Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Claudia Sheinbaum ha anunciado que, con la Reforma Judicial, renunciará a su derecho de nombrar ministros de la Suprema Corte, presentándolo como un gesto democrático. Sin embargo, este movimiento podría ser una estrategia para aumentar el control del Ejecutivo y Legislativo sobre el Poder Judicial
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Manifestación contra la reforma al Poder Judicial. (Cuartoscuro)
POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.- Recientemente Claudia Sheinbaum aseguró que con la Reforma Judicial renunciará “a su derecho” de nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia. En principio, esto podría sonar como un gesto democrático, pero detrás de esa narrativa se esconde una estrategia mucho más astuta y peligrosa para la independencia judicial en México.
La verdadera ganancia no está en el supuesto sacrificio de Sheinbaum como futura presidenta, sino en el enorme poder que la fuerza mayoritaria (hoy Morena, mañana quién sabe) ganaría al controlar una parte significativa de los más de 1,600 cargos de jueces, magistrados y ministros que estarán en disputa con la Reforma Judicial.
En otras palabras, la Reforma Judicial que se propone abre la puerta para una captura sistemática del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y Legislativo.
Bajo las leyes vigentes, el proceso para la designación de ministros de la Suprema Corte es bastante claro: el Presidente propone una terna (tres personas), y el Senado es quien tiene la última palabra, siempre y cuando logre una mayoría calificada. Si no lo logra en dos rondas, entonces la Presidencia puede elegir directamente.
Para los magistrados de circuitos y jueces de distrito, el proceso está en manos del Consejo de la Judicatura, mientras que los magistrados electorales son designados con la intervención de la Suprema Corte y el Senado.
Este proceso, que para nada es perfecto, intenta ofrecer un cierto equilibrio entre los poderes y evitar la concentración de un solo lado.
LA REFORMA PROPUESTA: ¿MÁS DEMOCRACIA O MÁS CONTROL?
La reforma judicial que defiende Sheinbaum plantea que ahora los ciudadanos serán quienes voten por jueces, magistrados y ministros. Suena democrático, pero como suele decirse, el diablo está en los detalles. Lo que no se dice claramente es cómo se llevará a cabo este proceso, ni quién lo controlará.
La reforma plantea la creación de comités de evaluación en cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Cada uno de estos comités estaría formado por cinco personas de “reconocida actividad jurídica”. Sin embargo, no aclara nada más. Esto deja la puerta abierta para que cada poder defina estos criterios a su antojo. ¿Quién o que garantiza que estas personas no sean figuras políticas o cercanas a los intereses del poder que las nombra?
Dado que el Ejecutivo y el Legislativo están controlados por una fuerza política, estos comités podrían convertirse en filtros políticos, permitiendo que se elijan candidatos afines al gobierno, no a la justicia.
Basta recordar la designación de los últimos consejeros electorales, que aún con reglas que buscaban impulsar a los mejores perfiles, Morena logró adaptarse a ellas para lograr colocar perfiles afines en tres de los cuatros cargos en disputa, incluida la presidencia del INE.
Un punto tampoco puede pasarse por alto es el papel del pleno de la SCJN en este proceso. Para que el Poder Judicial pueda proponer candidatos, se requiere una mayoría de seis de los once ministros.
En noviembre próximo, termina el encargo del Ministro Luis Maria Aguilar. Algunos de sus integrantes, como la Ministra Presidenta Norma Piña y el Ministro Javier Laynez, ya han mostrado su rechazo a participar en este proceso. Mientras que el bloque afín al Ejecutivo, formado por las ministras como Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, no cuenta con los votos suficientes para lograr esta mayoría por sí mismas.
Esto podría provocar que el Poder Judicial ni siquiera participe en la selección de candidatos.
Si esto ocurre, estaríamos ante un escenario en el que el Poder Ejecutivo y un Congreso dominado por una fuerza política tendrían prácticamente el monopolio sobre la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Realmente se puede hablar de un proceso democrático cuando uno de los principales actores, la SCJN, queda fuera del proceso?
¿DÓNDE QUEDA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL?
