El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, se sintió con claridad en la Ciudad de México la tarde de este viernes 5 de junio, provocando desalojos espontáneos en diversas demarcaciones ante el absoluto silencio de los altavoces del C5. Tras el descontento ciudadano por la falta de activación de la alerta sísmica, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que el sistema no se detonó debido a que el movimiento ocurrió a más de 300 kilómetros de la capital y no superó el umbral de magnitud 6.0; en tanto, dependencias locales encabezadas por el secretario de seguridad, Pablo Vázquez, y el director del Metro, Adrián Rubalcava, reportaron saldo blanco y la operación normal de la infraestructura tras la ejecución inmediata de los protocolos de revisión
Bajo la persistente lluvia de Coatzacoalcos, la dolorosa realidad de la violencia contra la prensa interrumpió la gira presidencial cuando Rubicelia Hernández, madre de la periodista secuestrada Roxana Berenice Guzmán, logró llegar hasta la ventanilla del vehículo de Claudia Sheinbaum para suplicarle, entre lágrimas, que le devuelva a su hija con vida. En un emotivo instante que congeló el bullicio de los simpatizantes, la mandataria federal sostuvo las manos de la desesperada mujer y le pidió mantener la calma con la promesa de que la directora de Pulso Informativo del Sureste "va a aparecer", mientras a nivel institucional la Fiscalía del Estado, encabezada por Lizbeth Jiménez, enfoca sus esfuerzos tecnológicos en rastrear el vehículo con placas clonadas y analizar la grabación que la propia comunicadora logró activar segundos antes de ser privada de su libertad
A seis meses del descarrilamiento en Oaxaca que dejó 14 muertos y 109 heridos, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión millonaria para modificar el trazo del Tren Interoceánico, enfocada en suavizar las curvas más pronunciadas cercanas a Salina Cruz. Durante su conferencia matutina de este viernes 5 de junio, la mandataria detalló que el servicio de pasajeros continuará suspendido hasta que una certificadora internacional avale las condiciones de seguridad y concluyan las obras en la infraestructura heredada del sexenio anterior, la cual colapsó en diciembre de 2025 debido a un exceso de velocidad que expuso las fallas de diseño y pendientes complejas previamente advertidas por la Auditoría Superior de la Federación.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
La cárcel de Murillo, por la verdad y no por la masacre
Jesús Murillo Karam está en prisión porque dio a conocer que fueron los Guerreros Unidos, con el auxilio de policías municipales de Iguala, quienes mataron a los normalistas. Ya no se trata de buscar justicia, sino de imponer un castigo.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
EMEEQUIS.– La sed de venganza que se alimentó a lo largo de ocho años para obtener dividendos electorales, necesitaba un colofón, y como no pudo ser el encuentro con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por eso se procede contra los que indagaron el caso y dieron con los asesinos.
Esto ya estaba en el esquema desde que en la FGR nombraron fiscal del caso a un resentido que había trabajado bajo las órdenes del GIEI. Por eso el primer objetivo fue Tomás Zerón de Lucio, el director de la Agencia de Investigación Criminal, quien encontró restos humanos en el Río San Juan.
De ahí que el esfuerzo ministerial, a partir de diciembre de 2018, haya sido el tratar de probar que no hubo una hoguera en el basurero de Cocula, en lugar de encargarse de que los asesinos materiales y confesos no salieran de la cárcel.
Sí, Jesús Murillo Karam está en prisión porque dio a conocer que fueron los Guerreros Unidos, con el auxilio de policías municipales de Iguala, quienes mataron a los normalistas.
Este hecho es reconocido no solo por la entonces PGR, sino por la actual FGR y la Comisión de la Verdad. ¿Entonces? Ahí está el meollo del asunto. Ya no se trata de buscar justicia, sino de imponer un castigo.
La verdad histórica es ahora el agravio y no la masacre. De ese tamaño es el despropósito. Acaso por ello, el agente policiaco que notificó a Murillo Karam de los motivos de su detención le dijo que “era penoso” lo que estaba ocurriendo y el exprocurador le aclaró que “no es penoso, es político” el asunto.
Los fiscales que tuvieron que dar la cara en el juzgado no conocían la carpeta de investigación, al grado de que fueron regañados por el juez. Pero en su confusión señalaron que se realizó un cónclave en Iguala, el 7 de octubre de 2014, donde se habría decidió construir la verdad histórica. El perpetrador del infundio, al menos en parte, es Bernardo Cano Muñozcano, un testigo protegido, que no sabe de qué se habló en el encuentro de autoridades, pero en la FGR lo suponen.
