En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
Un sacerdote legionario, Antonio María Cabrera Cabrera, fue detenido en el AICM por violación reiterada de un menor. Aunque la Iglesia minimizó los abusos —incluso calificándolos como "atracción puntual"—, la víctima, tras años de silencio, logró que la justicia civil actuara. Ahora, el religioso enfrenta prisión preventiva en el penal de Barrientos, mientras el caso expone el encubrimiento de los Legionarios de Cristo
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En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
Ley de Ciberseguridad: Militarización del Ciberespacio
Vigilancia, censura, espionaje y hasta criminalización de las redes sociales, son parte de la Ley de Ciberseguridad sobre la que alertan los defensores de los derechos digitales, la cual advierten además tiene un enfoque militarista y está en camino de dictaminarse en la Cámara de Diputados
En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
Advierten que Ley de Ciberseguridad a punto de ser dictaminada tiene enfoque militarista.
Por Juan Ortiz/Lupa Legislativa
EMEEQUIS.- En la Cámara de Diputados, el reloj corre para la aprobación de una Ley de Ciberseguridad. Los defensores de los derechos digitales están levantando alertas por todos lados, advirtiendo sobre los peligros de adoptar un enfoque militarista en ciberseguridad que abriría la puerta a la vigilancia, censura, espionaje, y sí, hasta la criminalización de la actividad en las redes.
Ahora bien, los diputados de las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Ciencia, Tecnología e Innovación, dieron el visto bueno a lo que llaman la ‘metodología para la dictaminación de la Ley Federal de Ciberseguridad’.
Pero, déjenme decirles, llamarlo ‘metodología’ suena un poco elevado cuando lo que realmente pasa es una reunión de trabajo con representantes de la Sedena, Marina, Hacienda, Guardia Nacional, y el Centro Nacional de Inteligencia.
Lo curioso es que, un día después de esta reunión, se supone que el dictamen ya estará circulando, para ser votado en comisiones el 28 de febrero.
Esto, amigos míos, es una señal de alerta gigante. La influencia militar es más que evidente, y se dejan fuera a las autoridades civiles que también deberían tener voz en el asunto, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, o la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional.
Y aunque hay varias iniciativas sobre la mesa, la única que está recibiendo atención es la presentada por el diputado Javier López Casarín, del Partido Verde, que también es el presidente de la Comisión de Ciencia.
Esta iniciativa, lanzada en abril pasado, busca establecer los delitos cibernéticos, homologar las definiciones a nivel internacional para facilitar la cooperación legal, y crear un modelo operativo de ciberseguridad que va desde la protección individual hasta la seguridad nacional.
Suena bien, ¿no? Pero aquí viene el ‘pero’: en las letras pequeñas, esta propuesta esconde varios riesgos para nuestra privacidad y libertad de expresión.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales ha sido clara en señalar los riesgos principales:
La seguridad nacional como eje rector.
Sedena y Marina tomando las riendas de monitorear y ejecutar operaciones militares en el ciberespacio.
Un cheque en blanco para las fuerzas armadas en tareas de vigilancia, espionaje e intervención de comunicaciones privadas, bajo cualquier sospecha de actividades ilegales.
La posibilidad de censura, otorgando facultades para desactivar direcciones IP, dominios y sitios de Internet de manera arbitraria.
La creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad con poderes para ‘fortalecer actividades de inteligencia’.
La obligación de entregar información a las autoridades sin un procedimiento claro.
La definición ambigua de delitos informáticos, abre la puerta a la criminalización de acciones legítimas o hace que su persecución sea prácticamente imposible.
La criminalización de la producción de contenidos digitales que supuestamente ‘inciten’ a la ‘hostilidad’ o ‘desinformen a la población’.
Esta prisa por aprobar la ley nos hace sospechar. Considerando los recientes roces de Palacio Nacional con la prensa, especialmente con la difusión de trabajos periodísticos que lo acusan de recibir dinero del narco en la campaña presidencial de 2006, uno no puede evitar preguntarse si hay una conexión.
La urgencia, combinada con la lista difundida por el gobierno y Morena de personas que han compartido dichos trabajos, nos pone a pensar si no estamos ante un intento de controlar el discurso en línea.
Además, pensar en la ciberseguridad exclusivamente desde una perspectiva militar es, francamente, limitado.
Deberíamos verla como el acto de poner candados en nuestra casa. Son actos preventivos. En el mundo digital implica tomar medidas para proteger nuestra información personal, financiera y profesional. Lo que ellos intentan es poner guardias armadas y poner cámaras de vigilancia al interior de tu hogar. ¿A quién cuidan realmente?
Basta recordar la filtración de datos de más de 300 periodistas, ocasionada por una cuenta con una contraseña débil que no “olvidaron” dar de baja, pero con acceso a información que no debió estar disponible en primer lugar. Una Ley de Ciberseguridad obligaría a las dependencias a tener protocolos para evitar dichas situaciones.
También necesitamos una ley que proteja los derechos individuales y promueva un ambiente digital seguro para todos. Esto no solo es esencial para prevenir ataques externos, sino también para asegurar que nuestras libertades digitales no se vean comprometidas.
Por tanto, es crucial que alzemos la voz. La Ley Federal de Ciberseguridad solo necesita una mayoría simple para pasar. Esto significa que con los votos de Morena, PVEM y PT podría ser una realidad.
Debemos estar atentos y exigir una ley que respete nuestros derechos y libertades, no que los ponga en la mira. La seguridad no debe ser excusa para la vigilancia y la censura.
En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
Un sacerdote legionario, Antonio María Cabrera Cabrera, fue detenido en el AICM por violación reiterada de un menor. Aunque la Iglesia minimizó los abusos —incluso calificándolos como "atracción puntual"—, la víctima, tras años de silencio, logró que la justicia civil actuara. Ahora, el religioso enfrenta prisión preventiva en el penal de Barrientos, mientras el caso expone el encubrimiento de los Legionarios de Cristo
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