Estados Unidos atacó un buque de narcotráfico cerca de la costa de Venezuela, matando a cuatro presuntos narcoterroristas sin bajas propias. La operación, ejecutada bajo órdenes del presidente Trump, aumenta la tensión regional y genera cuestionamientos sobre soberanía y operaciones militares en aguas internacionales
Estados Unidos atacó un buque de narcotráfico cerca de la costa de Venezuela, matando a cuatro presuntos narcoterroristas sin bajas propias. La operación, ejecutada bajo órdenes del presidente Trump, aumenta la tensión regional y genera cuestionamientos sobre soberanía y operaciones militares en aguas internacionales
En San Lázaro apareció una propuesta insólita: cárcel para quienes hagan memes, stickers o videos con IA que “ridiculicen” o dañen la reputación. La iniciativa del morenista Armando Corona busca combatir el ciberacoso, pero su redacción ambigua abre la puerta a la censura y a blindar a funcionarios contra la crítica política
Este viernes 3 de octubre el objeto interestelar 3I/ATLAS pasará cerca de Marte: la NASA planea captar imágenes para revelar su extraño comportamiento. El científico Avi Loeb dice que podría ser de origen artificial.
La marcha por el 2 de octubre en la CDMX reunió a 10 mil personas en memoria del 68. Aunque fue mayoritariamente pacífica, la violencia de 350 encapuchados dejó 94 policías lesionados, 29 civiles heridos, saqueos y destrozos en el Centro Histórico
Estados Unidos atacó un buque de narcotráfico cerca de la costa de Venezuela, matando a cuatro presuntos narcoterroristas sin bajas propias. La operación, ejecutada bajo órdenes del presidente Trump, aumenta la tensión regional y genera cuestionamientos sobre soberanía y operaciones militares en aguas internacionales
Estados Unidos atacó un buque de narcotráfico cerca de la costa de Venezuela, matando a cuatro presuntos narcoterroristas sin bajas propias. La operación, ejecutada bajo órdenes del presidente Trump, aumenta la tensión regional y genera cuestionamientos sobre soberanía y operaciones militares en aguas internacionales
En San Lázaro apareció una propuesta insólita: cárcel para quienes hagan memes, stickers o videos con IA que “ridiculicen” o dañen la reputación. La iniciativa del morenista Armando Corona busca combatir el ciberacoso, pero su redacción ambigua abre la puerta a la censura y a blindar a funcionarios contra la crítica política
Estados Unidos atacó un buque de narcotráfico cerca de la costa de Venezuela, matando a cuatro presuntos narcoterroristas sin bajas propias. La operación, ejecutada bajo órdenes del presidente Trump, aumenta la tensión regional y genera cuestionamientos sobre soberanía y operaciones militares en aguas internacionales
Estados Unidos atacó un buque de narcotráfico cerca de la costa de Venezuela, matando a cuatro presuntos narcoterroristas sin bajas propias. La operación, ejecutada bajo órdenes del presidente Trump, aumenta la tensión regional y genera cuestionamientos sobre soberanía y operaciones militares en aguas internacionales
EMEEQUIS.- En San Lázaro apareció una iniciativa que parece meme pero no lo es. El diputado Armando Corona Arvizu, de Morena, propuso castigar con cárcel a quienes difundan imágenes, memes, stickers, audios o videos manipulados con inteligencia artificial para dañar la reputación de las personas. Y si la víctima es servidor público, la pena se incrementa.
En papel, busca proteger a la ciudadanía del ciberacoso y de los deepfakes. En la práctica, huele a nueva ley de censura.
La propuesta adiciona los artículos 211 Bis 8 y Bis 9 al Código Penal Federal. Ahí se establece que quien “cree, manipule, transforme, reproduzca o difunda imágenes, videos, audios o representaciones digitales” hechos con IA, sin consentimiento de la persona, y con el fin de “ridiculizar, acosar, suplantar o dañar su reputación o dignidad”, podría recibir de tres a seis años de prisión, además de multa.
