La política del calabozo

El linchamiento de jueces en la mañanera. Análisis de Julián Andrade.

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Los funcionarios del gobierno de López Obrador suelen descalificar a los jueces con frecuencia. Lo hacen desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. 

Un asunto que sería preocupante en otras circunstancias, pero que ya es alarmante luego de lo que aprobó el Senado y que en los hechos cancelará el esquema de división de poderes. 

La tónica ya no será de amago, sino de instrucción directa, cuando ya cuenten con los juzgadores que serán electos por voto popular, los que, en su gran mayoría, le van a deber el cargo a quienes los postularon, es decir, al actual gobierno y al que entrará en funciones el 1 de octubre próximo. 

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, hizo un listado de decisiones que ella considera desafortunadas emitidas por jueces y magistrados.

Frente al presidente López Obrador, en la conferencia de este martes, se quejó de quienes determinaron que Mario Marín podía continuar su proceso en reclusión domiciliaria.

El exgobernador de Puebla está acusado de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho. 

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Es un asunto que hiede, porque se documentaron, en su momento, redes de pederastia y otros abusos contra menores. 

Lo curioso del reclamo, cosas de la agenda, se diría, es que los reproches coincidieron con el pacto que hizo Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, para que Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre y tocayo Yunes Linares, se sumaran a la votación en favor de la Reforma Judicial. 

¿Y qué tiene esto que ver con Mario Marín? Nada más y nada menos, que Yunes Linares trató de impedir, a punta de pistola, la impresión de “Los Demonios del Edén”, porque ahí se le menciona.

Y justo es ese texto el que motivó que policías judiciales de Puebla privaran de su libertad a la escritora, Lydia Cacho.

Otro asunto en el que hay quejas, es el de Emilio Lozoya. Ya no está tras las rejas, pero tiene que usar brazalete y no puede abandonar la Ciudad de México. 

Sí, es un tema escabroso, pero en particular porque la FGR trató de utilizarlo para presionar a políticos de diversos partidos, y en particular el PAN, con el argumento, nunca probado, de que recibieron dinero para aprobar reformas en el contexto del Pacto por México. 

Ese expediente, más que trucado, motivó que el ahora senador Ricardo Anaya haya optado por abandonar el país por tres años. 

Pero, y esto es lo realmente importante, respecto a los sobornos de Odebrecht, el único que confesó haberlos recibido es el exdirector de Pemex, a quien tuvieron como testigo colaborador en la FGR por años, pero dejó de servirles porque es un mitómano. 

También les molesta que Jesús Murillo esté recluido en su propia residencia. Lo querían en una celda, aunque por edad y salud tenga la oportunidad de medidas cautelares menos estrictas. 

Lo evidente es que no le perdonan, al ex titular de la PGR, el haber revelado lo que en realidad ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

Otras quejas son contra los jueces que no giran órdenes de captura contra Francisco García Cabeza de Vaca, mientras la 4T tiene una alianza con Eugenio Hernández, también ex mandatario de Tamaulipas, y quien no puede viajar a Estados Unidos porque lo detendrían debido a antecedentes por demás oscuros.

Y ya en el colmo, está el asunto de José Antonio Sánchez Ortega, un exagente del CISEN al que insisten en involucrar como segundo tirador en el asesinado de Luis Donaldo Colosio. Jueces y luego magistrados no han obsequiado las órdenes de captura, porque no existen elementos para ello, aunque la encargada de la seguridad sostiene “que hay 50 pruebas contundentes”. 

Las diferencias entre fiscalías y jueces son naturales y forman parte de un Estado de derecho. Pero eso ya no será así, y sólo nos enteraremos de quién habrá caído de la gracia y tendrá que pagarlo en un calabozo. 

@jandradej