La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
Guardia Nacional, la derrota moral de la izquierda
La reforma que adscribirá la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional consolida la militarización de la seguridad pública en México, dificultando su reversión. Este cambio, considerado un desacato a la Suprema Corte, permite a la Guardia investigar a civiles y representa una derrota moral para la izquierda, aumentando los riesgos para la democracia y la independencia judicial
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
EMEEQUIS.- Viene la reforma que adscribirá la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La militarización será ya un hecho, difícil de revertir, porque estará en la Constitución.
Es la derrota moral de los grupos de izquierda que apoyan a López Obrador. Es un agravio para quienes provienen de las generaciones de los años sesenta y setenta, y es regresiva en lo que respecta a los derechos humanos.
Los hijos y nietos del 68, aliados a un líder populista, están logrando algo que no se les ocurrió ni a Díaz Ordaz ni a Echeverría.
Son muchos, no todos, por supuesto, los que cada 2 de octubre recuerdan los hechos trágicos de Tlatelolco, aunque ahora viajan en una dirección muy distinta de aquella que reivindicaron a lo largo del tiempo.
¿Qué queda de aquella tarde en el edificio Chihuahua y la Plaza de las Tres Culturas?
Se rompe con la tradición constitucional que viene desde 1857, que delimitaba el papel y participación de las Fuerzas Armadas, y se abre la puerta, ahora sí, para la construcción de un modelo de seguridad que no será civil y en el que la renuncia a la construcción de una policía es ya explícita.
Por si fuera poco, los integrantes de la Guardia Nacional, todos ellos soldados o marinos, tendrán la facultad de investigar a civiles. Esto es uno de los aspectos más delicados de la iniciativa, porque puede abrir la puerta a toda una serie de arbitrariedades.
En el Artículo 21 de la Constitución se consignará que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de esa función.”
Si ya era difícil, desde la perspectiva de los fiscales, controlar a los comandantes de las diversas corporaciones, PJF, AFI, AIC, entre otras, próximamente será más que complicado que alguien se atreva y que le hagan caso a ordenarle a un general cómo se debe realizar una indagatoria y cuáles son sus límites.
Encargar a los militares la seguridad pública nunca fue la mejor idea, pero a falta de otras posibilidades, entre ellas la debilidad de las policías estatales y municipales, eso se vino haciendo desde hace años, cobrando fuerza en el gobierno de Felipe Calderón y normalizándose en el de López Obrador.
Es más, en la Secretaría de la Defensa siempre fueron reacios a realizar tareas que no les correspondían y que podían meterlos en enredos y dificultades, como ocurrió en más de una ocasión a lo largo del tiempo.
La reforma de la Guardia Nacional es hija de un desacato a la Suprema Corte, ya que a partir del primer día de este año se tendría que haber nombrado a un jefe civil y con la adscripción de todos sus integrantes en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Esto, en sí mismo, es un mal augurio de cómo serán las cosas en los próximos años, más aún cuando se formalice la integración del nuevo Poder Judicial, donde no hay certeza alguna de que se mantenga su independencia y profesionalismo.
De ahí que el proceso de militarización sea todavía más riesgoso que en condiciones de normalidad democrática.
Si se unen las piezas: Guardia Nacional, formalmente militar, y jueces producto de una designación que está muy lejos de los estándares internacionales, lo que tenemos enfrente es una construcción que puede devorar inclusive a sus impulsores.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
.svg){kind=small}
