César Augusto Ocegueda, consejero jurídico de Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que se equivocó al registrar una casa en su declaración patrimonial por 200 millones cuando vale 2 millones. Espera corregir en breve, mencionó a un medio local.
“Esta marcha del 15 de noviembre no es sólo un evento en la Ciudad de México, es una convocatoria nacional", dice Carlos Alejandro Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo.
La presidenta Claudia Sheinbaum justificó el cerco metálico en Palacio Nacional “para prevenir enfrentamientos” ante la marcha del 15N convocada por la Generación Z. Aseguró que se investigará quiénes están detrás de la movilización, que -dijo- ya fue asumida por la oposición.
García Harfuch y Grisel Galeano presentaron detalles de una investigación de meses para desmantelar una red de 13 casinos físicos y digitales en ocho estados, que usaban identidades de personas para presunto lavado de dinero.
César Augusto Ocegueda, consejero jurídico de Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que se equivocó al registrar una casa en su declaración patrimonial por 200 millones cuando vale 2 millones. Espera corregir en breve, mencionó a un medio local.
Cuatro días antes de que el presidente López Obrador deje el poder, se cumplirán los 10 años de la noche de Iguala. A estas alturas, es notorio que las investigaciones se quedaron donde estaban en 2018.
César Augusto Ocegueda, consejero jurídico de Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que se equivocó al registrar una casa en su declaración patrimonial por 200 millones cuando vale 2 millones. Espera corregir en breve, mencionó a un medio local.
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Ayotzinapa: todo cambia para seguir igual. Análisis de Julián Andrade.
EMEEQUIS.– Como vueltas de un molino, así está la indagatoria sobre el caso Ayotzinapa.
Hace unos días, se informó de la recaptura de Gildardo López, “El Gil”, quien ya había estado en prisión entre 2015 y 2019.
En principio, “El Gil” quedó en libertad porque sufrió malos tratos y tortura. La propia CNDH, en su Recomendación 15/VG/ 2018, estableció que lo que se desprendía de sus declaraciones no tenía valor legal.
Pero “El Gil” está implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, e inclusive fue quien, como líder de los Guerreros Unidos, dio instrucciones a sus subordinados para que se deshicieran de los cadáveres.
Pero, además, hay múltiples pruebas que lo colocan como responsable de las actividades criminales en el municipio de Cocula.
La FGR lo reclutó como testigo colaborador, cuando el encargado de la indagatoria era Omar Gómez Trejo.
Los fiscales le pusieron el nombre de “Juan” y trataron de utilizarlo para involucrar a altos mandos del Ejército y de otras áreas de seguridad, en los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Aquello, como se sabe, terminó un desastre, comprometió todo el caso, porque las historias sembradas por “Juan” se fueron comprobando como inverosímiles.
Lo más grave es que 70 de los implicados en uno de los hechos delictivos más graves, regresaron a la calle, cuando pudieron permanecer tras las rejas si en la FGR hubieran hecho la tarea que les correspondía.
La utilización de testigos colaboradores tiene una utilidad relativa, porque por regla general inventan mucho y aportan poco. Tratan de salvar su pellejo y con esas motivaciones son capaces de contar las historias que sean convenientes a quienes les ofrecieron prebendas, seguridad y márgenes de libertad.
En muchos casos relevantes se les ha utilizado, como en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, donde una vidente enterró la calaca de su consuegro en un predio, fingiendo que eran los restos de otra persona, los de la operación limpieza en la propia PGR, quienes fungían como piezas de cualquier rompecabezas ministerial; los del Caso Posadas, capaces de ver a hombres convertirse en leones, o tantos otros que conforman algunas de las páginas más lamentables de la historia de la procuración de justicia.
Esto se potenciará con la Ley de Amnistía que otorga al Poder Ejecutivo la potestad de olvidar los hechos delictivos más atroces, en función de obtener información relevante.
Cuatro días antes de que el presidente López Obrador deje el poder, se cumplirán los 10 años de la noche de Iguala. A estas alturas, es notorio, por el paso de los años, que las investigaciones se quedaron donde estaban en 2018:
A los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, los detuvieron agentes de la policía municipal y los entregaron a los sicarios de los Guerreros Unidos, quienes operaron la desaparición.
Sí, la verdad histórica, la única que tiene asidero en las pruebas, pero por la que se encuentra en arresto domiciliario Jesús Murillo Karam, el entonces titular de la PGR.
Se terminó el sexenio, y ahí está el expediente de Ayotzinapa, más enredado que nunca, pero sujeto a daños que ya son irreversibles y que motivarán la impunidad.
Pero esto no debe hacernos perder de vista que hay responsables del desastre. Más allá de la propaganda contra los jueces, en este asunto hay datos más que evidentes que ilustran la mala acción de la FGR.
Aunque por conveniencia y política no se haga nada, la realidad no se puede ocultar y mucho menos las consecuencias que se derivan de las malas actuaciones ministeriales.
Un triste colofón del que no hay escapatoria, y que mantendrá el justo reclamo, aunque cada vez más desesperado de los padres de los 43 que, con toda la razón, siguen buscando justicia.
@emeequis
César Augusto Ocegueda, consejero jurídico de Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que se equivocó al registrar una casa en su declaración patrimonial por 200 millones cuando vale 2 millones. Espera corregir en breve, mencionó a un medio local.
“Esta marcha del 15 de noviembre no es sólo un evento en la Ciudad de México, es una convocatoria nacional", dice Carlos Alejandro Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo.
La presidenta Claudia Sheinbaum justificó el cerco metálico en Palacio Nacional “para prevenir enfrentamientos” ante la marcha del 15N convocada por la Generación Z. Aseguró que se investigará quiénes están detrás de la movilización, que -dijo- ya fue asumida por la oposición.
García Harfuch y Grisel Galeano presentaron detalles de una investigación de meses para desmantelar una red de 13 casinos físicos y digitales en ocho estados, que usaban identidades de personas para presunto lavado de dinero.
