Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En Chalco, la crisis de aguas negras resalta la negligencia de los gobiernos de Alfredo del Mazo y Delfina Gómez. La obra prometida para el Colector Solidaridad quedó inconclusa, causando inundaciones en siete colonias. Más de dos mil viviendas están afectadas y siete mil 600 personas impactadas
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.- Lo que ocurre en Chalco, donde los pobladores llevan semanas viviendo entre aguas negras, no es un evento impredecible de la naturaleza, sino un testimonio de la negligencia de los diversos gobiernos en el Estado de México, en particular los de Alfredo del Mazo y Delfina Gómez.
Además de la alianza política entre ellos, ahora tendrán que compartir la responsabilidad por el triste espectáculo a 32 kilómetros de la Ciudad de México.
El agua sucia quedó atrapada en siete colonias, porque hay un tapón de basura de 50 metros de largo y dos metros y medio de diámetro en el Colector Solidaridad, prueba de que ni se intentó el desazolve en los últimos meses.
Más de dos mil viviendas están anegadas, al menos siete mil 600 personas afectadas y tuvieron que ser evacuadas otras mil 100.
Los daños son incuantificables por el momento, porque además del mobiliario, la situación está generando que se pierdan empleos y que pequeños negocios dejen de funcionar.
Esto es así porque las personas no pueden salir de sus hogares, ya que no hay lanchas suficientes o porque llegan sucios a sus centros de trabajo, lo que produce, para colmo, discriminación.
En 2022, el entonces gobernador Del Mazo prometió la inversión de 115 millones de pesos para remodelar el Colector Solidaridad, que es una de las salidas indispensables de las aguas en el municipio. La obra quedó inconclusa, con un avance del 40 %.
Chalco es una zona de alta marginación, a la que se le van sumando los contratiempos por la ausencia de planeación, porque los políticos solo se ocupan del lugar cuando requieren el voto o les urgen otro tipo de apoyos.
Todos los esfuerzos que se hicieron a finales de los ochenta y principios de los noventa para dotar de dignidad y servicios al lugar quedaron en el recuerdo porque ya no se les dio seguimiento.
Por eso un vecino le reclamó directamente a la gobernadora Gómez, exigiendo que cumpliera los compromisos de campaña y que fuera solidaria con ellos.
En un recorrido en la colonia Jacalones, la mandataria solo alcanzó a decir: “Estamos para eso, claro que hay ese compromiso, hay esa responsabilidad, nada más les pido, aguántenme tantito. Yo voy a pasar el cronograma para que ustedes nos vayan evaluando.”
Y se sinceró: “El hecho de que estemos en una zona que lamentablemente no era para vivir y que lamentablemente por necesidad o por cuestiones de lo que sea, ya están ustedes aquí.”
El “aguántenme tantito” es la descripción de un gobierno sin las capacidades técnicas para enfrentar la tragedia. La improvisación tarde o temprano pasa su factura, pero lo más triste es que los paganos mayores siempre son los más necesitados.
Pero no nos engañemos, el anterior gobernador tampoco se preocupó por evitar que Chalco no se hundiera en aguas hediondas.
Porque, más allá de discursos y promesas, ellos, los pobladores, son los que están viviendo una situación de espanto. Las enfermedades aumentan y el olor es insoportable, de acuerdo con las crónicas periodísticas y los testimonios que han ido recabando en el lugar.
Lo peor del asunto es que, lejos de resolverse el fondo del problema, es muy factible que se busquen soluciones que solo pospongan el siguiente derrame de aguas negras o que se busque que ocurra al paso de los años, para que las responsabilidades se diluyan.
Chalco es el ejemplo de porqué se requiere obra pública prioritaria, la que no tiene el relumbrón de aeropuertos inservibles, pero sí termina por cambiar la vida de las personas cuando se hace del modo adecuado.
Es una lección de la que hay mucho que aprender en todo el valle de México.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
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