La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
¿La rebelión de los generales? más bien de los fiscales
El presidente López Obrador puede saber con facilidad quién o quiénes “intentaron desatar una rebelión en el Ejército” por las 20 órdenes de captura contra soldados presuntamente implicados. Es cosa de ver quién las solicitó.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
EMEEQUIS.– En México, el monopolio de la acción penal lo tiene el Ministerio Público y son ellos los únicos que pueden solicitar a un juez que alguna persona sea privada de su libertad. Lo deben fundar y motivar entre los jueces.
Por ello, el presidente López Obrador puede saber con facilidad quién o quiénes “intentaron desatar una rebelión en el Ejército” por las 20 órdenes de captura contra soldados presuntamente implicados en los sucesos de Iguala en septiembre de 2014.
Las órdenes de aprehensión las solicitaron de la FGR y de ahí mismo se desistieron. Ahí están funcionarios que tienen nombre y apellido y existen las instancias adecuadas para indagarlos, si su propósito era lastimar al Estado mismo y no procurar justicia.
Lo que dijo el mandatario es muy grave, aunque es probable que sea una más de esas frases que se sueltan en las largas conferencias de las mañanas y que suelen olvidarse el día siguiente ante otra afirmación todavía más inverosímil, pero en este caso se trataría de una crisis generada entre la FGR y las Fuerzas Armadas.
¿En realidad los mandos de la Secretaría de la Defensa protestaron o, peor aún, presionaron a raíz de lo que estaba ocurriendo luego de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad? No lo creo, porque son muy institucionales y siempre se sujetan al mando del poder civil.
Lo evidente, es que existe inconformidad en las Fuerzas Armadas con lo que está ocurriendo. Un general y un capitán están detenidos y el sustento de las acusaciones son testimonios de oídas, pruebas inservibles y criminales que ahora son informantes.
Pero el titular del Ejecutivo, quien gobierna el país, fue el que hizo el señalamiento de ese supuesto intento de desatar las inconformidades en el Ejército ante lo que pasó de ser una campaña contra los soldados, para convertirse en acciones punitivas contra algunos de ellos.
Tan solo hay que atender a la conferencia que acaba de dar el GIEI para percatarse de dónde viene la narrativa que trata de diluir la responsabilidad de los sicarios para cargarle la mano a los soldados.
Es más, Ángela María Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain, le exigieron al fiscal Alejandro Gertz que explique por qué la FGR se desistió de 21 de las 83 órdenes de captura solicitadas.
También criticaron la salida de Omar Gómez Trejo de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, porque sostienen que eso debilita las indagatorias.
Acusaron a la FGR de presentar una acusación débil contra el ex procurador Jesús Murillo Karam y argumentaron que se debieron de incluir más elementos. Insisten en que debe ser castigado por la estructuración de “la verdad histórica”.
EL GIEI terminará por distanciarse del gobierno de López Obrador, como también lo hizo en su momento con Peña Nieto. Es una ruta de colisión que estaba dibujada desde 2018, pero en Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación no lo quisieron ver, ya que pensaron, con ingenuidad, que el trato para ellos sería distinto.
En parte el enredo y la situación tan turbia en la que se encuentran las indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa tiene que ver con que en la administración actual primero celebran y luego ponderan.
Es lo que les ocurrió con la detención del general Salvador Cienfuegos. Festejaron su captura, pero tuvieron que recular de inmediato cuando se dieron cuenta de que era una patraña de la DEA y que en realidad no tenían pruebas contra el ex secretario de la Defensa Nacional.
Ahora es similar, porque es muy sencillo acusar a los soldados, pero luego viene la tarea de sostener los dichos en los juzgados y es como los asuntos se complican, pero también en dónde la mala fe de algunos se puede apreciar en toda su dimensión.
La nueva batalla está cantada y dirán que se libera a militares por presiones y no debido a la falta de pruebas; que el ex fiscal del caso fue removido de modo incorrecto, olvidando que degradó las indagatorias al politizarlas y que Murillo Karam puede quedar en libertad porque así lo quisieron intereses oscuros y no por la notoria falta de elementos para procesarlo.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
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