La cárcel de Murillo, por la verdad y no por la masacre

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– La sed de venganza que se alimentó a lo largo de ocho años para obtener dividendos electorales, necesitaba un colofón, y como no pudo ser el encuentro con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por eso se procede contra los que indagaron el caso y dieron con los asesinos. 

Esto ya estaba en el esquema desde que en la FGR nombraron fiscal del caso a un resentido que había trabajado bajo las órdenes del GIEI. Por eso el primer objetivo fue Tomás Zerón de Lucio, el director de la Agencia de Investigación Criminal, quien encontró restos humanos en el Río San Juan.

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De ahí que el esfuerzo ministerial, a partir de diciembre de 2018, haya sido el tratar de probar que no hubo una hoguera en el basurero de Cocula, en lugar de encargarse de que los asesinos materiales y confesos no salieran de la cárcel.   

Sí, Jesús Murillo Karam está en prisión porque dio a conocer que fueron los Guerreros Unidos, con el auxilio de policías municipales de Iguala, quienes mataron a los normalistas. 

Este hecho es reconocido no solo por la entonces PGR, sino por la actual FGR y la Comisión de la Verdad.  ¿Entonces? Ahí está el meollo del asunto. Ya no se trata de buscar justicia, sino de imponer un castigo. 

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La verdad histórica es ahora el agravio y no la masacre. De ese tamaño es el despropósito. Acaso por ello, el agente policiaco que notificó a Murillo Karam de los motivos de su detención le dijo que “era penoso” lo que estaba ocurriendo y el exprocurador le aclaró que “no es penoso, es político” el asunto. 

Los fiscales que tuvieron que dar la cara en el juzgado no conocían la carpeta de investigación, al grado de que fueron regañados por el juez. Pero en su confusión señalaron que se realizó un cónclave en Iguala, el 7 de octubre de 2014, donde se habría decidió construir la verdad histórica. El perpetrador del infundio, al menos en parte, es Bernardo Cano Muñozcano, un testigo protegido, que no sabe de qué se habló en el encuentro de autoridades, pero en la FGR lo suponen. 

Los personajes implicados son el propio exprocurador, Zerón de Lucio, Gualberto Ramírez, quien era coordinador antisecuestros; José Luis Martínez Pérez, el entonces delegado de la PGR; Carlos Gómez Arrieta, jefe de la policía Ministerial; Omar García Harfuch, quien coordinaba a la Policía Federal en el estado, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.  

Está versión se irá derrumbando por absurda e insostenible, pero es un pincelazo de las perlas negras que se irán encontrando en el expediente.  

El eje de las acusaciones contra Murillo y que se extenderá a otros servidores públicos, es que pudieron evitar que los 43 normalistas fueran secuestrados y asesinados. Ese sería el encubrimiento del que hablan.  

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La FGR no tiene pruebas de ello, sino conjeturas. No explican cómo es que el procurador Murillo Karam hubiera podido detener a los sicarios alentados por el presidente municipal, José Luis Abarca, si atrajo la indagatoria hasta el 5 de octubre, ocho días después de lo ocurrido.

Aunado a ello, hay que tener presente que fue gracias a las indagatorias del fiscal guerrerense, Iñaki Blanco, que se estableció que se trataba de desaparición forzada, asumiendo la gravedad de lo ocurrido y consignado, el 28 de septiembre, a 22 policías municipales de Iguala, por el asesinato de cinco estudiantes normalistas.  

SÍ BUSCARON AL SOLDADO LÓPEZ PATOLZIN 

Hace tres años, en 2019, el periodista Ciro Gómez Leyva difundió un video en el que se muestra a la madre de Julio López Patolzin, estudiante de Ayotzinapa y soldado que se reportaba en el Mesa de Inteligencia, solicitando información sobre su hijo. Ahí, en las instalaciones del 50 Batallón de Infantería en Chilpancingo, el coronel Gregorio Espinosa le informó a doña Joaquina Patolzin que estaban en la búsqueda de su hijo y le dieron un sobre con los 5 mil 667 pesos de la quincena. “Hacemos todo lo posible por encontrarlos. Sabemos lo que se siente. Si cuando se raspan la rodilla sufre uno”.  

También le tomaron muestras de sangre a la señora Patolzin, en la enfermería, para obtener el ADN, dentro de los esquemas de búsqueda de personas desaparecidas. Era 28 de septiembre de 2014.

@jandradej