Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Vínculos de autoridades y crimen escalan la violencia; habrá cero impunidad: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum destaca la "Operación Enjambre" como parte de su estrategia de seguridad basada en inteligencia, judicialización y cero impunidad. Asegura que hay apoyo federal tras los ataques en Tabasco.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Sheinbaum abordó los ataques de Tabasco y Operación Enjambre. Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Operación Enjambre, en las que se detuvo a siete funcionarios municipales por vínculos con el crimen organizado, es parte de la nueva estrategia de inteligencia e investigación, que busca judicializar este tipo de casos de corrupción para que exista cero impunidad.
“Cuando en la inteligencia e investigación hay datos, información que muestran que hay una autoridad involucrada, que es lo peor que puede ocurrir, el vínculo entre una autoridad y la delincuencia, que es corrupción, pero que además te lleva a una escalada de violencia. ¿Qué se hace? Se judicializa. No como antes en la época de Calderón, en la que incluso había ejecuciones extrajudiciales por parte de la autoridad“.
“Todos los casos de esta operación tenían órdenes de aprehensión de juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México a partir de carpetas de investigación de la Fiscalía del Estado de México que se apoyaron parte de la Secretaría de Seguridad, el Ejército y Guardia Nacional”, detalló.
Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno alista una estrategia especial de seguridad en Tabasco tras los ataques en una boda y en un bar: Tendrá el apoyo federal que requiera la entidad". pic.twitter.com/Zx9QWVsc7w
Agregó que lo que no puede ocurrir es que si hay un presidente municipal o un jefe de policía de cualquier nivel involucrado con la delincuencia esté protegido, y para que haya cero impunidad tiene que haber un Poder Judicial que no esté liberando delincuentes por corrupción.
Informó que esta operación tuvo qué ver con eso, es una operación que venía de antes, se pidió apoyo a la Secretaría, y hubo estas detenciones, y lamentablemente hubo una muerte, un suicidio.
Sobre el atentado en un bar de Tabasco, en el que resultaron muertas 6 personas y 10 heridos, dijo que se va a estar muy de cerca, porque hay una estrategia general, pero además estrategias estatales, y otras regionales, porque aún cuando hay delincuencia organizada en cada uno de estos estados tienen sus características.
“Estamos trabajando con las autoridades estatales, así lo estamos haciendo con Tabasco y tiene todo el apoyo federal que requiera”, dijo.
La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los pilares de su estrategia de seguridad, que busca abordar las problemáticas de raíz y fortalecer las capacidades del Estado para garantizar la paz.
Atención a las causas: Se enfoca en evitar que los jóvenes sean reclutados por grupos delictivos. Para ello, se implementan programas sociales como Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro, además de estrategias específicas como Barrio Adentro, un modelo aplicado inicialmente en la Ciudad de México y ahora replicado en zonas de alta incidencia delictiva. Este enfoque incluye garantizar el acceso a la educación, el desarrollo de identidades alejadas de la violencia y apoyo integral para los jóvenes y sus familias.
Fortalecimiento de la Guardia Nacional: Está orientado a robustecer esta institución mediante acciones derivadas de la reforma constitucional y otras estrategias que buscan consolidar su papel en la seguridad pública del país.
Inteligencia e investigación: Para lo cual se trabaja en la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que contará con una ley específica próximamente presentada al Congreso. Este sistema tiene como objetivo no solo recopilar información, sino también judicializar los casos con pruebas suficientes para obtener órdenes de aprehensión o cateo.
Coordinación interinstitucional: Donde las secretarías federales, gobiernos locales, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República trabajan en conjunto para prevenir el delito y fortalecer las capacidades de respuesta.
Sheinbaum subrayó que esta estrategia también se aplica a la violencia contra las mujeres, bajo los principios de atención a las causas y cero impunidad, con énfasis en garantizar justicia dentro del marco de los derechos humanos.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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