Personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tomó posesión del edificio del extinto INAI tras la publicación de la nueva Ley de Transparencia en el DOF, que oficializa su desaparición. Los exempleados recibirán una indemnización de tres meses de sueldo más 20 días por año trabajado, pero la recontratación no está garantizada
8M México: Violencia, ciberacoso y aborto, los desafíos urgentes para las mujeres
Grecia Macías critica los vacíos en la Ley Olimpia y la falta de preparación para combatir la violencia digital. María de Luz Estrada resalta la impunidad y procesos judiciales revictimizantes en casos de violencia de género. Ninde Molina señala desigualdades en el acceso al aborto y obstáculos por movimientos antiderechos. Las tres coinciden en que se necesitan reformas legislativas, capacitación institucional y un enfoque integral para garantizar los derechos y seguridad de las mujeres en México
Personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tomó posesión del edificio del extinto INAI tras la publicación de la nueva Ley de Transparencia en el DOF, que oficializa su desaparición. Los exempleados recibirán una indemnización de tres meses de sueldo más 20 días por año trabajado, pero la recontratación no está garantizada
EMEEQUIS.- Los derechos de las mujeres en México se mantienen en una crisis persistente, con diversos frentes de lucha que incluyen la defensa por el derecho a una vida libre de violencia de género, digital y que se protejan siempre sus derechos reproductivos, específicamente en torno al acceso al aborto.
A pesar de los avances legislativos y de políticas públicas en algunas áreas, la implementación de estas leyes y la resistencia cultural siguen obstaculizando un cambio real en la vida de las mujeres. En 2023, México reportó un alarmante aumento en las agresiones hacia mujeres, tanto en el ámbito físico como digital, lo que pone de manifiesto que aún queda mucho por hacer para garantizar la seguridad, autonomía y dignidad de las mujeres en el país.
Este panorama se ve reflejado en cifras preocupantes sobre feminicidios, violencia familiar y ciberacoso, con miles de mujeres afectadas cada año. A la par, el derecho al aborto sigue siendo uno de los temas más polémicos en la agenda política y social del país, con avances en algunos estados pero grandes resistencias en otros.
Al respecto, especialistas en esta materia exploran cómo estas problemáticas afectan de manera directa a las mujeres mexicanas y qué urgencias se deben atender de manera inmediata.
DERECHOS DIGITALES: LUCHA POR LA QUE APENAS COMIENZA
En México persisten grandes vacíos legislativos respecto a la violencia digital, a pesar de que la Ley Olimpia prometía avances en la protección de las mujeres ante la difusión no consentida de contenidos íntimos o sexuales, explica en entrevista con EMEEQUIS, Grecia Macías, abogada especializada en ciberseguridad y derechos digitales.
Además, destaca que la falta de una formación adecuada de las fiscalías para investigar y perseguir estos delitos ha resultado en la falta de sentencias condenatorias. La legislación actual, centrada principalmente en la difusión de contenido sexual sin consentimiento, no aborda otras formas de violencia digital, como el doxxing, el acoso en línea o los discursos de odio que son igualmente perjudiciales para las mujeres, particularmente las que pertenecen a comunidades vulnerables, como la comunidad LGBTIQ+.
La abogada explica que una de las principales fallas de la legislación es la definición limitada del contenido que se considera ilícito.
“Aunque la ley se refiere a contenido íntimo, en la práctica, se enfrentan problemas al tratar de definir qué constituye un desnudo y qué no”, señala pues esto crea brechas que pueden ser explotadas, no solo por los agresores, sino también por movimientos que intentan moralizar y controlar la sexualidad femenina en línea.
Además, Grecia alerta sobre la tendencia de algunos legisladores de aprovechar el tema de la violencia digital para imponer controles excesivos sobre la libertad sexual, como se observa en el uso de términos ambiguos como “contenido erótico”.
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“La legislación también ha sido incompleta al no contemplar las implicaciones de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa, que está siendo utilizada para crear contenido sexual sin consentimiento”, explica.
En este sentido, la abogada critica la dificultad de aplicar la ley penal a los contenidos creados mediante IA, lo que refleja una falta de preparación para abordar los nuevos retos que la tecnología plantea. ¿Cuál es la clave para avanzar? Reformas legislativas que no solo castiguen los delitos, sino que también se enfoque en la prevención y permita que las víctimas accedan a la justicia de una manera más accesible y menos intimidante.
En 2023, de acuerdo con el Inegi, el 20.9% de la población usuaria de internet en México vivió alguna situación de ciberacoso, lo que representa a 18.4 millones de personas.
Las formas más comunes de ciberacoso fueron el contacto mediante identidades falsas (35.9%), mensajes ofensivos (33.3%) y contenido sexual no solicitado (26.0%). Según el INEGI, Durango (28.8%), Oaxaca (25.5%) y Puebla (25.0%) son las entidades con mayor prevalencia de ciberacoso en el país.
VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA CRISIS ESTRUCTURAL QUE NO CESA
Los números sobre violencia de género en México siguen siendo alarmantes. En 2024, se registraron 839 feminicidios, 2,564 homicidios dolosos de mujeres y 67,812 mujeres víctimas de lesiones dolosas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Estas cifras demuestran que la violencia contra las mujeres es una de las principales problemáticas del país, un flagelo que ha tocado a miles de hogares y que continúa en aumento a pesar de las medidas de protección legal.
