Análisis

México prohíbe de manera absoluta la fabricación, importación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación. La medida, que entra en vigor este 16 de enero de 2026, contempla sanciones de hasta ocho años de prisión y multas superiores a 234 mil pesos. El gobierno argumenta que busca proteger la salud de jóvenes y adolescentes, mientras la oposición advierte que podría incentivar el mercado ilegal.

Hace un año, especialistas y organizaciones civiles advirtieron que el registro obligatorio de líneas telefónicas representaba graves riesgos para la protección de datos personales. Pese a esas alertas, la reforma fue aprobada por Morena, PT y PVEM. Ahora, tras denuncias por una presunta vulnerabilidad en el portal de Telcel, la bancada de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a autoridades y concesionarios a reforzar la seguridad de la información de los usuarios. La propuesta incluye auditorías, mayores estándares técnicos, campañas informativas y protocolos de cifrado, aunque no tiene carácter vinculante. El caso evidencia que las advertencias iniciales fueron ignoradas y que persisten las preocupaciones sobre la exposición de datos sensibles de millones de mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con extrañamiento a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien calificó de “inaceptables” los avances graduales de México contra el narcotráfico y exigió resultados verificables. Sheinbaum subrayó que ya existen logros concretos: la reducción del 50% en las incautaciones de fentanilo en la frontera estadounidense, el decomiso de 320 toneladas de drogas y la disminución del 40% en homicidios dolosos desde 2024. Además, recordó que la cooperación debe basarse en respeto mutuo y responsabilidad compartida, señalando que Estados Unidos también debe atender su crisis interna de consumo de drogas

La fiscal general Ernestina Godoy retomó la millonaria licitación para el arrendamiento de 2 mil 522 vehículos en la FGR, un proceso iniciado por Alejandro Gertz Manero y suspendido en diciembre pasado. El contrato, valuado en más de 1,100 millones de pesos, contempla un arrendamiento de 36 meses sin opción a compra. Aunque el fallo se ha pospuesto en dos ocasiones, se prevé que la Oficina de la Fiscal General disponga de al menos 26 automóviles, camionetas y motocicletas, mientras la institución destina recursos para cubrir necesidades operativas y administrativas. La licitación, marcada por antecedentes de presunta corrupción, vuelve a colocar bajo la lupa el manejo de recursos en la FGR.