Una paliza muy veneciana

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– En las próximas semanas y hasta finales de noviembre, se van a analizar en la Cámara de Diputados 104 iniciativas de Reforma Electoral. Es una simulación, ya que solo es una, la que envió el presidente López Obrador, es la que importa al partido mayoritario.

Lo que está en juego es la calidad democracia misma, pero los legisladores harán cómo que hacen, mientras desde el gobierno obtienen, o lo intentarán, los votos que requieren para modificar la Constitución. 

La iniciativa presidencial no implica una mejora, en los hechos es regresiva y de aprobarse condenará a la oposición a décadas de peregrinaje, como antes, como en los años sesenta y para atrás.

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El consenso de expertos es amplio respecto a los riesgos de debilitar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

La propuesta acaba de ser descalificada por la Comisión de Venecia, un órgano consultivo europeo, pero al que concurren, como miembros, 62 países. 

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El proyecto que se aprobó, apenas el 21 y 22 de octubre, fue redactado por Paloma Biglino Campos, Srdajan Darmanovic, Michael Frendo y Olivier Kask.

La opinión es, por decirlo en términos sencillos, una verdadera paliza ante el propósito de cambiar lo que funciona de modo correcto.

Recuerdan que “toda reforma constitucional debe ser fruto de un análisis profundo de los desafíos y problemas existentes, y de un largo consenso entre los partidos políticos y la sociedad”. 

Es más que evidente que en la Presidencia de la República no se realizó estudio relevante alguno y que los acuerdos solo serán con quienes se plieguen a los estipulado en la iniciativa, aunque quizá con cambios menores y por ello de poca o nula trascendencia.

La Comisión de Venecia señala con claridad que la propuesta de López Obrador no contiene las salvaguardas para garantizar la independencia del INE y del Tribunal Electoral.  

Advierten peligros, como el de generar “una sobrerrepresentación de los grandes partidos y una infrarrepresentación de los partidos políticos más pequeños”.

Analizaron la chifladura de elegir consejeros y magistrados por voto popular, señalando que no hay experiencias de ese tipo en los países democráticos, por la sencilla razón de que los integrantes de los órganos de autoridad electoral no pueden realizar campañas y deben tener una formación técnica adecuada.

Piden reconsiderar, de inmediato, semejante excentricidad, porque se aleja de las normas internacionales y de las mejores prácticas del derecho internacional.  

El año pasado, el relator especial sobre independencia de magistrados de las Naciones Unidas, se refirió a lo pernicioso que resulta el violentar la inamovilidad en los cargos porque de ella proviene uno de los soportes más relevantes de la independencia judicial. Hay también resoluciones específicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. 

En un contexto de normalidad política, la opinión de la Comisión para la Democracia bajo el Estado de Derecho, debería significar la cancelación de la discusión en la Cámara de Diputados, para en todo caso proceder a una reflexión amplia sobre lo que se tiene que mejorar, pero de modo ideal para después del 2024. 

Pero no estamos en normalidad alguna y se intentará minar a la democracia, como lo vienen señalando, con alarma, personajes como José Woldenberg o Porfirio Muñoz Ledo, a quien nadie les puede regatear sobre lo que saben de estos asuntos. 

También lo han hecho consejeros electorales como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por lo que a estas alturas nadie se puede llamar a engaño y mucho menos a desentenderse de las consecuencias que tendrá para el país el dar marcha atrás en todo el proceso de avance reformista en democracia. 

Y no es extraño, ni fuera de lugar lo que ocurrió en Estrasburgo, en el Consejo de Europa, ya que México es integrante de la Comisión de Venecia desde 2010 y ha participado de diversas formas, incluida la de estudiar casos concretos, como el Informe sobre los límites a la reelección, que se elaboró, con la participación de la magistrada Janine Otálora y de otros expertos, a petición de la Organización de Estados Americanos en 2018. 

El tema era por demás interesante, ya que se tenía que dilucidar si los límites a los periodos de gobierno implicaban vulneraciones a los derechos humanos de quienes estaban o querían continuar en cargos ejecutivos. Se concluyó que no, que las limitaciones provienen de las propias legislaciones y de situaciones concretas en las naciones democráticas.

@jandradej

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