La crisis por las irregularidades en el examen de admisión a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) derivó en la salida de la secretaria general de la institución, Patricia Dávila Aranda, cuya remoción se formaliza este viernes tras ser solicitada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas. La decisión ocurre luego de que una auditoría revelara que el porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos se disparó del promedio histórico de 3.5% al 16.3% en la prueba remota para el ciclo 2026, obligando a la Rectoría a ofrecer una disculpa pública y a convocar a un examen presencial de control para garantizar la equidad. El caso escaló al plano político tras los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la falta de controles de seguridad en la evaluación, mientras la comunidad universitaria espera la confirmación oficial del relevo en el segundo cargo de mayor relevancia institucional
Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida neta de 27 mil 968 millones de pesos en el primer semestre de 2026, revirtiendo las ganancias de 2025 a pesar de aumentar sus ingresos un 11.3%. Aunque en el segundo trimestre obtuvo una utilidad de 18 mil 023 millones de pesos impulsada por los precios internacionales del crudo, la ganancia cayó 69.7% interanual por volatilidad cambiaria y costos de importación. Con una deuda financiera de 77 mil 500 millones de dólares y adeudos a proveedores por 21 mil 427 millones, la estatal sigue dependiendo de apoyos del Gobierno federal mientras busca alianzas privadas con empresas como Grupo Carso y Petrobras para elevar su producción
Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hermano del difunto “El Mencho”, se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico internacional y posesión de armas de fuego. Tras haber sido extraditado en febrero de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que el capo operó durante más de dos décadas en el tráfico masivo de cocaína y metanfetaminas, pasando del Cártel del Milenio a asumir roles clave en el CJNG como la compra de precursores químicos, la gestión de laboratorios y el blanqueo de capitales. La sentencia definitiva fue programada para el 13 de noviembre de 2026, fecha en la que un juez federal determinará su condena, la cual podría ir desde un mínimo obligatorio de 15 años de prisión hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.
La Comisión Técnica de la UNAM recomendó aplicar un examen de control presencial para definir el ingreso a licenciatura 2026, luego de cancelar más de 3 mil pruebas en línea por resultados atípicos e irregularidades. La propuesta abarca a seleccionados previos y a aspirantes que igualaron los puntajes de corte del año anterior; sin embargo, la Universidad aún no determina fechas, sedes ni la logística para la evaluación, manteniendo en pausa las inscripciones de nuevo ingreso mientras la Comisión continúa con las investigaciones
La crisis por las irregularidades en el examen de admisión a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) derivó en la salida de la secretaria general de la institución, Patricia Dávila Aranda, cuya remoción se formaliza este viernes tras ser solicitada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas. La decisión ocurre luego de que una auditoría revelara que el porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos se disparó del promedio histórico de 3.5% al 16.3% en la prueba remota para el ciclo 2026, obligando a la Rectoría a ofrecer una disculpa pública y a convocar a un examen presencial de control para garantizar la equidad. El caso escaló al plano político tras los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la falta de controles de seguridad en la evaluación, mientras la comunidad universitaria espera la confirmación oficial del relevo en el segundo cargo de mayor relevancia institucional
Ley de Ciberseguridad: Militarización del Ciberespacio
Vigilancia, censura, espionaje y hasta criminalización de las redes sociales, son parte de la Ley de Ciberseguridad sobre la que alertan los defensores de los derechos digitales, la cual advierten además tiene un enfoque militarista y está en camino de dictaminarse en la Cámara de Diputados
La crisis por las irregularidades en el examen de admisión a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) derivó en la salida de la secretaria general de la institución, Patricia Dávila Aranda, cuya remoción se formaliza este viernes tras ser solicitada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas. La decisión ocurre luego de que una auditoría revelara que el porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos se disparó del promedio histórico de 3.5% al 16.3% en la prueba remota para el ciclo 2026, obligando a la Rectoría a ofrecer una disculpa pública y a convocar a un examen presencial de control para garantizar la equidad. El caso escaló al plano político tras los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la falta de controles de seguridad en la evaluación, mientras la comunidad universitaria espera la confirmación oficial del relevo en el segundo cargo de mayor relevancia institucional
Advierten que Ley de Ciberseguridad a punto de ser dictaminada tiene enfoque militarista.
Por Juan Ortiz/Lupa Legislativa
EMEEQUIS.- En la Cámara de Diputados, el reloj corre para la aprobación de una Ley de Ciberseguridad. Los defensores de los derechos digitales están levantando alertas por todos lados, advirtiendo sobre los peligros de adoptar un enfoque militarista en ciberseguridad que abriría la puerta a la vigilancia, censura, espionaje, y sí, hasta la criminalización de la actividad en las redes.
Ahora bien, los diputados de las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Ciencia, Tecnología e Innovación, dieron el visto bueno a lo que llaman la ‘metodología para la dictaminación de la Ley Federal de Ciberseguridad’.
Pero, déjenme decirles, llamarlo ‘metodología’ suena un poco elevado cuando lo que realmente pasa es una reunión de trabajo con representantes de la Sedena, Marina, Hacienda, Guardia Nacional, y el Centro Nacional de Inteligencia.
Lo curioso es que, un día después de esta reunión, se supone que el dictamen ya estará circulando, para ser votado en comisiones el 28 de febrero.
Esto, amigos míos, es una señal de alerta gigante. La influencia militar es más que evidente, y se dejan fuera a las autoridades civiles que también deberían tener voz en el asunto, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, o la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional.
Y aunque hay varias iniciativas sobre la mesa, la única que está recibiendo atención es la presentada por el diputado Javier López Casarín, del Partido Verde, que también es el presidente de la Comisión de Ciencia.
