Ayotzinapa, sálvese quien pueda

El enredo por Ayotzinapa es mayor: no hay forma de que se desvanezca una acción que se impulsó desde el propio poder para castigar a los que investigaron y no necesariamente a los que delinquieron.

|
20 DE DICIEMBRE DE 2023
RELACIONADO

Las Fuerzas Armadas irrumpieron en un predio de 30 hectáreas en San Francisco de Ixcatán, Zapopan, donde detuvieron a seis personas y aseguraron un arsenal, logística de acampada y videovigilancia, consolidando las sospechas de que el sitio funcionaba como un centro clandestino de concentración y adiestramiento ligado a las redes de reclutamiento forzado que operan mediante falsas ofertas de empleo en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, punto estratégico donde las autoridades municipales han puesto a salvo a 87 personas en un periodo de 18 meses

|
Hace 1 hora
Agréganos como tu fuente favorita en Google
Agrega Eme equis en

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Como en la investigación del caso Ayotzinapa ya no habrá más avance del que se conoció desde hace años, y que en gran medida es el de la verdad histórica establecida por el procurador Jesús Murillo Karam, el presidente López Obrador decidió cargarle la culpa al Centro Pro de Derechos Humanos. 

El titular del Ejecutivo sostiene que los activistas actuaron con doble moral y que, mientras acompañaban a los familiares de los desaparecidos, también buscaban que los responsables de los hechos delictivos alcanzaran su libertad. 

La esencia del litigio es por los integrantes de la banda de los Guerreros Unidos que fueron liberados porque alegaron tortura y la FGR no hizo lo conducente para refutar las afirmaciones o para buscar que quedaran detenidos por otras de sus fechorías, las que eran múltiples. 

TE RECOMENDAMOS: AYOTZINAPA, EL FISCAL DEL DESASTRE

El Centro Pro en realidad no es responsable del desastre en que se convirtió la indagatoria, ya que ellos lo que han hecho es un trabajo apegado a la protección de los derechos humanos y bajo los estándares internacionales del caso. Condenaron la tortura, por supuesto, pero nunca intentaron favorecer a los implicados en el caso Ayotzinapa.

La negligencia mayor la cometió el fiscal Omar Gómez Trejo, quien no hizo nada para que se practicara el Protocolo de Estambul a los quejosos de malos tratos, como lo ordenó el juez del caso.

MANTÉNGASE INFORMADO

Recibe nuestro boletín semanal
Si continúas, aceptas la política de privacidad

En el fondo, ni en Palacio Nacional ni en la FGR tenían mucho interés en los responsables directos del crimen, porque querían configurar una historia de colusión de quienes investigaron el caso y de las fuerzas federales desplegadas en Iguala. 

Los ataques a defensores de derechos humanos no son nuevos. Desde que inició la actual administración se hizo blanco de ellos, porque no se soporta que se cuestione la labor de la autoridad. 

Pero el enredo por Ayotzinapa es mayor, porque no hay forma de que se desvanezca una acción que se impulsó desde el propio poder para castigar a los que investigaron y no necesariamente a los que delinquieron. 

Mientras estaban embelesados con aquello de que “fue el Estado”, dejaron pasar términos procesales importantes, pactaron con criminales que se convirtieron en sus respaldos argumentativos y que les dotaban de los relatos que querían escuchar.

Una de las zonas de conflicto es la que se desprende de la presunta participación militar en los hechos. Hay ocho mandos detenidos en el Campo Militar 1-A, pero es poco factible que se vaya mucho más allá de eso, pero no por las supuestas objeciones de la Secretaría de la Defensa, sino por la realidad misma, que no camina por esa senda en el terrible asunto de Ayotzinapa. 

De ahí que culpar a los integrantes del Centro Pro sea injusto y absurdo, cuando se tendrían que enfilar baterías contra los que no hicieron bien el trabajo ministerial respectivo.

Lo complejo será llegar a una explicación adecuada, más aún cuando se haga cada día más evidente, el profundo daño que causó el tomar a Ayotzinapa como bandera política, pero, peor aún, como un instrumento del gobierno para desprestigiar al pasado. 

