Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los peritajes de DNV que ya no le gustaron a Sheinbaum
¿Qué tienen que ver los pernos con las elecciones? A los funcionarios de la CDMX ya no les gustó lo que venía reflejado en el estudio de DNV. ¿Acaso será el mantenimiento deficiente?
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.– Las vueltas de la vida. Hace un año la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció, con bombo y platillo, que la empresa noruega DNV se encargaría de hacer los peritajes para determinar las causas del derrumbe de la Línea 12 del Metro.
Las relaciones de la empresa de origen noruego se mantuvieron cordiales en la medida en que sus estudios señalaban que existió una falla estructural y por eso todo se vino abajo, causando la muerte de 26 personas.
Pero ya cerca de la efeméride del suceso, se enfrió la relación porque a los funcionarios de la CDMX ya no les gustó lo que venía reflejado en el estudio. ¿Acaso será el mantenimiento deficiente? Es más, ya anunciaron que irán a tribunales por incumplimiento de contrato y por cambiar la metodología de los peritajes.
También señalan que hay conflicto de interés, porque un abogado, Héctor Salomón Galindo Alvarado, que trabaja para DNV, cometió un pecado mayor en 2012, al denunciar, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al mismísimo Andrés Manuel López Obrador.
Sí, la pregunta que se hacen todos, es ¿qué tienen que ver los pernos con las elecciones? Nadie sabe, pero ya no hay contrato con DVN y lo que diga su último peritaje ya está descalificado por Sheinbaum y todo su equipo.
BARBOSA ¿GUIÑOS A LOS PANISTAS?
El gobernador de estado de Puebla, Miguel Barbosa, recibe hoy al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es si en las conversaciones que tendrán en privado se abordará un tema que tiene muy preocupados a los integrantes de Morena: la cercanía de Barbosa con el panismo poblano.
Las inquietudes y molestias provienen porque Denisse Ortiz, quien es cuñada del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, es la titular del DIF del estado y desde ahí estaría apoyando el proyecto del panista.
Corren las apuestas para ver si el tema se aborda.
LA APUESTA CONTRA LA INFLACIÓN
El presidente López Obrador logró un acuerdo con empresarios y productores. No es un control de precios, porque sumarse al Paquete contra la Inflación y la Carestía es voluntario, y estará vigente los próximos seis meses.
Lo más relevante es que se enfoca en 24 productos de la canasta básica, además del no aumento en los servicios que proporciona el propio gobierno.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, inclusive anunció que habrá mayor producción de maíz, frijol y arroz.
Todos esperan que funcione, porque la inflación está en rangos no vistos en los últimos 21 años.
Entre los empresarios hay optimismo, porque a diferencia de otros problemas que se tratan de ocultar o minimizar, en esta ocasión se está actuando y a tiempo.
PEDRO HACES Y SUS DEUDAS
Hay de urgencias a urgencias, cosa de preguntarle a Pedro Haces, quien tiene que devolver al INE 33 millones 900 mil pesos o será acusado penalmente.
La historia de este enredo, es de esas que van ligadas al registro que no alcanzó Fuerza por México. Decidieron utilizar recursos para, en teoría, pagar a proveedores, pero eso lo prohíbe la ley, porque se tiene que privilegiar a los trabajadores de esa organización política.
Culpa en la situación también la tiene el presidente de FxM, Gerardo Islas, quien no supo anticipar lo que se les venía encima, porque siempre pensó que estarían en posibilidad de sortear cualquier eventualidad.
El apretón que le están dando a Haces y a su equipo, se suma al desconsuelo de no contar con registro nacional que en estos momentos sería un garbanzo de a libra para el senador Ricardo Monreal.
CRECE EL DESCONTENTO Y LA MOVILIZACIÓN CONTRA GUARDIA NACIONAL
Las movilizaciones estudiantiles siempre son de pronóstico reservado, porque se sabe cómo inician, pero no cómo y en qué situación terminarán.
Es lo que ocurre con los muchachos de la Universidad de Guanajuato que están muy indignados por el asesinato de Ángel Yael en manos de un agente de la Guardia Nacional.
Sus planteamientos son sencillos y a la vez terribles: no quieren los maten los que en teoría deberían protegerlos.
En la 4T no están midiendo el potencial de descontento, porque todo lo tratan de tamizar a través de supuestos complots en contra de Palacio Nacional.
En esta, como en otras ocasiones, las protestas de los estudiantes son irreprochables y deben ser atendidas. Evitando la impunidad de los agentes de la Guardia Nacional involucrados, pero también trabajando para que hechos semejantes nunca vuelvan a repetirse.
Lo dijo con crudeza la madre del estudiante de agronomía fallecido: “que la muerte de mi hijo sirva para que no ocurran otras de esa manera”.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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