La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
Tres “chiquipartidos” quieren unirse tras perder el registro y crear “Fuerza Solidaria Progresista”
Después de que el Tribunal Electoral avalara la desaparición de los registros nacionales de Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, los líderes de esos partidos quieren juntar sus pocas fuerzas para ver si así reviven entre los muertos y continúan recibiendo prerrogativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
EMEEQUIS.– Están muertos, pero no acabados. Los tres partidos políticos que se quedaron sin registros nacionales por no alcanzar el umbral mínimo de votos en la pasada elección federal ahora quieren unirse para ver si así sobreviven a la próxima elección.
Se trata de Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, que juntarán lo que les queda de estructura política para intentar crear un frente que los aglutine bajo el nombre de “Fuerza Solidaria Progresista”.
Así lo informaron sus líderes Gerardo Islas, Hugo Eric Flores y Fernando González, respectivamente, en una conferencia de prensa en la que aseguraron que usarán los registros locales que tiene cada partido en algunos estados del país para competir en las elecciones locales de 2022 y 2023, y eventualmente la presidencial de 2024.
Por ejemplo, Redes Sociales Progresistas prestaría su plataforma al frente “Fuerza Solidaria Progresista” en los estados donde tiene registro local y sus aliados no lo tienen, como Durango, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Morelos y Chiapas; Partido Encuentro Solidario haría lo mismo en Morelos y en sus bancadas el Congreso de la Unión; mientras que Fuerza por México lo haría en los 15 estados donde tienen presencia.
“Esto va más allá de intereses personales o de algún tipo de ego. El día de ayer terminando la sesión de la Sala Superior (del Tribunal Electoral, en la que se ratificaron los registro perdidos) nos comunicamos los tres, hice la petición de formar este bloque y agradezco la generosidad de mis compañeros para aceptar”, dijo Gerardo Islas.
En ese encuentro con medios, los líderes de los tres “chiquipartidos” extintos no explicaron cómo es que sus agendas políticas podrían unirse, dado que sus ideologías son muy distintas: mientras Partido Encuentro Solidario está asociado a la derecha evangélica, Fuerza por México se autodenomina socialdemócrata y Redes Sociales Progresistas de centro izquierda.
De este modo, los tres partidos políticos intentarán juntar fuerzas para volver a tener acceso a las millonarias prerrogativas que otorga el Instituto Nacional Electoral a los institutos que participan en las elecciones por cargos federales.
De nada sirvió que sus representantes argumentaran que la pandemia por Sars-Cov-2 les impidió hacer campañas efectivas este 2021 para convencer a la gente de votar por ellos, pues los magistrados de la Sala Superior votaron contra el proyecto de su compañero Indalder Infante que daba la razón a los “chiquipartidos” sobre la falta de supuestas condiciones óptimas para la competitividad.
La mayoría votó en el sentido de la magistrada Janine Otálora, quien señaló que regresar el registro a los partidos políticos que no cumplieron con el 3% de los votos requerido sería contrario a la Constitución y corrompería el modelo del sistema electoral y de partidos.
“La pandemia no puede considerarse como una cuestión que haya mermado la participación ciudadana, porque –contrario a lo aduce el Partido Encuentro Solidario– en el proceso electoral existió una participación de 52.66%, es decir, una participación que es mayor que en los anteriores procesos electorales en los que se renueva exclusivamente la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, dijo la magistrada.
Con ella coincidió el presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez, quien aseguró que Redes Sociales Progresistas no presentó un argumento creíble sobre que la pandemia fue un elemento condicionante que afectó la preferencia ciudadana en perjuicio de algún partido político en particular.
“Retomando las experiencias de 2009 y 2003, se observa que la participación había sido del 44.8% y del 41.5%, respectivamente. De forma que, a pesar de la pandemia, se mantuvo la tendencia creciente de participación ciudadana en las elecciones legislativas o intermedias”, afirmó.
El Tribunal Electoral aprobó por unanimidad de los magistrados la pérdida de registro de Redes Sociales Progresistas, mientras que por seis votos a favor aprobó la pérdida de registro de Fuerza por México y el Partido Encuentro Solidario.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
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