Órganos autónomos, la ceremonia del adiós 

¿Qué pasará con las funciones de los órganos autónomos? Análisis de Julián Andrade.

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Los diputados de Morena, los que ya terminan la legislatura, andan apurados para dejar a punto las instrucciones del presidente López Obrador y que están incluidas en las iniciativas que presentó el 5 de febrero de este año. 

En este momento no tienen cómo aprobarlas, pero confían en hacerlo en septiembre, aunque eso ya le tocará a los que sean sus relevos, los que actuarán como una suerte de Oficialía de Partes, ya que nada indica que les permitirán discutir sobre esos temas trascendentes.

Por lo demás, lo harán gustosos, algunos desde la ignorancia y otros desde el pragmatismo.  

A los órganos autónomos les llegó la hora y sus funciones, algunas de ellas, quedarán adscritas a dependencias del Ejecutivo.

Para los legisladores de la mayoría, esos organismos carecen de legitimidad democrática. Eso señalan el dictamen de la iniciativa que extinguirá al INAI, IFT, Coneval, Cofece, CNH y CRE. 

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También se argumenta que son caros y que en nuestro país hay desigualdad social. Lo primero es dudoso, y en todo caso se podría corregir, y lo segundo es una triste realidad que no cambiará por la ola destructiva que tendrá su cresta más alta próximamente, pero cuyas consecuencias serán para las siguientes generaciones. 

Los diputados se quejan de que, desde el 2018, se les han asignado, a los institutos, comisiones y consejos, 32 mil 313 millones de pesos y que eso serviría para 5 millones 385 mil pensiones bimestrales para las personas adultas mayores.

En realidad, el meollo de la cuestión radica en concentrar facultades en el Poder Ejecutivo, como no ocurría desde hace tres décadas. Lo del ahorro es el mismo cuento de siempre y que no empalma con un gobierno que suele ser poco cuidadoso en el ejercicio del gasto, como se muestra en la inversión en la Refinería de Dos Bocas o en el Tren Maya. 

Es un cambio mayor a nivel Constitucional y de régimen. Regresivo en gran medida.

Solo para ejemplificar, porque cada caso es grave, en lo que respecta al INAI y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se transitará a un esquema de control que no será nada saludable.

Las controversias sobre las negativas a otorgar información por parte de las dependencias de gobierno serán resueltas por la Secretaría de la Función Pública, aunque no hay ni siquiera claridad de cómo ocurrirá eso.  

Esto es, si queremos saber cómo se invierten los dineros públicos, si los programas sociales tienen padrones, si Mexicana de Aviación es un costal de recursos llenos agujeros, si se contrató o no a una determinada compañía, pero sobre todo, si se quiere conocer el tamaño del desastre en materia de salud pública, Raquel Buenrostro, o quien esté a cargo de esa secretaría, ponderará que es lo que tendremos derecho a saber. 

Bajo un esquema semejante, no habríamos tenido una noción ni aproximada a temas como el Odebrecht, Agronitrogenados, Aguas Blancas, Acteal, Tlatlaya, la compra de certificados bursátiles por Segalmex, la cancelación y condonación de créditos fiscales por el SAT y sobre los documentos del Ejército sobre Ayotzinapa, entre otros asuntos. 

Respecto al IFT hay múltiples aspectos que suspenderán, cuando pase a la Secretaría de Comunicaciones, lo que son avances en la materia, y una muy relevante es la de las concesiones del espacio radioeléctrico.

Es una vuelta al pasado, cuando los presidentes de la República eran los que determinaban quiénes serían los propietarios de las estaciones de televisión abierta y de radio. 

Si bien permanece la figura de las licitaciones, la responsabilidad ya no estará en la cancha de un órgano técnico, sino de un área política. 

Esta es una herramienta que dota de un poder inmenso, sobre todo porque se puede definir las revocaciones o los refrendos de las licencias, y que puede funcionar para inhibir la consolidación de espacios en los que ejerza la crítica. 

@jandradej