Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Es triste constatar el grado de desesperación de agricultores, que decidieron poner fin al pago de extorsiones que les exigen para poder labrar su tierra, como en Texcaltitlán. Es una vergüenza para la gobernadora Delfina Gómez y autoridades federales.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.– La extorsión es uno de los problemas más lacerantes e inquietantes que enfrenta el país. Las organizaciones criminales suelen escalar en sus actividades de extracción de la riqueza y es ahí donde la amenaza se convierte en una herramienta que produce una parte sustancial de sus ingresos.
Desde hace años esta es la variable más preocupante, porque es la que más afecta a los ciudadanos y sus familias.
La extorsión siempre está aparejada con la debilidad institucional, ya que para que funcione requiere que las amenazas sean creíbles y que sus operadores cuenten con la fuerza para hacer valer sus propósitos. Surge donde la policía municipal y la estatal son ineficientes o de plano están bajo control criminal.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las extorsiones, a las que no hay que confundir con el engaño telefónico, pasaron, en el Estado de México, de 2 mil 629 en 2018 a 3 mil 431 en lo que va de este año.
Es lo que ocurre en municipios que, como Texcaltitlán, están bajo el yugo de personajes siniestros que se enriquecen con el trabajo de otros. Es el cobro de piso.
Es triste constatar el grado de desesperación de agricultores que decidieron poner fin al pago de extorsiones que les exigen para poder labrar su tierra. Es una vergüenza para la gobernadora Delfina Gómez, para el exmandatario Alfredo del Mazo, y para las autoridades federales, que no hacen su trabajo y se escudan en la coartada de los abrazos y no balazos.
La obligación de enfrentar a la criminalidad es de los distintos niveles de gobierno, pero poco se puede hacer si los titulares del Ejecutivo no hacen su tarea, la que tiene que ser cotidiana y guiada por información de calidad.
El saldo del enfrentamiento de los pobladores con sicarios de la Familia Michoacana es de 14 muertos, pero el costo es aún mayor, porque muestra el daño que causa la ausencia de gobierno.
Una de las motivaciones del presidente Felipe Calderón para establecer una estrategia de confrontación con las organizaciones del crimen organizado tuvo que ver precisamente con esto.
Esto tiene sentido, más allá de los méritos o deficiencias de aquellas batallas, porque las familias pueden convivir con las actividades de la producción, trasiego y venta de drogas, pero no con bandidos que lleguen a sus casas para exigirles dinero a cambio de no lastimarlos.
En esta historia la Familia Michoacana es central, ya que se transformó de una organización que surgió para combatir a Los Zetas, que pedían tributo en las plantaciones de aguacate y de limón, en una estructura de control territorial que cobraba impuestos a la población a cambio de protección.
La Familia Michoacana llegó a convertirse en un verdadero poder, decidiendo, inclusive, sobre inversión pública en algunos municipios y corrompió a funcionarios del más alto nivel en el estado.
Para finales del 2012, esta situación resultaba intolerable y por ello surgieron las autodefensas, a las que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto apoyó con el objetivo de recuperar la tranquilidad, sobre todo en Michoacán, y para que proporcionaran información que con el tiempo sirvió para abatir o capturar a liderazgos como los de Servando Martínez “La Tuta”.
Es el cuento de nunca acabar, porque ahora estamos de nueva cuenta ante la evidencia del poder criminal y con la desventaja de que ya ni siquiera hay esfuerzos serios para la construcción y profesionalización de policías, los que son indispensables para enfrentar este tipo de situaciones. Recordemos que la Policía Federal resultó central en desmembramiento de esas células criminales.
En cambio, la Guardia Nacional no es la solución, porque en realidad se trata de batallones del Ejército, entrenados para ejercer la fuerza, pero no para dinámicas que requieren de otras estructuras e inclusive temperamentos para ser exitosas.
LAS VÍSPERAS DEL 2024
Mariana Rodríguez será la candidata de MC a la alcaldía de Monterrey. Al ser esposa del gobernador Samuel García, desatará toda una discusión sobre el nepotismo y además respecto a la banalización de la política, donde los impactos en redes sociales suplen a la experiencia. Para mala fortuna, los regiomontanos ya están experimentado las consecuencias de obviar trayectorias a cambio de likes.
Pero, además, se ve complicado que conserven Monterrey, sobre todo porque el PRI y el PAN irán en conjunto para obtener esa posición.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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