Los personajes implicados son el propio exprocurador, Zerón de Lucio, Gualberto Ramírez, quien era coordinador antisecuestros; José Luis Martínez Pérez, el entonces delegado de la PGR; CarlosGómez Arrieta, jefe de la policía Ministerial; Omar García Harfuch, quien coordinaba a la Policía Federal en el estado, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Está versión se irá derrumbando por absurda e insostenible, pero es un pincelazo de las perlas negras que se irán encontrando en el expediente.
El eje de las acusaciones contra Murillo y que se extenderá a otros servidores públicos, es que pudieron evitar que los 43 normalistas fueran secuestrados y asesinados. Ese sería el encubrimiento del que hablan.
La FGR no tiene pruebas de ello, sino conjeturas. No explican cómo es que el procurador Murillo Karam hubiera podido detener a los sicarios alentados por el presidente municipal, José Luis Abarca, si atrajo la indagatoria hasta el 5 de octubre, ocho días después de lo ocurrido.
Aunado a ello, hay que tener presente que fue gracias a las indagatorias del fiscal guerrerense, Iñaki Blanco, que se estableció que se trataba de desaparición forzada, asumiendo la gravedad de lo ocurrido y consignado, el 28 de septiembre, a 22 policías municipales de Iguala, por el asesinato de cinco estudiantes normalistas.
SÍ BUSCARON AL SOLDADO LÓPEZ PATOLZIN
Hace tres años, en 2019, el periodista Ciro Gómez Leyva difundió un video en el que se muestra a la madre de Julio López Patolzin, estudiante de Ayotzinapa y soldado que se reportaba en el Mesa de Inteligencia, solicitando información sobre su hijo. Ahí, en las instalaciones del 50 Batallón de Infantería en Chilpancingo, el coronel Gregorio Espinosa le informó a doña Joaquina Patolzin que estaban en la búsqueda de su hijo y le dieron un sobre con los 5 mil 667 pesos de la quincena. “Hacemos todo lo posible por encontrarlos. Sabemos lo que se siente. Si cuando se raspan la rodilla sufre uno”.
También le tomaron muestras de sangre a la señora Patolzin, en la enfermería, para obtener el ADN, dentro de los esquemas de búsqueda de personas desaparecidas. Era 28 de septiembre de 2014.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, se sintió con claridad en la Ciudad de México la tarde de este viernes 5 de junio, provocando desalojos espontáneos en diversas demarcaciones ante el absoluto silencio de los altavoces del C5. Tras el descontento ciudadano por la falta de activación de la alerta sísmica, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que el sistema no se detonó debido a que el movimiento ocurrió a más de 300 kilómetros de la capital y no superó el umbral de magnitud 6.0; en tanto, dependencias locales encabezadas por el secretario de seguridad, Pablo Vázquez, y el director del Metro, Adrián Rubalcava, reportaron saldo blanco y la operación normal de la infraestructura tras la ejecución inmediata de los protocolos de revisión
Bajo la persistente lluvia de Coatzacoalcos, la dolorosa realidad de la violencia contra la prensa interrumpió la gira presidencial cuando Rubicelia Hernández, madre de la periodista secuestrada Roxana Berenice Guzmán, logró llegar hasta la ventanilla del vehículo de Claudia Sheinbaum para suplicarle, entre lágrimas, que le devuelva a su hija con vida. En un emotivo instante que congeló el bullicio de los simpatizantes, la mandataria federal sostuvo las manos de la desesperada mujer y le pidió mantener la calma con la promesa de que la directora de Pulso Informativo del Sureste "va a aparecer", mientras a nivel institucional la Fiscalía del Estado, encabezada por Lizbeth Jiménez, enfoca sus esfuerzos tecnológicos en rastrear el vehículo con placas clonadas y analizar la grabación que la propia comunicadora logró activar segundos antes de ser privada de su libertad
A seis meses del descarrilamiento en Oaxaca que dejó 14 muertos y 109 heridos, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión millonaria para modificar el trazo del Tren Interoceánico, enfocada en suavizar las curvas más pronunciadas cercanas a Salina Cruz. Durante su conferencia matutina de este viernes 5 de junio, la mandataria detalló que el servicio de pasajeros continuará suspendido hasta que una certificadora internacional avale las condiciones de seguridad y concluyan las obras en la infraestructura heredada del sexenio anterior, la cual colapsó en diciembre de 2025 debido a un exceso de velocidad que expuso las fallas de diseño y pendientes complejas previamente advertidas por la Auditoría Superior de la Federación.
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