Este convenio establece las bases para sumar esfuerzos y generar acciones coordinadas que garanticen un entorno seguro para quienes ejercen la labor periodística y la defensa de los derechos humanos en el municipio.
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Este convenio establece las bases para sumar esfuerzos y generar acciones coordinadas que garanticen un entorno seguro para quienes ejercen la labor periodística y la defensa de los derechos humanos en el municipio.
La presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la detención en Paraguay de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exjefe de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. El caso revela una red de apuestas ilegales con vínculos en México y América Latina, operada por la familia Bermúdez. Documentos muestran que Adán Augusto López, entonces notario y posteriormente secretario de Gobernación, atestiguó la creación de la empresa responsable de las apuestas, a la que se le otorgaron permisos federales durante su gestión. Investigaciones de MCCI y EMEEQUIS apuntan a posibles redes de protección política que Sheinbaum se niega a esclarecer.
Este convenio establece las bases para sumar esfuerzos y generar acciones coordinadas que garanticen un entorno seguro para quienes ejercen la labor periodística y la defensa de los derechos humanos en el municipio.
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Descarga la responsabilidad en el Gabinete de Seguridad. Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– En su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum esquivó responder a las preguntas sobre la detención en Paraguay de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.
Ante el cuestionamiento directo de la prensa sobre el caso, Sheinbaum optó por remitir la información a su gabinete de seguridad con frases como “prefiero que lo informe el gabinete” y “ellos tienen exactamente toda la información y las atribuciones para poder explicar dónde entró, quién falló, quién no falló”. Sin embargo, las evasivas no bastan frente a una red que ya rebasa las fronteras y cuyas conexiones alcanzan a nombres clave del actual oficialismo.
Gerardo Bermúdez Arreola fue detenido en Paraguay, donde enfrenta arresto domiciliario por operar de forma clandestina apuestas deportivas a través de Montego Trading S.A. y el sitio crowncityplay.com.py. Las autoridades paraguayas, encabezadas por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), documentaron que Bermúdez y sus socios violaron la ley al establecer seis locales físicos y una plataforma digital sin autorización oficial.
El proceso penal en su contra —que ya se encamina a juicio oral— también busca que se bloqueen dominios, subdominios, direcciones IP y redes asociadas a la explotación ilegal del juego, actividad que además generó un perjuicio económico al erario paraguayo y vulneró derechos de los apostadores.
Pese a ello, en México el caso apenas comienza a despertar interés mediático, a pesar de las múltiples pistas que señalan que el origen del negocio está profundamente ligado a personajes cercanos al poder.
Los documentos revelados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) confirman que el 18 de noviembre de 2017, la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., responsable de las marcas Crown City y City Bets, fue constituida ante la notaría número 27 de Tabasco, a cargo de Adán Augusto López, entonces notario y hoy pieza clave de Morena.
Uno de los socios fundadores de esta empresa es Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán y padre de Gerardo. Otro es Josef Alexander Arguedas Troyo, un empresario costarricense con vínculos en el negocio de los juegos en Centroamérica. En el acta notarial consta que la empresa se dedicaría a la operación de apuestas remotas y salas de sorteos, actividades reguladas por la Secretaría de Gobernación.
Pocos meses después, ya durante el mandato de López Obrador, se otorgó a esta firma el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/1276/2018 para operar apuestas en línea en México. Según la plataforma crowncitybets.mx, el permiso fue avalado por la Secretaría de Gobernación cuando Adán Augusto fungía como titular de la dependencia.
A esta trama se suma un reportaje de EMEEQUIS que revela que, bajo el gobierno de Sheinbaum, se otorgaron contratos a empresas vinculadas con los hermanos Bermúdez, específicamente a firmas que operan bajo el nombre de “Suerte y Alegría”, también relacionadas con el mismo grupo de socios.
La actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al caso Bermúdez —eludiendo cualquier declaración directa y trasladando la responsabilidad al gabinete de seguridad— ha encendido las alarmas en torno a posibles redes de protección política detrás de este escándalo.
Su negativa a explicar cómo fue posible que Gerardo Bermúdez Arreola interpusiera un amparo desde Tijuana, en abril de 2025, pese a que se reportaba oficialmente fuera del país desde enero, deja sin respuesta preguntas clave sobre las fallas institucionales o, peor aún, sobre la posibilidad de omisiones deliberadas.
El hecho de que Adán Augusto López —notario de la empresa madre del consorcio de apuestas y luego Secretario de Gobernación— esté directamente ligado al nacimiento legal de este negocio no puede pasar desapercibido. Mucho menos cuando fue en su gestión cuando se renovaron y ampliaron permisos para operar casas de apuestas en distintos estados del país.
Todo esto ocurre bajo la mirada de un aparato estatal que, lejos de actuar con firmeza, parece haber pavimentado el camino para la expansión de este grupo empresarial en México y América Latina.
La evasiva presidencial no solo es preocupante: refuerza la sospecha de que hay personajes intocables dentro del actual régimen, cuyos vínculos empresariales y familiares se entrelazan con funciones públicas. El caso Bermúdez no es solamente una historia de apuestas ilegales: es una prueba de fuego para la transparencia y el combate a la corrupción en el sexenio de Sheinbaum.
@emeequis
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