. Hay pocos casos que llegan a judicializarse y no hay información sobre cuántos de estos casos corresponden a violaciones a derechos humanos contra mujeres víctimas de violencia”, dice la abogada Ana Yeli Pérez. 

CAMINO HACIA LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO

Este lunes se realizó la audiencia intermedia contra María Elena “N” en el reclusorio de Santa Martha Acatitla. 

Esta audiencia fue el paso previo al juicio oral, antes de dictarse un auto de apertura a juicio, sin embargo, la defensa de la acusada propuso la posibilidad de una salida alterna con la reparación del daño a las víctimas. 

Solicitan que sea el Ministerio Público quien cuantifique el daño causado a la familia y sociedad en general tras la emisión de los tuits revictimizantes y con ello crear un plan de reparación del daño, que contemple la parte económica las víctimas, pero también una garantía de no repetición de las autoridades ante estos casos. 

Al respecto, los abogados de la familia Rivera Osorio reconocen que hay más formas posibles de sanción diferentes al tiempo en prisión para la exfuncionaria, que podría ser de 2 a 5 años de cárcel. 

Afirman que buscarán el apoyo de especialistas y los colectivos feministas de la sociedad civil, entre ellas víctimas y sobrevivientes, para englobar las necesidades de la familia en cuanto a reparación y buscar que estas acciones no vuelvan a ocurrir, ni por medio de las autoridades ni en los medios de comunicación.

“Lo que convoca a estos hechos es el tratamiento de la información y de la violencia contra las mujeres, que no debe hacerse desde la nota nota y sin la perspectiva de derechos humanos y de género”, explica Ana Yeli Pérez, también directora de la organización Justicia Pro Persona.

El siguiente paso podría ser llevar a la justicia a periodistas y medios de comunicación que filtran fotografías o información sensible que afecte los procesos jurídicos de las víctimas, tal como se establece en la Ley Ingrid. 

“Debemos sacar de la nota roja estos temas de violencia de género contra las mujeres. No son crímenes pasionales, no son suicidios. Tenemos que cambiar la forma en que se está comunicando la violencia normalizada”, refiere Araceli Osorio. 

AUTORIDADES QUE CONTINÚAN LA REVICTIMIZACIÓN: CASO LUZ RAQUEL

Sin dar pruebas científicas suficientes, la Fiscalía de Jalisco continúa filtrando información sobre el feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien falleció por quemaduras el 16 de julio de 2022. 

Mediante videos difundidos también en su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía presentó los dictámenes de personal perito en grafoscopía, en los que se sigue culpabilizando a la madre cuidadora de su propia muerte. 

En el caso Luz Raquel también hay revictimización. Foto: Especial.

Los peritos refieren que entre las amenazas pintadas en los muros de la casa de la víctima y la escritura de Luz Raquel “se encontraron suficientes similitudes gráficas para determinar que corresponden al mismo origen gráfico”.

Sin embargo, el Observatorio Nacional del Feminicidio cuestionó los reportes de la Fiscalía y pidió que se evite hacer públicas las investigaciones y diligencias que pueden dañar el proceso y generar una victimización secundaria para la familia de Luz Raquel. 

Piden hacer las suficientes pruebas y estudios con base en perspectiva de género y derechos humanos pues se desconoce su plan metodológico, y realizar declaraciones sobre las investigaciones que aún no han concluido es irresponsable.

“Un solo dictamen no puede permitir el acceso a la verdad y plantear lo que sucedió en los hechos, y mucho menos si se desconoce su metodología y si se apega a estándares técnicos y científicos, pues para ello se requiere la elaboración de un plan metodológico de investigación con perspectiva de género”, refiere el OCNF en un comunicado. 

@GloriaPE_