CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Es una carrera contra el tiempo la del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Su caso se asemeja al de Mario Villanueva Madrid, quien en los años noventa, enfrentó una investigación de la entonces PGR en su contra por narcotráfico. Investido con fuero, intentaron detenerlo, pero se les escapó justo el día en que terminaba su mandato. Anduvo años a salto de mata, viviendo en pantanos y con el alma en un hilo.
Villanueva Madrid había gobernado Quintana Roo sin límite y creyendo que el cargo era para siempre, pero aquel error le costó años de cárcel.
El gobernante tamaulipeco es más sofisticado. No se sabe si aún continúa con fuero. La Cámara de Diputados aprobó la procedencia de un juicio en su contra, pero la legislatura local lo protegió. Un duelo de atribuciones que tiene mucho de fondo.
La primera Sala de la Suprema Corte decidirá su caso, el próximo 15 de agosto, aunque varias veces se ha pospuesto el tema.
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Aun así, el primer minuto de octubre quedará despojado de cualquier protección y a la suerte de lo que determine la FGR. Hasta ahora, el fiscal Alejandro Gertz parece decidido a continuar con el caso que acumula acusaciones de lavado de dinero.
La distancia con quien será su sucesor, Américo Villarreal, es más que evidente. Por si eso fuera poco, en el equipo del nuevo gobernador se encuentra Santiago Nieto, el extitular de la UIF, y quien indagó a profundidad a García Cabeza de Vaca.
REYNOSA, EL JUEGO DE TRONOS
El intento de buscar que el cambio de gobierno sea lo menos costoso para los que aún están en el poder, se refleja en disputas políticas que se trasladan a los tribunales. Es el caso de Reynosa, donde el alcalde, Carlos Peña Ortiz, tiene orden de captura por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Si bien las denuncias en su contra partieron del fuego amigo de Morena, la situación fue utilizada, por el gobierno del estado, para cobrarse la traición de Maki Ortiz, la madre de Peña y antigua militante del PAN y exalcaldesa de Reynosa, que se pasó al morenismo y operó en su favor.
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En la elección municipal de 2021, los números no dejaron duda del costo de la defección: para Peña Ortiz, postulado por Morena y el PT, fueron 95 mil 360 sufragios, mientras para el panista Jesús Moreno Ibarra el apoyo en las urnas alcanzó los 69 mil 314 votos.
Y en medio del mar de confusiones que impera en ese municipio de la frontera, la cereza de pastel la puso Luis Espino Acosta, excandidato de Movimiento Ciudadano a una diputación y quien anduvo ofreciendo cinco millones de pesos a cada regidor para convertirse en el sustituto de Peña Ortiz, como consta en un audio que circuló profusamente. Espino Acosta, más pillo de ocasión que político maquiavélico, puso en un dilema a su padre, Jorge Espino Ascanio, el auditor Superior del Estado.
SHEFFIELD, LA FUERZA DE LA CONVERSIÓN
Ricardo Sheffield es un caso paradigmático. Hace unos meses, el secretario de Gobernación, Adán López Hernández, corrió, sin avisarle, a sus funcionarios más cercanos en la Profeco. Había múltiples denuncias y se sospechaba de corrupción.
Sheffield aguantó el golpe y se mantiene en el cargo de procurador del Consumidor, porque los servicios que presta a la 4T son en este momento centrales a nivel propagandístico.
La nueva tarea es la de hacer escarnio de los servidores públicos que tienen un ingreso mayor al del presidente López Obrador.
Es verdad que otro haría el trabajo si él se negara, pero decidió hacerlo, con la pasión que solo encuentran los conversos. De un sulfuroso panismo radical, como solo suele haberlo en el Bajío, pasó a una devoción por la trasformación, digna de mejor causa.
Reveló lo que ya sabíamos, que hay órganos constitucionales en los que no aplica la draconiana reducción de salarios. Además, en las percepciones de los servidores públicos debe existir una lógica y más aún en instituciones que tienen una tarea de vital importancia, como en Banco de México, FGR, INE, INAI, INEGI o el Poder Judicial.
@jandradej
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