Las consecuencias están ya a la vista. Los familiares de los normalistas no obtendrán justicia y, en gran medida, porque quienes tenían la responsabilidad de la indagatoria permitieron que los asesinos salieran de prisión, mientras se alimentaba el cuento de que tenían otros elementos que aclararían el asunto. 

El presidente López Obrador puede acusar a quien guste, lo viene haciendo desde que accedió al poder, pero ello no borrará la responsabilidad que sus subordinados en esta terrible historia.

El Centro Pro, en cambio, tiene que hacer lo que ha hecho en los últimos 30 años, defender los derechos humanos, más allá de las tempestades que esto despierte. 

LAS VÍSPERAS DEL 2024

Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín, Alejandro Murat, Nuvia Mayorga y Adrián Rubalcava anunciaron la creación de Alianza Progresista para respaldar a Claudia Sheinbaum. En general, lo que los impulsa es el resentimiento, porque no encontraron cobijo a sus proyectos personales en el PRI. 

No le van a sumar mucho a la abanderada de Morena, ya que, con excepción de Ávila, quien sí cuenta con estructura en el Estado de México y rindió buenas cuentas políticas, las que permitieron que Alfredo del Mazo llegara al poder y en una elección complicada, los otros estaban buscando saltar del barco opositor para subirse a una embarcación que consideran más redituable. 

@jandradej 

Powered by Froala Editor

Agréganos como tu fuente favorita en Google
Agrega Eme equis en

Telegram

MÁS CONTENIDOS

Las Fuerzas Armadas irrumpieron en un predio de 30 hectáreas en San Francisco de Ixcatán, Zapopan, donde detuvieron a seis personas y aseguraron un arsenal, logística de acampada y videovigilancia, consolidando las sospechas de que el sitio funcionaba como un centro clandestino de concentración y adiestramiento ligado a las redes de reclutamiento forzado que operan mediante falsas ofertas de empleo en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, punto estratégico donde las autoridades municipales han puesto a salvo a 87 personas en un periodo de 18 meses

|
Hace 1 hora

La crisis por las irregularidades en el examen de admisión a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) derivó en la salida de la secretaria general de la institución, Patricia Dávila Aranda, cuya remoción se formaliza este viernes tras ser solicitada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas. La decisión ocurre luego de que una auditoría revelara que el porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos se disparó del promedio histórico de 3.5% al 16.3% en la prueba remota para el ciclo 2026, obligando a la Rectoría a ofrecer una disculpa pública y a convocar a un examen presencial de control para garantizar la equidad. El caso escaló al plano político tras los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la falta de controles de seguridad en la evaluación, mientras la comunidad universitaria espera la confirmación oficial del relevo en el segundo cargo de mayor relevancia institucional

|
Hace 3 horas

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida neta de 27 mil 968 millones de pesos en el primer semestre de 2026, revirtiendo las ganancias de 2025 a pesar de aumentar sus ingresos un 11.3%. Aunque en el segundo trimestre obtuvo una utilidad de 18 mil 023 millones de pesos impulsada por los precios internacionales del crudo, la ganancia cayó 69.7% interanual por volatilidad cambiaria y costos de importación. Con una deuda financiera de 77 mil 500 millones de dólares y adeudos a proveedores por 21 mil 427 millones, la estatal sigue dependiendo de apoyos del Gobierno federal mientras busca alianzas privadas con empresas como Grupo Carso y Petrobras para elevar su producción

|
Hace 4 horas

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hermano del difunto “El Mencho”, se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico internacional y posesión de armas de fuego. Tras haber sido extraditado en febrero de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que el capo operó durante más de dos décadas en el tráfico masivo de cocaína y metanfetaminas, pasando del Cártel del Milenio a asumir roles clave en el CJNG como la compra de precursores químicos, la gestión de laboratorios y el blanqueo de capitales. La sentencia definitiva fue programada para el 13 de noviembre de 2026, fecha en la que un juez federal determinará su condena, la cual podría ir desde un mínimo obligatorio de 15 años de prisión hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

|
Hace 6 horas