Mientras San Juan Cancuc y Chenalhó, en Chiapas, son todavía de los municipios más pobres de México, sus alcaldes perciben salarios más altos que los de varios secretarios estatales. Con remuneraciones que superan los 70 mil pesos mensuales, ¿cómo justifican los gobernantes estos sueldos cuando sus comunidades carecen de servicios básicos?
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
Mientras San Juan Cancuc y Chenalhó, en Chiapas, son todavía de los municipios más pobres de México, sus alcaldes perciben salarios más altos que los de varios secretarios estatales. Con remuneraciones que superan los 70 mil pesos mensuales, ¿cómo justifican los gobernantes estos sueldos cuando sus comunidades carecen de servicios básicos?
Apenas el 13 de septiembre, en el marco de la Peregrinación por la Paz, Marcelo Pérez Pérez advirtió de los desafíos y riesgos por la violencia en Chiapas inclusive para los religiosos.
Mientras San Juan Cancuc y Chenalhó, en Chiapas, son todavía de los municipios más pobres de México, sus alcaldes perciben salarios más altos que los de varios secretarios estatales. Con remuneraciones que superan los 70 mil pesos mensuales, ¿cómo justifican los gobernantes estos sueldos cuando sus comunidades carecen de servicios básicos?
El gobernador de Chiapas y la violencia. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Es la guerra de Rutilio Escandón. El gobernador de Chiapas es el principal responsable de una espiral de violencia que no hace sino elevar su grado de intensidad.
El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de las Casas, es el saldo, terrible, de determinaciones que desvanecieron cualquier posibilidad de seguridad con enfoque ciudadano.
Le dispararon, además, después de dar misa. Es un crimen de alto impacto que se debe asociar a lo que también ocurrió con dos misioneros jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados en la sierra Tarahumara en junio de 2022.
Pérez Pérez, apenas el 13 de septiembre, en el marco de la Peregrinación por la Paz, que se desarrolló en Tuxtla, advirtió de los desafíos que se enfrentaban y de los riesgos inclusive para los religiosos.
En entrevista con el periodista Isaín Mandujano, el padre Pérez Pérez señaló que los desplazamientos forzados van en aumento y que muchas personas no retornan a sus poblados porque pueden ser privados de la vida.
“Está avanzando de una forma incontrolable la violencia”.
El párroco reveló que, a los políticos, –los que se iban y los que llegarían– les urgiría a que tomaran en serio el problema, ya que “nosotros seguiremos arriesgando nuestras vidas, pero le pediremos a ellos que hagan su trabajo, que tomen en serio defender al pueblo, que no lo sometan a la esclavitud de la violencia”.
Sobra decir que no le hicieron caso y que casi un mes y medio después de aquellas palabras, sicarios terminarían con su vida.
Las bases de apoyo zapatistas, por su parte, están haciendo un llamado urgente por la incursión de grupos armados en el Caracol de Jerusalén. Los pobladores de Palestina, una comunidad aledaña, han señalado que reciben presiones de grupos del crimen para desalojar y despojar de sus tierras a los colectivos.
Se está creando un escenario para que las distintas comunidades se enfrenten entre ellas, porque de lo que se trata, en última instancia, es de reducir la presencia de grupos afines al EZLN y, sobre todo, de quienes vienen insistiendo en problemáticas que no han hecho sino profundizarse en los últimos años.
Es una paradoja que sea un gobierno que se dice producto de una alianza de izquierda es el que ha sido más nocivo para los zapatistas. Con ellos no hay diálogo sino lejanía, quizá provocada porque se opusieron a proyectos destructores del medio ambiente como el Tren Maya.
Desde 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas advirtió de sobre un ecosistema riesgoso, en el que estaban convergiendo los matones, embarnecidos por asociaciones de propietarios y ganaderos, con sicarios de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
En el Informe “Chiapas, un desastre”, se advertía: “nos encontramos en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial marcada por la continuidad de una estrategia contrainsurgente; así como una impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, explotación y marginación social.”
También se puntualizaba que “hemos documentado, entre el año 2010 y el mes de octubre del 2022, el desplazamiento forzado de al menos 16,755 personas. Del 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala hay al menos 2,000 personas (400 familias) que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada de la disputa por el control territorial de grupos criminales”.
¿Qué se hizo desde el gobierno? Nada, continuar con un esquema militarizado para contener la migración y dejando a los pobladores a su suerte.
Por eso pobladores se están desplazando a Guatemala, donde consideran que tendrán mejores oportunidades.
Sin embargo, no habrá sanción desde el propio poder para Escandón, porque garantizó el triunfo electoral de Morena y sus aliados, pero no podrá esquivar el juicio de la sociedad y de la propia historia.
Mientras San Juan Cancuc y Chenalhó, en Chiapas, son todavía de los municipios más pobres de México, sus alcaldes perciben salarios más altos que los de varios secretarios estatales. Con remuneraciones que superan los 70 mil pesos mensuales, ¿cómo justifican los gobernantes estos sueldos cuando sus comunidades carecen de servicios básicos?
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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