El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, se sintió con claridad en la Ciudad de México la tarde de este viernes 5 de junio, provocando desalojos espontáneos en diversas demarcaciones ante el absoluto silencio de los altavoces del C5. Tras el descontento ciudadano por la falta de activación de la alerta sísmica, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que el sistema no se detonó debido a que el movimiento ocurrió a más de 300 kilómetros de la capital y no superó el umbral de magnitud 6.0; en tanto, dependencias locales encabezadas por el secretario de seguridad, Pablo Vázquez, y el director del Metro, Adrián Rubalcava, reportaron saldo blanco y la operación normal de la infraestructura tras la ejecución inmediata de los protocolos de revisión
Bajo la persistente lluvia de Coatzacoalcos, la dolorosa realidad de la violencia contra la prensa interrumpió la gira presidencial cuando Rubicelia Hernández, madre de la periodista secuestrada Roxana Berenice Guzmán, logró llegar hasta la ventanilla del vehículo de Claudia Sheinbaum para suplicarle, entre lágrimas, que le devuelva a su hija con vida. En un emotivo instante que congeló el bullicio de los simpatizantes, la mandataria federal sostuvo las manos de la desesperada mujer y le pidió mantener la calma con la promesa de que la directora de Pulso Informativo del Sureste "va a aparecer", mientras a nivel institucional la Fiscalía del Estado, encabezada por Lizbeth Jiménez, enfoca sus esfuerzos tecnológicos en rastrear el vehículo con placas clonadas y analizar la grabación que la propia comunicadora logró activar segundos antes de ser privada de su libertad
A seis meses del descarrilamiento en Oaxaca que dejó 14 muertos y 109 heridos, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión millonaria para modificar el trazo del Tren Interoceánico, enfocada en suavizar las curvas más pronunciadas cercanas a Salina Cruz. Durante su conferencia matutina de este viernes 5 de junio, la mandataria detalló que el servicio de pasajeros continuará suspendido hasta que una certificadora internacional avale las condiciones de seguridad y concluyan las obras en la infraestructura heredada del sexenio anterior, la cual colapsó en diciembre de 2025 debido a un exceso de velocidad que expuso las fallas de diseño y pendientes complejas previamente advertidas por la Auditoría Superior de la Federación.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
El presupuesto como arma: ¿entidades federativas en la mira?
El gasto centralizado son recursos ejercidos directamente por el gobierno federal en las entidades. Estos fondos no están regulados por la ley, lo que permite un uso completamente discrecional y alineado con los intereses del presidente en turno: por ejemplo, megaobras.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
EMEEQUIS.– La llegada al poder de López Obrador marcó un cambio significativo en la dinámica política de México, sobre todo en lo que respecta al fortalecimiento del presidencialismo. Esto ha impactado directamente en el equilibrio de poderes, debilitando no sólo al legislativo y al judicial, sino también a las entidades federativas.
Uno de los primeros movimientos en esta dirección fue la introducción de los superdelegados. Estas figuras, vinculadas a la Secretaría de Bienestar, se convirtieron en intermediarios entre los gobernadores y la presidencia. Pero su papel no se detuvo ahí; también se convirtieron en plataformas para futuros candidatos políticos.
Ahora, hablemos del presupuesto, una herramienta que el presidente ha utilizado para ejercer presión sobre las entidades federativas. Aquí es donde entra en juego el concepto de Gasto Federalizado, que son fondos entregados directamente a estados y municipios, regidos por la Ley de Coordinación Fiscal desde 1978.
Este gasto se divide en participaciones y aportaciones federales. Las primeras son recursos no condicionados que los estados pueden usar a su discreción, mientras que las segundas están destinadas a servicios públicos básicos como educación, salud e infraestructura social. También hay recursos que se reciben a través de convenios y subsidios.
Si observamos la distribución de estos recursos, notamos que se concentran principalmente en estados con alta población y niveles de pobreza. Según el proyecto de presupuesto para 2024, los estados más beneficiados son el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Oaxaca y Michoacán.