En entrevista con María de Luz Estrada, activista en derechos humanos y fundadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio destaca que, aunque en papel existen leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la realidad es que muchas veces estas normas no se aplican de manera efectiva.
En gran medida, la falta de capacitación en las fiscalías, la escasa sensibilización en los cuerpos policiales y el desdén institucional hacia las denuncias de mujeres contribuyen a la impunidad. “La impunidad sigue siendo un factor clave”, señaló Estrada, haciendo referencia a que, a pesar de las políticas públicas y de la existencia de leyes como la Ley Olimpia, que busca sancionar el acoso y la violencia digital, los resultados concretos siguen siendo limitados, coincidiendo con Grecia Macías.
Otra de las principales preocupaciones de la activista radica en la forma en que las leyes de violencia de género se aplican puesto que en la práctica, los procesos judiciales a menudo resultan revictimizantes.
“Las víctimas se enfrentan a un sistema que no solo las obliga a pasar por largos y dolorosos trámites judiciales, sino que también las somete a situaciones de intimidación y a una falta de protección efectiva”.
Una de las fallas principales que Estrada subraya es que la violencia de género no es abordada de manera multidisciplinaria, lo que limita las posibilidades de ofrecer soluciones reales a las mujeres que enfrentan violencia.
La falta de refugios adecuados, la escasa oferta de servicios psicológicos y la insuficiencia de las políticas públicas para la prevención del feminicidio son temas pendientes que deben ser atendidos de manera urgente. Para ello, se necesita una revisión profunda del sistema judicial, con reformas legislativas que brinden mayor protección y acceso a la justicia para las mujeres, así como un compromiso real de las autoridades para cambiar el enfoque de las políticas de violencia de género.
“Es vital que existan medidas claras que garanticen no solo la sanción a los agresores, sino la protección efectiva a las víctimas”, enfatizó. Además, sugirió que se implementen reformas legislativas que amplíen el acceso a medidas de protección, así como un enfoque que reconozca la violencia en todas sus formas, ya sea física, psicológica o digital.
EL DERECHO AL ABORTO: ENTRE AVANCES LEGALES Y BRECHAS REGIONALES
El derecho al aborto en México es otro de los grandes pendientes en la agenda de los derechos reproductivos. Aunque en 2023, 22 de las 32 entidades del país permitieron la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, todavía existen estados donde las mujeres no tienen acceso legal a este procedimiento.
Ninde Molina, abogada especialista en derechos reproductivos y directora de AbortistasMx, señala que México se encuentra a la mitad del camino. Una de sus principales preocupaciones está en la escasa implementación de las políticas públicas relacionadas con los derechos reproductivos.
Molina destacó que una de las principales dificultades en el acceso a estos servicios es la falta de información clara y oportuna sobre los derechos reproductivos, tanto para las mujeres como para los profesionales de la salud. La desinformación y el estigma social siguen siendo problemas centrales que impiden que muchas mujeres ejerzan plenamente sus derechos reproductivos.
En su opinión, la capacitación integral en salud sexual y reproductiva para los trabajadores de la salud es fundamental para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y sus opciones reproductivas. Sin embargo, muchas veces, los servicios de salud no están disponibles en las zonas rurales o no son lo suficientemente inclusivos para atender a todas las mujeres, incluidas aquellas de comunidades indígenas, afrodescendientes y LGBTIQ+.
En este sentido, el impacto de los movimientos antiderechos que han ganado terreno en los últimos años y dificultan aún más el acceso a servicios de salud reproductiva. Molina señaló que estos movimientos han utilizado estrategias de desinformación y manipulación para influir en las políticas públicas, creando un ambiente de miedo y confusión alrededor de los derechos reproductivos, sin embargo, aún no han representado una amenaza grave hablando en el retroceso de los derechos, pero hay que estar pendientes:
“No creo que en este sexenio ocurran otros retrocesos, pero sí creo que tenemos que ver lo global para el futuro, o sea, después de este sexenio qué va a pasar y pues estamos viendo una radicalización de la política eh hacia la derecha, ¿no? Lo que pues nos podría significar un retroceso a futuro. También creo que va a ser muy importante ahora con la reforma del Poder Judicial eh ver cómo la corte cuáles van a ser los criterios que la corte decida en el futuro, porque eso, por ejemplo, fue lo que dio el revés en Estados Unidos. Cuando la corte se hizo a la derecha, pues entonces dieron un revés para atrás.
“Ahora estas votaciones pues nos va a tocar que le hacen a personas que crean en los derechos humanos y que ojalá emitan eh este sentencias que sean igual de benéficas como las que la la corte que está ahora ha eh emitido en favor del aborto. O sea, esperamos que la corte siga siendo nuestra aliada, pero vamos a tener que esperar. Digamos que es un panorama incierto”, señaló.
Además, subrayó la importancia de asegurar que el acceso a métodos anticonceptivos, a la educación sexual y a la atención médica post-aborto sea garantizado en todo el país, sin importar el contexto social o económico de las mujeres.
@FridaMendoza_