¿Qué entra ahí? Desde un deepfake sexual, hasta un meme político o un simple sticker de WhatsApp.
La iniciativa de Armando Corona Arvizu argumenta sobre los riesgos de los memes y stickers
Es cierto: México enfrenta un problema serio con la violencia digital. El INEGI reporta que casi 19 millones de personas sufrieron ciberacoso en 2024. Los fraudes con IA crecieron 220% en dos años y las mujeres son las más vulnerables a la manipulación de su imagen. Nadie duda de la necesidad de legislar.
Pero la iniciativa abre la puerta a que cualquier político, con piel delgada, acuse a un periodista, un caricaturista o un ciudadano de ridiculizarlo. Se propone una defensa contra el ciberacoso pero podría acabar como herramienta para silenciar la crítica.
El artículo 211 Bis 8 habla de sancionar a quien use IA para “ridiculizar” o “dañar la reputación”. ¿Quién decide qué es ridiculizar? ¿Un juez? ¿Un político ofendido? El riesgo es que caricaturas políticas, cartones de prensa o simples stickers con la cara de un funcionario puedan ser denunciados como delitos.
Ni siquiera se intenta incorporar excepciones para parodia, sátira y crítica política. La redacción del 211 Bis 9 es todavía más preocupante: ahí se establece que si la víctima es “servidor público en ejercicio de sus funciones” la pena aumenta a la mitad.
Es decir, en vez de proteger a la ciudadanía, la ley podría usarse como escudo para blindar a políticos contra la crítica. Basta que un funcionario alegue “ridiculización” para que un meme, un cartón o un sticker se convierta en un delito con cárcel.
En un país donde la crítica política ha sobrevivido gracias al humor, criminalizar memes y stickers sería retroceder décadas. En lugar de atender con criterios claros e integrales, esta iniciativa mezcla todo y lo sanciona con cárcel: desde un deepfake dañino hasta un sticker de WhatsApp.
El resultado puede ser un efecto inhibidor, el famoso “chilling effect”. Es decir: usuarios que dejen de hacer humor, memes o crítica por miedo a prisión, aun si el contenido es de interés público.
Texto propuesto por el Diputado Armando Corona Arvizu
DÉJA VU
No es la primera vez que Morena se lanza contra el humor digital. En Puebla, el entonces gobernador y senador con licencia Alejandro Armenta impulsó la llamada Ley Censura, una reforma al Código Penal local que pretendía sancionar hasta con cárcel a quien “insulte, injurie, ofenda o agravie” a otra persona en el espacio digital.
El problema no era menor: esas palabras, tan amplias y subjetivas, podían aplicarse lo mismo a un acto de acoso real que a un tuit incómodo, un meme contra un político o un cartón de prensa. La organización Artículo 19 advirtió que se trataba de un riesgo directo a la libertad de expresión porque, al no definir con precisión los supuestos, habilitaba a la autoridad a usar la ley como un mecanismo de censura.
En marzo, el propio Ricardo Monreal presentó la tristemente célebre Ley Anti-Memes, que pedía etiquetar como “meme” todo contenido humorístico para evitar sanciones. Tras el escándalo retiró la propuesta, reconociendo que debía buscar más consenso.
Ahora, con otro nombre y otra justificación, la idea vuelve a aparecer.
Sí, urge regular el uso de la inteligencia artificial para frenar fraudes, ciberacoso y suplantaciones de identidad. Pero no con una ley ambigua que puede usarse contra la prensa o la ciudadanía. La crítica política, incluso cuando es incómoda, está protegida por la Constitución y por los estándares internacionales.
El riesgo es que, disfrazada de protección digital, esta Ley Anti-Stickers termine siendo recordada como un intento más de blindar a la clase política contra la burla.
Estados Unidos atacó un buque de narcotráfico cerca de la costa de Venezuela, matando a cuatro presuntos narcoterroristas sin bajas propias. La operación, ejecutada bajo órdenes del presidente Trump, aumenta la tensión regional y genera cuestionamientos sobre soberanía y operaciones militares en aguas internacionales
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