Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
En la denuncia, la víctima, quien también es media hermana de Cuauhtémoc Blanco, relata cómo el entonces gobernador irrumpió en su habitación durante una fiesta realizada en la Residencia Oficial de Morelos.
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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¿Seguirá impune Cuauhtémoc Blanco? Foto: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena, enfrenta una denuncia presentada por su media hermana, Nidia Fabiola “N”, por tentativa de violación y otros delitos.
Según el testimonio de la víctima, el ataque ocurrió en diciembre de 2023 en la Residencia Oficial de Morelos, un lugar que, de acuerdo con la denuncia, fue convertido en un espacio de excesos y abusos. El caso, revelado por Yohali Reséndiz en su columna para Opinión 51, pone en evidencia no solo un presunto delito, sino también el uso del poder político como escudo para la impunidad.
En la denuncia, registrada bajo la carpeta de investigación SC01/9583/2024, la víctima relata cómo el entonces gobernador irrumpió en su habitación durante una fiesta, presuntamente bajo los efectos del alcohol.
Según el testimonio, Blanco intentó someterla a la fuerza, empujándola hacia la cama mientras la acosaba verbal y físicamente. La resistencia de Nidia Fabiola “N”, a través de gritos y golpes, logró impedir que la agresión se consumara. Sin embargo, la víctima asegura que el episodio dejó profundas secuelas emocionales y físicas.
El relato de los hechos, incluido en la denuncia, detalla que la Residencia Oficial de Morelos era utilizada frecuentemente para fiestas privadas donde, según la víctima, abundaban el alcohol, las drogas y la presencia de sexoservidoras.
“No había horario para las fiestas; las reuniones podían extenderse hasta la madrugada”, señala el testimonio. Además, menciona que figuras cercanas al exgobernador, como colaboradores y funcionarios estatales, participaban en estas reuniones, lo que subraya un patrón de excesos y un ambiente permisivo.
La denuncia también destaca cómo Blanco habría aprovechado su posición de poder y su parentesco con la víctima para tratar de someterla. En uno de los momentos más impactantes del relato, Nidia Fabiola “N” le gritó al agresor: “¡Somos hermanos, date cuenta de lo que estás haciendo!”. Sin embargo, según su declaración, Blanco respondió con indiferencia y violencia. Este acto refleja, según el análisis de Reséndiz, una dinámica de abuso que se sostiene en el poder político como herramienta de control.
La víctima ha solicitado formalmente que se inicie el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, lo que permitiría que enfrente las acusaciones sin la protección de su inmunidad como legislador federal. Este mecanismo, conocido como declaración de procedencia, requiere la intervención de la Cámara de Diputados y es un paso necesario para que el caso avance en el ámbito judicial. La víctima insiste en que existen suficientes pruebas para acreditar los hechos denunciados y exige que las autoridades actúen con diligencia.
El caso no sólo pone a Blanco bajo el escrutinio público, sino que también evidencia las deficiencias del sistema judicial en México para enfrentar casos de abuso de poder y violencia de género.
Según datos de la Fiscalía General de la República, los procesos de desafuero suelen ser lentos y complicados, lo que a menudo permite que los acusados utilicen su posición para retrasar o incluso evadir la justicia.
La denuncia contra Cuauhtémoc Blanco no es un caso aislado. México enfrenta una crisis de impunidad en casos relacionados con violencia de género y abuso de poder. Según el Índice Global de Impunidad 2023, el país ocupa uno de los primeros lugares en esta categoría a nivel mundial. Las víctimas que se atreven a denunciar a figuras públicas enfrentan no solo el reto de la revictimización, sino también la inercia de un sistema que a menudo protege a los agresores.
El uso de la Residencia Oficial de Morelos como un espacio para fiestas y excesos, descrito en la denuncia, también es un ejemplo de cómo los recursos públicos pueden ser utilizados para fines personales. Este tipo de conductas refuerza la percepción de que algunos funcionarios operan al margen de las leyes que están obligados a cumplir.
La columna de Yohali Reséndiz publicada en Opinión 51 ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, avivando el debate sobre la relación entre el poder político y la justicia en México. La periodista destaca cómo este caso pone en evidencia las vulnerabilidades del sistema y la dificultad para garantizar que las víctimas de violencia obtengan justicia, especialmente cuando el acusado cuenta con recursos y conexiones que le otorgan una ventaja.
La denuncia contra Cuauhtémoc Blanco representa una prueba de fuego para las autoridades mexicanas y para el sistema político en general. ¿Se dará prioridad a la justicia sobre la protección de un funcionario público? La respuesta a esta pregunta no solo determinará el desenlace de este caso, sino que también enviará un mensaje sobre el compromiso del país con el combate a la violencia de género y el abuso de poder.
Fuente: Opinión 51, columna de Yohali Reséndiz .
@emeequis
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