Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, mostró su desdén por el INE al presentar una boleta para elegir jueces en 2025, anticipando la Reforma Judicial. Este acto sugiere un intento de suplantar al órgano electoral y plantea preocupaciones sobre la claridad del proceso y el daño potencial al Estado de Derecho
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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EMEEQUIS.- La forma es fondo, decía Jesús Reyes Heroles, y si a ello nos atenemos, durante la conferencia de la mañana de este martes en Palacio Nacional, la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, dejó más que claro el poco aprecio que le tiene al INE y a sus consejeros.
Desde pasada la elección, la encargada de la política interna, ha suplantado a la autoridad electoral, haciendo cuentas sobre asignaciones de diputaciones plurinominales, argumentando cuál es la interpretación de la Constitución que le acomoda al actual gobierno y tirando línea para que no existan sorpresas.
Pero esta vez hasta presentó la boleta con la que se elegirán ministros, magistrados y jueces el próximo 1 de junio de 2025, si la Reforma Judicial es aprobada en septiembre.
El solo diseño es muestra del disparate que se cometerá, donde los votantes no tendrán ni la menor idea de a quién estarán respaldando.
Ya dijo el presidente López Obrador que, a la gente, en general, no le importa el asunto y en esa lógica qué más da cómo se presenten los listados. Pero nada es gratis.
El costo de implementar semejante excentricidad se pagará con la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, aunque ese tema esté en litigio. Conviene insistir en que esos recursos no le pertenecen a gobierno alguno, y que en muchos casos fueron generados con aportaciones también de los trabajadores. Es un robo en despoblado y no a los ministros, porque esos instrumentos no están diseñados para su beneficio.
La arrogancia de la propuesta terminará por causar un daño inmenso, quizá irreversible, al Estado de Derecho. No hay que engañarse, todo lo que puede salir mal, saldrá mal.
Pero respiremos. Los candidatos a jueces tienen que acreditar entre 8 o 9 de calificación en las materias sobre las que se postulen. No en sus licenciaturas, maestrías o doctorados. Todos tranquilos.
Esto es, me imagino, el que va a penal debe tener sobresaliente en esos aspectos, aunque en administrativo ande algo débil y hasta en extraordinarios haya salido del paso.
¿Y en fiscal y telecomunicaciones? ¿Un juez de control, de esos que ordenan detener integrantes del crimen organizado, en qué materia debe ser ducho? ¿Los laborales sabrán de los acuerdos del T-MEC, o basta con una barnizada?
¿Un juez constitucional debe ser autor de su tesis de licenciatura? Ya sabemos que en la circunstancia actual la respuesta es relativa.
Como no se pide la acreditación de una carrera judicial ya se irá viendo sobre la marcha.
Un aspecto más que inquietante, serán los integrantes del Tribunal de Disciplina, que contarán con un poder inquisitorial y podrán terminar con la carrera de un juez, sin que se pueda impugnar semejante determinación. Ahí está el huevo de la serpiente de la Reforma Judicial.
La campaña durará dos meses, los aspirantes a juzgadores no pueden obtener financiamiento alguno, pero contarán con espacio en la radio y la televisión.
Eso sí, se van a organizar debates. Ahí atestiguaremos, supongo, cuál es el prospecto más aventajado, el que promete sanciones ejemplares sobre asuntos hipotéticos.
Estamos en la antesala de la profundización del populismo penal. ¿Creen que uno solo de los candidatos se pronunciará por limitar la prisión preventiva oficiosa? ¿Por hacer una interpretación acorde a los instrumentos internacionales? No lo harán, porque pierden, aunque con ello contradigan la progresividad en materia de derechos humanos.
Van a comprometerse con lo que crean que es el sentir de las mayorías, algo totalmente contrario a la reflexión que requiere un asunto de carácter legal, pero también responderán a los patrocinios, porque los habrá, y de todo tipo, los políticos, por supuesto, pero también los criminales.
Además, cada nueve años tendrán que pasar por las urnas, si antes no los han destituido por no apegarse al libreto que se elaborará en otros espacios y ámbitos.
@jandradej
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