Esta iniciativa, lanzada en abril pasado, busca establecer los delitos cibernéticos, homologar las definiciones a nivel internacional para facilitar la cooperación legal, y crear un modelo operativo de ciberseguridad que va desde la protección individual hasta la seguridad nacional.
Suena bien, ¿no? Pero aquí viene el ‘pero’: en las letras pequeñas, esta propuesta esconde varios riesgos para nuestra privacidad y libertad de expresión.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales ha sido clara en señalar los riesgos principales:
La seguridad nacional como eje rector.
Sedena y Marina tomando las riendas de monitorear y ejecutar operaciones militares en el ciberespacio.
Un cheque en blanco para las fuerzas armadas en tareas de vigilancia, espionaje e intervención de comunicaciones privadas, bajo cualquier sospecha de actividades ilegales.
La posibilidad de censura, otorgando facultades para desactivar direcciones IP, dominios y sitios de Internet de manera arbitraria.
La creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad con poderes para ‘fortalecer actividades de inteligencia’.
La obligación de entregar información a las autoridades sin un procedimiento claro.
La definición ambigua de delitos informáticos, abre la puerta a la criminalización de acciones legítimas o hace que su persecución sea prácticamente imposible.
La criminalización de la producción de contenidos digitales que supuestamente ‘inciten’ a la ‘hostilidad’ o ‘desinformen a la población’.
Esta prisa por aprobar la ley nos hace sospechar. Considerando los recientes roces de Palacio Nacional con la prensa, especialmente con la difusión de trabajos periodísticos que lo acusan de recibir dinero del narco en la campaña presidencial de 2006, uno no puede evitar preguntarse si hay una conexión.
La urgencia, combinada con la lista difundida por el gobierno y Morena de personas que han compartido dichos trabajos, nos pone a pensar si no estamos ante un intento de controlar el discurso en línea.
Además, pensar en la ciberseguridad exclusivamente desde una perspectiva militar es, francamente, limitado.
Deberíamos verla como el acto de poner candados en nuestra casa. Son actos preventivos. En el mundo digital implica tomar medidas para proteger nuestra información personal, financiera y profesional. Lo que ellos intentan es poner guardias armadas y poner cámaras de vigilancia al interior de tu hogar. ¿A quién cuidan realmente?
Basta recordar la filtración de datos de más de 300 periodistas, ocasionada por una cuenta con una contraseña débil que no “olvidaron” dar de baja, pero con acceso a información que no debió estar disponible en primer lugar. Una Ley de Ciberseguridad obligaría a las dependencias a tener protocolos para evitar dichas situaciones.
También necesitamos una ley que proteja los derechos individuales y promueva un ambiente digital seguro para todos. Esto no solo es esencial para prevenir ataques externos, sino también para asegurar que nuestras libertades digitales no se vean comprometidas.
Por tanto, es crucial que alzemos la voz. La Ley Federal de Ciberseguridad solo necesita una mayoría simple para pasar. Esto significa que con los votos de Morena, PVEM y PT podría ser una realidad.
Debemos estar atentos y exigir una ley que respete nuestros derechos y libertades, no que los ponga en la mira. La seguridad no debe ser excusa para la vigilancia y la censura.
La crisis por las irregularidades en el examen de admisión a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) derivó en la salida de la secretaria general de la institución, Patricia Dávila Aranda, cuya remoción se formaliza este viernes tras ser solicitada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas. La decisión ocurre luego de que una auditoría revelara que el porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos se disparó del promedio histórico de 3.5% al 16.3% en la prueba remota para el ciclo 2026, obligando a la Rectoría a ofrecer una disculpa pública y a convocar a un examen presencial de control para garantizar la equidad. El caso escaló al plano político tras los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la falta de controles de seguridad en la evaluación, mientras la comunidad universitaria espera la confirmación oficial del relevo en el segundo cargo de mayor relevancia institucional
Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida neta de 27 mil 968 millones de pesos en el primer semestre de 2026, revirtiendo las ganancias de 2025 a pesar de aumentar sus ingresos un 11.3%. Aunque en el segundo trimestre obtuvo una utilidad de 18 mil 023 millones de pesos impulsada por los precios internacionales del crudo, la ganancia cayó 69.7% interanual por volatilidad cambiaria y costos de importación. Con una deuda financiera de 77 mil 500 millones de dólares y adeudos a proveedores por 21 mil 427 millones, la estatal sigue dependiendo de apoyos del Gobierno federal mientras busca alianzas privadas con empresas como Grupo Carso y Petrobras para elevar su producción
Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hermano del difunto “El Mencho”, se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico internacional y posesión de armas de fuego. Tras haber sido extraditado en febrero de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que el capo operó durante más de dos décadas en el tráfico masivo de cocaína y metanfetaminas, pasando del Cártel del Milenio a asumir roles clave en el CJNG como la compra de precursores químicos, la gestión de laboratorios y el blanqueo de capitales. La sentencia definitiva fue programada para el 13 de noviembre de 2026, fecha en la que un juez federal determinará su condena, la cual podría ir desde un mínimo obligatorio de 15 años de prisión hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.
La Comisión Técnica de la UNAM recomendó aplicar un examen de control presencial para definir el ingreso a licenciatura 2026, luego de cancelar más de 3 mil pruebas en línea por resultados atípicos e irregularidades. La propuesta abarca a seleccionados previos y a aspirantes que igualaron los puntajes de corte del año anterior; sin embargo, la Universidad aún no determina fechas, sedes ni la logística para la evaluación, manteniendo en pausa las inscripciones de nuevo ingreso mientras la Comisión continúa con las investigaciones
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