La independencia del Poder Judicial tiene que ser una aspiración si queremos consolidarnos como una democracia sólida. Si el proceso se politiza, no solo nos quedamos lejos de asegurar la imparcialidad de jueces, magistrados y ministros, sino que tampoco se garantizará el derecho de los ciudadanos a una justicia justa, pronta y rápida, tal como pretende la Reforma Judicial.
Además, los candidatos no podrán hacer campaña de manera tradicional. No tendrán acceso a financiamiento privado ni público, y su exposición dependerá de espacios oficiales de radio y televisión, regulados por el INE, y de participaciones en foros de debate.
Esto genera otra preocupación: ¿quién asegura que no haya financiamiento ilegal o movilización partidista encubierta para favorecer a ciertos candidatos como ocurre en cada campaña electoral?
Basta con recordar las campañas adelantadas rumbo a las elecciones de 2024, con espectaculares y mítines a favor de ciertos perfiles políticos, para imaginar cómo podría manipularse este nuevo sistema.
LAS BOLETAS: UN MECANISMO SUTIL PARA INFLUIR EN EL VOTO
Otro detalle que no debe pasarse por alto es cómo estarán organizadas las boletas. En lugar de presentar únicamente a los candidatos en orden alfabético, se propone que estén divididos según el poder que los haya propuesto: Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
Esta decisión, aparentemente técnica, podría influir significativamente en el voto de los ciudadanos si ocurre lo siguiente.
No sería raro que, acompañada de esta medida, veamos en el futuro campañas de desprestigio contra el Poder Judicial durante el proceso electivo, como ya hemos visto en las conferencias matutinas del Presidente.
Desde las conferencias presidenciales, las críticas al Poder Judicial son constantes, a menudo sin aclarar si los fallos de los jueces se deben a errores en la fiscalía o a los mismos juzgadores.
Este clima de desprestigio afectaría aún más la percepción de los votantes sobre los candidatos propuestos por el Poder Judicial. Tampoco sería sorpresivo si desde el Poder Judicial empiezan a resolver asuntos de manera populista, saltándose toda regla, lo que sería fatal.
UNA REFORMA QUE AFECTA A LOS ESTADOS
La reforma judicial no sólo impactaría al Poder Judicial Federal. También los congresos locales deberán ajustar sus legislaciones para implementar esta dinámica en los estados. Esto le daría a los gobernadores un enorme poder para intervenir en la designación de jueces y magistrados en sus entidades. Para aquellos gobernadores que buscan eliminar a jueces incómodos o afianzar su control, esta reforma será una oportunidad dorada.
LA JUSTICIA QUE REALMENTE NECESITA MÉXICO
Es evidente que el sistema judicial de México necesita una reforma, pero no de este tipo. La verdadera transformación debe comenzar desde abajo, en el sistema de justicia local, donde la mayoría de los mexicanos tienen su primer contacto con la justicia.
Policías mal capacitados, agentes del Ministerio Público sobrecargados y mal equipados, y fiscales sin recursos suficientes son los verdaderos problemas que deberían abordarse.
Mientras no se solucionen estos problemas estructurales, la justicia seguirá siendo ineficaz, sin importar cuántos jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
Lo que Claudia Sheinbaum presenta como una concesión democrática es, en realidad, un peligroso intento de consolidar el control sobre el Poder Judicial. Al permitir que el Ejecutivo y el Legislativo dominen el proceso de selección de juzgadoras, nos alejamos del sueño de lograr una verdadera independencia judicial.
¿Estamos dispuestos a sacrificar esa aspiración de verdadera justicia a favor de una simulación?
Opciones para involucrar a la sociedad mexicana en la justicia sin que ponga en jaque la independencia judicial hay muchas, si existiera voluntad política.Un consejo integrado por representantes de universidades, barras de abogados y sociedad civil que recomiende y revise candidatos. Una consulta ciudadana vinculante para evaluar el desempeño judicial. Audiencias públicas de juzgadores. Auditorías ciudadanas de sentencias. Ratificación periódica de juzgadores ya designados por la vía tradicional. Opciones hay.
“Democracia es todo lo que viene el día después de la elección” – Roberto Gargarella
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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