Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En un raro acto de franqueza, AMLO admitió que el INSABI fue un fracaso. Este reconocimiento es significativo, considerando los recursos dilapidados y las vidas afectadas por la improvisación en el sistema de salud de México.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.- En un raro acto de franqueza, el presidente López Obrador admitió recientemente que el funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) fue un fracaso. Esta confesión no es cosa menor, pues hablamos de miles de millones de recursos dilapidados, y no menos importante, de vidas afectadas por la política de improvisación en el sistema de salud de México.
De Seguro Popular a INSABI: Una Transición Problemática
El INSABI fue introducido como reemplazo del Seguro Popular, bajo el pretexto de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia en la entrega de servicios de salud. Sin embargo, la forma en que se implementó esta transición dejó mucho que desear. Desde su concepción, el INSABI se vio envuelto en controversias y críticas, principalmente por la falta de una estructura clara y por problemas en la gestión de recursos.
Un aspecto particularmente crítico fue la gestión de los medicamentos. Al principio, la responsabilidad de las compras consolidadas, anteriormente a cargo del IMSS, fue transferida a la Secretaría de Hacienda. Este cambio, dirigido por Raquel Buenrostro —entonces Oficial Mayor de Hacienda y ahora futura titular de la Secretaría de la Función Pública que estará a cargo de la revisión de compras—, generó un gran cuello de botella que colapsó el abastecimiento de medicinas.
Posteriormente, se reformó la Ley de Adquisiciones, eliminando ciertos requisitos bajo el falso argumento de que existían impedimentos legales para realizar compras internacionales. Esta maniobra facilitó las adquisiciones internacionales sin los controles adecuados, lo que llevó a la contratación de la UNOPS a través del INSABI para gestionar estas compras, resultando en otro fracaso notable. Finalmente, la responsabilidad recayó en Birmex, actualmente administrada por el sector militar, que también enfrenta dificultades para cumplir con esta tarea.
El último experimento fue la compra de un almacén por miles de millones de pesos, al que nombraron ‘Megafarmacia’, del cual tampoco ha dado los resultados prometidos. A duras penas surte algunas decenas de recetas al día.
El INSABI manejó un presupuesto considerable desde su creación hasta 2023, sumando un total de 435 mil 863 millones de pesos, de los cuales 391 mil millones fueron destinados al programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. A pesar de esta inversión, varios estados como Coahuila, Zacatecas y Nayarit reportaron niveles críticos de desabasto de medicamentos en 2022 de acuerdo con datos de la institución.
Transición INSABI a IMSS – Bienestar: ¿Y la rendición de cuentas?
La sustitución del INSABI por el programa IMSS Bienestar, y la posterior elevación de este último a Organismo Público Descentralizado, se hizo sin una rendición de cuentas clara. Incluso el titular de INSABI fue premiado con una subsecretaría en la Secretaría de Salud, mientras que el encargado de compras consolidadas fue nombrado como titular de IMSS – Bienestar.
El manejo del Fondo de Salud para el Bienestar, antes conocido como Fondo de Gastos Catastróficos, es un ejemplo palpable de esta falta de transparencia. Este fondo, importante para financiar tratamientos de alto costo, vio reducidos sus recursos de 105.8 mil millones de pesos en 2019 a 45.3 mil millones en 2023, lo que representa una disminución del 57.1%.
El caso del INSABI nos deja claro que lanzarse a hacer cambios grandes sin pensarlos bien trae problemas serios. Cuando se trata de la salud de la gente, no se puede jugar a la improvisación. La falta de planeación y control en la reforma del INSABI resultó en un servicio peor para todos, exactamente lo opuesto a lo que se suponía que iba a lograr.
Necesitamos que las reformas sean más que buenas intenciones; tienen que venir acompañadas de mecanismos para que funcionen en la realidad. Para eso, cualquier cambio en cómo se manejan nuestros servicios de salud tiene que revisarse con lupa, asegurándose de que realmente va a mejorar las cosas.
Ante este escenario, el gobierno ahora dirige su mirada hacia el IMSS-Bienestar, con la esperanza de enmendar el acceso deficiente a la salud. Sin embargo, persiste una gran incertidumbre: ¿Ha aprendido realmente de los errores del pasado?
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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