Salud o subsistencia. Una decisión imposible e injusta en tiempos del COVID-19

Por Alice Krozer y Ricardo Fuentes-Nieva

“Que vivas tiempos interesantes”, dice una supuesta maldición china popularizada por un embajador británico en la primera mitad del siglo XX. La pandemia del coronavirus –una emergencia sanitaria y económica de proporciones históricas– nos ha llevado a tiempos interesantes. Tiempos que, para muchos, sobre todo para aquellos que viven en pobreza y vulnerabilidad económica, se podrían convertir en una maldición de largo plazo. 

Si bien esta doble crisis no se trata de ninguna maldición china o de otra índole (y hay que negarle categóricamente cualquier espacio al sigiloso racismo relacionado con su lugar de aparición), sino de un fenómeno sintomático de la época interconectada y desigual que vivimos, el dicho nos recuerda como el interés de los tiempos suele ser directamente proporcional al tamaño de sus desafíos.

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El sábado 28 de marzo, el subsecretario Hugo López-Gatell dejó muy claro la importancia de limitar las salidas fuera del hogar: “Se requiere que todas las personas voluntariamente conscientes de su responsabilidad consigo mismos, con su familia, con la comunidad y con la sociedad se queden en casa”. Una recomendación firme y que sigue las mejores prácticas alrededor del mundo para limitar la diseminación de la epidemia de COVID-19.

Aquellos que podemos, lo haremos sin chistar. Los depósitos bancarios continuarán cada quincena, los supermercados seguirán abiertos, y el Internet permitirá continuar algunas de las funciones productivas. Pero ¿cuántas personas tienen esa posibilidad en una sociedad desigual y con tasas de informalidad altas?

Muy pocas. Coneval indica que sólo el 21.9% de las personas en México no son pobres ni vulnerables; es decir, alrededor de 100 millones de personas en México o viven en pobreza o tienen la posibilidad de caer en ella. Más de 31 millones de personas tienen empleos informales. A esto hay que sumarle el impacto de la pandemia: el del riesgo de salud y el de la menor actividad económica.

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Millones de personas –no sabemos cuántas con exactitud– se enfrentarán a un dilema de enormes consecuencias: proteger su salud o proteger su forma de generar ingresos. Tendrán que “elegir” salir –porque si dejan de hacerlo perderán su medio de vida y llegarán a pasar hambre– o seguir la indicación del subsecretario López-Gatell. Elegir entre morir hoy por la peste o mañana por la cólera difícilmente se puede considerar una elección libre. 

Sin embargo, hace unas semanas, antes de la indicación gubernamental de resguardarnos en casa, flotaba la idea de que como sociedad podíamos tomar una decisión. Dicha idea se revela ahora como una dicotomía falsa y dañina, al igual que su variante, que quienes han pedido desde hace semanas la cuarentena son privilegiados e insensibles. 

Al contrario, pedir la cuarentena y al mismo tiempo exigir políticas públicas que protejan el ingreso de los grupos más vulnerables es la única opción para salir de esta situación sin sufrimiento masivo y permanente. El hecho de que las consecuencias individuales de la “elección” de quedarse en casa sean tan desiguales en nuestro país, en vez de llevarnos a señalarnos mutualmente con el dedo, nos debería llevar a reflexionar sobre lo injusto de la situación, y sobre todo a pensar qué necesitamos cambiar para que nunca más nos enfrentemos a tal dilema. 

Varios países han implementado paquetes de respuesta (en el caso de Estados Unidos con un monto similar al 10% del PIB) que permiten acercarse a ambos objetivos y dejar atrás la falsa dicotomía. El Estado debe de evitar la propagación de la epidemia a través de cualquier medio (incluso deteniendo la economía en el corto plazo) y proteger a través de recursos adicionales (deuda, en general) y mecanismos probados (transferencias, protección de empleos formales y reducciones de pagos) a la población. No hacerlo así pone a la gente en vulnerabilidad económica ante la disyuntiva de arriesgar su salud—y la salud colectiva—(un riesgo catastrófico) o perder su forma de generar ingresos (otro riesgo catastrófico). Se debe, y puede, evitar ambos. Hay que ver los países que ya lo hacen:

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A fecha del 27 de marzo, 55 países habían ya anunciado tomar políticas sociales para enfrentar la crisis dual. Estas incluyen propuestas que se acercan a un mini ingreso ciudadano universal, aunque sea temporalmente, para Hong Kong, Singapur y Estados Unidos; subsidios a pagos de trabajadores con o sin condicionamiento en Inglaterra, Nueva Zelanda e Italia; seguros de desempleo y suspensión de despidos en Holanda y Suiza, entre otros; pagos hacia familias para el cuidado de los hijos en Polonia, Corea del Sur, España, etcétera. Ejemplos concretos de la región incluyen el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia de Argentina, que destinará el equivalente a 4 mil pesos a 3.6 millones de personas; la creación del Bono Familiar en Bolivia, que dará cerca de 2 mil pesos a familias de bajos recursos; y la propuesta en Colombia de un Pago Solidario que beneficiaría a 3 millones de familias.  

Estas acciones son posibles, necesarias, y son una responsabilidad del Estado. Para lograrlo se requieren recursos adicionales y liderazgo político. En México, en cambio, se plantea continuar con las políticas de austeridad y en el mejor de los casos a un adelanto de los pagos de algunos de los programas sociales existentes.

Enfrentar una epidemia, incluyendo ésta, no es un asunto individual –“quien pueda quédese en su casa”–, es una cuestión de sobrevivencia colectiva, un deber comunitario, pero sobre todo del Estado para salvaguardar a la sociedad y a lo social. No es digno de una comunidad solidaria (es decir, nuestra sociedad) que se le ponga la supuesta “elección” entre morir de hambre hoy o morir de enfermedad mañana a las personas que no tengan el privilegio de hacer home office sin perder sus ingresos.

No puede ser una responsabilidad individual, porque ningún individuo puede cargar con la responsabilidad de exponer al colectivo para subsistir, ni tiene la libertad real de no depender de la gracia de su empleador o cliente. Para contar con libertad substancial se necesitaría un ingreso ciudadano incondicional en tiempos del COVID-19. Nos daría una mejor oportunidad de evitar una catástrofe humanitaria y proteger la economía familiar de quienes menos tienen. Es la herramienta que tenemos para evitar que una maldición de pobreza de largo plazo caiga sobre incontables miembros de la sociedad mexicana.

@alicekrozer

@rivefuentes

Alice Krozer es doctora en estudios de desarrollo por la Universidad de Cambridge. Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Stanford, la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la CEPAL. Actualmente investiga temas de desigualdad en el Colegio de México.

Ricardo Fuentes-Nieva es Director Ejecutivo de Oxfam México desde el 2015. Antes fue Jefe de Investigación en Oxfam Gran Bretaña. Ha trabajado en Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la extinta Sedesol. Es economista.