Aunque el gasto federal ha aumentado desde 2018, esto no se ha traducido en un incremento significativo para las entidades federativas. De hecho, ajustado por inflación, el crecimiento ha sido de apenas un 3%.
Además, el gasto federalizado representa una porción cada vez menor del presupuesto federal. En 2018, constituía el 34%; ahora, según el proyecto de presupuesto 2024, es solo el 27%.
Elaborado por Laboratorio de Automatización y Análisis Presupuestario con datos de la SCHP
Es más, de 2023 a 2024, los recursos federales para los estados crecerán sólo un 0.5%. Y hay 12 estados que recibirán incluso menos recursos el próximo año.
Elaborado por Laboratorio de Automatización y Análisis Presupuestario con datos de la SCHP
No podemos olvidar los programas de infraestructura Ramo 23, que fueron eliminados en el presupuesto 2019. Este ramo era famoso por su uso en “moches” para ganar apoyo político, pero su eliminación no ha erradicado las malas prácticas; simplemente cambiaron de forma.
Esto se confirma mediante el gasto centralizado, que son recursos ejercidos directamente por el gobierno federal en las entidades. Estos fondos no están regulados por la ley, lo que permite un uso completamente discrecional y alineado con los intereses del presidente en turno.
Elaboración propia con datos de la SCHP
Un análisis de estos recursos revela que las prioridades del presidente se han centrado ahí donde se construyen sus megaobras, beneficiando principalmente a estados como Campeche, Tabasco, Ciudad de México, Yucatán, Veracruz, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. Solo en Campeche y Tabasco se habrán invertido un billón de pesos aproximadamente, cada uno, durante el sexenio de López Obrador.
México es un país de grandes desigualdades regionales. Tanto el gasto federalizado como el centralizado tienen el potencial de nivelar el campo de juego, asegurando una distribución más equitativa de los recursos.
Para lograr esto, los recursos federales podrían usarse como incentivos para mejorar la gestión y eficiencia en los estados. Imaginemos un sistema donde se premie a los estados que alcancen metas específicas en áreas como educación o salud.
Desafortunadamente, el actual gobierno ha mantenido las prácticas de uso discrecional de los recursos, perdiendo la oportunidad de abordar las desigualdades regionales y promover un desarrollo más equilibrado a nivel nacional.
Es importante que en la discusión del presupuesto federal abramos un debate serio sobre cómo se distribuyen y utilizan los recursos federales en las entidades federativas. No podemos conformarnos de que estos fondos se utilicen como una herramienta política, especialmente cuando hay tanto en juego en términos de desarrollo y equidad.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, se sintió con claridad en la Ciudad de México la tarde de este viernes 5 de junio, provocando desalojos espontáneos en diversas demarcaciones ante el absoluto silencio de los altavoces del C5. Tras el descontento ciudadano por la falta de activación de la alerta sísmica, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que el sistema no se detonó debido a que el movimiento ocurrió a más de 300 kilómetros de la capital y no superó el umbral de magnitud 6.0; en tanto, dependencias locales encabezadas por el secretario de seguridad, Pablo Vázquez, y el director del Metro, Adrián Rubalcava, reportaron saldo blanco y la operación normal de la infraestructura tras la ejecución inmediata de los protocolos de revisión
Bajo la persistente lluvia de Coatzacoalcos, la dolorosa realidad de la violencia contra la prensa interrumpió la gira presidencial cuando Rubicelia Hernández, madre de la periodista secuestrada Roxana Berenice Guzmán, logró llegar hasta la ventanilla del vehículo de Claudia Sheinbaum para suplicarle, entre lágrimas, que le devuelva a su hija con vida. En un emotivo instante que congeló el bullicio de los simpatizantes, la mandataria federal sostuvo las manos de la desesperada mujer y le pidió mantener la calma con la promesa de que la directora de Pulso Informativo del Sureste "va a aparecer", mientras a nivel institucional la Fiscalía del Estado, encabezada por Lizbeth Jiménez, enfoca sus esfuerzos tecnológicos en rastrear el vehículo con placas clonadas y analizar la grabación que la propia comunicadora logró activar segundos antes de ser privada de su libertad
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