Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida neta de 27 mil 968 millones de pesos en el primer semestre de 2026, revirtiendo las ganancias de 2025 a pesar de aumentar sus ingresos un 11.3%. Aunque en el segundo trimestre obtuvo una utilidad de 18 mil 023 millones de pesos impulsada por los precios internacionales del crudo, la ganancia cayó 69.7% interanual por volatilidad cambiaria y costos de importación. Con una deuda financiera de 77 mil 500 millones de dólares y adeudos a proveedores por 21 mil 427 millones, la estatal sigue dependiendo de apoyos del Gobierno federal mientras busca alianzas privadas con empresas como Grupo Carso y Petrobras para elevar su producción
Reforma de justicia y Tribunal Electoral a modo
Sobre los foros de la reforma al Poder Judicial indigna, por supuesto, que se finte con el diálogo, pero a estas alturas es ingenuo seguirse engañando.
Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida neta de 27 mil 968 millones de pesos en el primer semestre de 2026, revirtiendo las ganancias de 2025 a pesar de aumentar sus ingresos un 11.3%. Aunque en el segundo trimestre obtuvo una utilidad de 18 mil 023 millones de pesos impulsada por los precios internacionales del crudo, la ganancia cayó 69.7% interanual por volatilidad cambiaria y costos de importación. Con una deuda financiera de 77 mil 500 millones de dólares y adeudos a proveedores por 21 mil 427 millones, la estatal sigue dependiendo de apoyos del Gobierno federal mientras busca alianzas privadas con empresas como Grupo Carso y Petrobras para elevar su producción
¿De qué servirán los foros sobre el Poder Judicial? Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Se armó un escándalo porque el diputado Juan Ramiro Robledo anunció que los foros sobre la reforma al Poder Judicial serán solo una catarsis para especialistas y opositores, porque no van a tomar en cuenta lo que ahí se diga. El legislador morenista les dijo la verdad, la decisión ya la tomó el presidente López Obrador.
Es más, ahora lo que les urge es dictaminar la iniciativa para que la próxima legislatura la pueda votar antes del 1 de octubre.
De ahí que Robledo haya señalado que “estamos pensando en aprobar (en la Comisión de Puntos Constitucionales) la reforma a mediados de agosto (…) pero en los foros de audiencia no vamos a debatir, vamos a oír”.
Indigna, por supuesto, que se finte con el diálogo, pero a estas alturas es ingenuo seguirse engañando. En Morena tendrán la fuerza para aprobar reformas a la Constitución, sin acordar con la oposición, y lo harán.
De eso se trató la elección, de darles o no darles ese poder.
Pero habrá foros, porque eso es una instrucción de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, igual que encuesta, la que revelará, por cierto, lo que ya sabemos, que la imagen del Poder Judicial está por los suelos, aunque la gente a lo que en realidad se esté refiriendo a la procuración de justicia, que es donde se encuentra el problema más grave e inclusive estructural.
La impunidad en México es de 95%, y esto no se explicaría sin la negligencia cotidiana y muchas veces criminal de las fiscalías, donde no se integran del modo adecuado las carpetas de investigación y con frecuencia se esquivan los asuntos para que bajen los índices de denuncia.
Ese es el meollo del asunto, pero no interesa a quienes ganaron la elección, porque las instituciones encargadas de investigar los delitos no son contrapeso para nadie.
Lo que aprobarán próximamente contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Respecto a la elección de ministros, magistrados y jueces, el tamaño del despropósito podría implicar el establecer incentivos para orientar decisiones judiciales a cambio de votos, donde se corre el riesgo de participación de poderes económicos, políticos y criminales, como se señala en “Una amenaza a la independencia judicial” que elaboraron la Escuela de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados.
En “Los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial”, de las Naciones Unidas, se señala que “la independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo”.
El Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes también provendrán del voto popular, será una instancia inapelable e inquisitorial para castigar a cualquier juzgador que se salga del libreto escrito desde Palacio Nacional.
Del escarnio verbal de las conferencias mañaneras, se pasará al castigo directo.
En lo que respecta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la trampa es evidente, ya que los magistrados que se elegirán en urnas durarán en su cargo seis años, es decir, calificarán los comicios de la próxima presidencia de la República y sin el escalamiento en las posiciones que impera en la actualidad, aunque roto por el Senado, porque se negaron a designar a las dos magistraturas faltantes.
Los riesgos son más que evidentes, porque a alguien le van a deber la posición los próximos integrantes de la Sala Superior, ya que conseguir votos populares no es asunto sencillo.
El Centro Brenner sobre Justicia señaló en un informe de 2018, referido al sistema que impera en Estados Unidos, que “el trabajo de un juez es aplicar la ley de manera justa y proteger nuestros derechos, incluso cuando hacerlo sea impopular o enoje a los ricos y poderosos. Pero la realidad de competir en elecciones costosas y altamente politizadas va en contra de este papel.”
Argumentos contra la reforma judicial son múltiples, pero ya se sabe, los van a escuchar, si acaso, porque el cambio de régimen ya está en marcha.
@jandradej

