La nominación por parte de Donald Trump del fiscal federal Jay Clayton como próximo director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos representa un severo golpe a la estrategia diplomática de México y al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Este movimiento desarma por completo la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había intentado restar importancia a las investigaciones de narcotráfico y protección política al catalogar a la Fiscalía de Nueva York como "una oficina más"; ahora, el mismo funcionario que lidera el expediente criminal contra la cúpula sinaloense —y que ya propició las entregas voluntarias de sus exsecretarios de Seguridad y Finanzas— se perfila para tomar las riendas de todo el aparato de espionaje y seguridad nacional estadounidense, elevando la crisis de Sinaloa a una prioridad de la Casa Blanca
“¿Por qué lo hice?” Niñas se siguen casando en Baja California, única entidad de México que lo permite
El Código Civil de este estado es el único que contempla “dispensas” al matrimonio con o entre menores de edad. Las cifras del INEGI dan cuenta de casi 4 mil casos recientes.
Para leer en vacaciones: estos fueron los cuatro libros más comentados del 2019
El drama del río más contaminado de México: 10 años bajo el azote de sustancias tóxicas
Las agonías del sueño americano. Tres testimonios de la lucha por un papel
Las despensas de Coahuila. Favorece Riquelme a empresarios cercanos a Peña Nieto
MÁS CONTENIDOS
La nominación por parte de Donald Trump del fiscal federal Jay Clayton como próximo director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos representa un severo golpe a la estrategia diplomática de México y al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Este movimiento desarma por completo la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había intentado restar importancia a las investigaciones de narcotráfico y protección política al catalogar a la Fiscalía de Nueva York como "una oficina más"; ahora, el mismo funcionario que lidera el expediente criminal contra la cúpula sinaloense —y que ya propició las entregas voluntarias de sus exsecretarios de Seguridad y Finanzas— se perfila para tomar las riendas de todo el aparato de espionaje y seguridad nacional estadounidense, elevando la crisis de Sinaloa a una prioridad de la Casa Blanca
La aparición de una densa mancha oscura sobre el río Pánuco, en las inmediaciones de la refinería de Ciudad Madero, ha desatado una ola de indignación entre pescadores y ambientalistas de Tamaulipas, quienes denuncian una opacidad sistemática por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante los constantes daños a su entorno y sustento. Aunque la paraestatal descartó formalmente la presencia de hidrocarburos en fase libre y catalogó el incidente como una simple anomalía de "coloración", el contradictorio despliegue preventivo de barreras marinas de contención no ha hecho más que alimentar la desconfianza de una comunidad que aún padece los estragos de la mortandad masiva de peces en El Camalote y el grave derrame en el Golfo de México admitido por la propia empresa semanas atrás
Los gobiernos de México y Estados Unidos celebran este viernes 12 de junio de 2026 una crucial reunión bilateral de seguridad en la capital mexicana, enfocada en frenar la crisis del fentanilo ante la alerta de la DEA de que los cárteles buscarán usar el flujo turístico del Mundial de Fútbol para expandir sus redes. Sin embargo, el encuentro técnico de seguridad se encuentra fuertemente presionado por el ajedrez político de Donald Trump, quien esta semana amagó nuevamente con no renovar el T-MEC, desatando una firme defensa económica por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y obligando a la diplomacia de ambos países a operar a marchas forzadas para evitar que la Casa Blanca mezcle el combate al narcotráfico con aranceles y chantajes comerciales.
Un patrón sistemático de corrupción, extorsión y violaciones graves al debido proceso marca las operaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, una problemática heredada de la gestión de Carlos Zamarripa que se ha agudizado bajo el actual mando de Gerardo Vázquez Alatriste, según revela una investigación de EMEEQUIS. A través de testimonios de juristas y activistas, se denuncia un modus operandi donde los agentes ministeriales desconectan cámaras de seguridad, alteran actas de hechos, sustraen dinero o bienes y ejecutan operativos violentos en medio de una opacidad institucional casi absoluta. Estas irregularidades no solo han provocado una profunda desconfianza ciudadana en una de las entidades más violentas del país, sino que ya han escalado a agresiones físicas contra periodistas y a casos de desaparición forzada que son investigados bajo acciones urgentes por organismos internacionales como la ONU

