"No es justo que, por la acción de ‘seudo servidores públicos’, se manche la reputación del instituto", afirma la comisionada del INAI sobre el escándalo de la Femexfut.
La lápida sobre Ayotzinapa
Al finalizar el sexenio, la situación de la investigación del caso Ayotzinapa es peor que en 2018, alejando la posibilidad de justicia y con una derrota para los derechos humanos. Le tocará a la presidenta Claudia Sheinbaum lidiar con un asunto que ya no puede resolverse, y que pesará como una lápida para la maltrecha justicia en México
"No es justo que, por la acción de ‘seudo servidores públicos’, se manche la reputación del instituto", afirma la comisionada del INAI sobre el escándalo de la Femexfut.
EMEEQUIS.- Se terminó el sexenio en lo que respecta al caso Ayotzinapa. La indagatoria no está como la dejaron en 2018, sino mucho peor, porque el paso de los años lo que ha significado es que se aleje la posibilidad de garantizar la justicia.
Es una derrota desde la perspectiva de los derechos humanos, porque uno de los casos más graves de la historia, quedará en medio de las brumas.
Esto es así, porque en la FGR se dedicaron a tratar de desmontar el relato de la verdad histórica, el único con sustento en la realidad, pero en el camino se perdió un tiempo muy valioso.
En lugar de perfeccionar la investigación, la desestimaron, para al final retomarla, aunque esto no se diga con todas sus letras, pero se acepte que a los 43 jóvenes los detuvieron agentes de la policía municipal, quienes los entregaron a los sicarios de los Guerreros Unidos, responsables, estos últimos, del asesinato y desaparición de los cuerpos.
Lo que sí resultó una novedad, en su momento, es la de tratar de responsabilizar a elementos de las Fuerzas Armadas en la trama de las desapariciones. Está hipótesis también se está cayendo a pedazos.
El general José Rodríguez Pérez, uno de los mandos de más alto rango implicados en el caso Ayotzinapa, podrá llevar el proceso en libertad. Otros diez soldados también han obtenido un beneficio similar y todo indica que serán exonerados tarde o temprano.
Las acusaciones contra los militares son endebles y sujetas a los vaivenes de un testigo protegido.
Esto lo tenían que saber los responsables de procurar justicia, pero siempre se impuso la agenda política sobre la evidencia ministerial, hasta que el propio presidente López Obrador los descalificó y acusó de ser infiltrados.
Por eso quien fungió como fiscal, Omar Gómez Trejo, se encuentra fuera del país para evitar represalias en su contra.
Hace unos días la FGR anunció que analizó algunos de los restos encontrados en el basurero de Cocula, y que estos no corresponden a los perfiles genéticos de los jóvenes desaparecidos.
Lo que sería un descubrimiento que daría al traste con la verdad histórica, no fue celebrado por nadie, porque parece más falso que un billete de 300 pesos.
En el fondo es otra pifia ministerial, porque se hizo sin la intervención del Equipo Argentino Forense y de los expertos de la Universidad de Innsbruck, en Austria.
Los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus asesores ya habían manifestado dudas sobre los procedimientos utilizados por la FGR, de identificación genética por vía mitocondrial, que ya condujo a una serie de errores en el pasado, a decir del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro.
Otro aspecto, que tampoco llegará a buen puerto, es el de los 800 folios que en teoría tendrían que ver con labores de Inteligencia Militar y que podrían dar alguna pista, no conocida, de lo ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
A los padres de los jóvenes les entregaron 15 folios, pero estos, como era de suponerse, no representan aporte alguno para el caso.
Esto es un laberinto sin salida, porque en la Secretaría de la Defensa han señalado que ya se proporcionó todo el material que era resguardado en los archivos.
Pero estas evidencias tampoco ayudarán a que no se entre a un nuevo ciclo de promesas y de protestas, ya que suelen ir aparejadas.
Le tocará a la presidenta Claudia Sheinbaum lidiar con un asunto que ya no puede resolverse, y que pesará como una lápida en lo que respecta a la maltrecha justicia en México, en un aspecto en el que las administraciones de Peña Nieto y López Obrador tienen un alto grado de responsabilidad, al menos en lo que se refiere a la serie de cuentos con los que se intentó ocultar, por motivos diversos, la verdad.
@jandradej