La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Sheinbaum desafía a jueza por reforma judicial; la denunciará ante Judicatura
La presidenta aseguró que no acatará la instrucción y que la reforma, respaldada por la Constitución, representa la voluntad del pueblo. La consejera jurídica Ernestina Godoy y el exministro Arturo Zaldívar coincidieron en que la suspensión judicial es improcedente, ya que los amparos no proceden contra reformas constitucionales
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
EMEEQUIS.– La presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la orden que una jueza de distrito emitió para retirar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reciente reforma judicial, afirmando que dicha decisión está fuera de las atribuciones de la jueza y, por lo tanto, ella la denunciará ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Sheinbaum dejó claro que no cumplirá con la orden judicial y que presentará una queja formal, a pesar de su percepción de que el Consejo no siempre actúa con diligencia.
“No vamos a bajar la publicación. Y, número dos, vamos a hacer una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal. Sabemos que el Consejo no necesariamente está haciendo su trabajo, pero no queremos que esto quede en la impunidad”, sostuvo la mandataria durante su intervención este viernes.
“No vamos a bajar la publicación”, dijo Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) luego de que una jueza ordenó eliminar la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación.
Sheinbaum fue enfática al criticar la resolución de la jueza Nancy Juárez Salas, quien ordenó la suspensión de la reforma. Según la presidenta, la orden que emitió la jueza está “por encima de su función” y resulta inaceptable que una jueza intente anular una reforma que, además de estar respaldada por la propia Constitución, deriva de la voluntad democrática del pueblo de México.
La mandataria dijo que la jueza no tiene ninguna atribución para tomar decisiones de esa magnitud, ya que no puede situarse por encima del pueblo ni del Poder Legislativo, que fue el encargado de instruir al expresidente Andrés Manuel López Obrador a publicar la reforma en el DOF.
Sheinbaum también se dirigió a los trabajadores del Poder Judicial, asegurándoles que no tienen de qué preocuparse a menos que estén defendiendo algún privilegio o negocio específico, ya que los salarios y demás ingresos de los empleados, incluidos bonos, serán respetados íntegramente.
A pesar de estar en desacuerdo, la mandataria afirmó que respetará el seguro de gastos médicos mayores incluido en su contrato colectivo. En un llamado directo, Sheinbaum destacó que si los trabajadores del Poder Judicial continúan en paro, pese a la orden del Consejo de la Judicatura Federal que les instruye regresar a sus labores, se deben aplicar los descuentos salariales correspondientes.
LOS ARGUMENTOS DE GODOY Y ZALDÍVAR
La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, respaldó las declaraciones de Sheinbaum al afirmar que la suspensión ordenada por la jueza para eliminar el decreto de la reforma judicial es improcedente.
Godoy explicó que esta reforma es facultad soberana del Constituyente Permanente y, por lo tanto, está exenta de cualquier revisión judicial, como lo establece el artículo 135 de la Constitución. Dicho artículo otorga al Congreso de la Unión y a la mayoría de los congresos locales la capacidad de adicionar o reformar la Constitución sin que ningún poder, incluido el Judicial, tenga la facultad para cuestionar o anular ese proceso.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia, señaló que la orden de eliminar la Reforma Judicial del DOF es improcedente. Además, acusó que existe "un claro conflicto de interés" en esta solicitud, por lo que se hará una denuncia en el Consejo de la Judicatura Federal. pic.twitter.com/0T5sC1Rh2G
Además, Godoy subrayó que no existe en el sistema jurídico mexicano disposición constitucional o legal alguna que otorgue al Poder Judicial o a cualquier otro ente la capacidad de revisar, cuestionar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución. “Un juzgador no puede facultarse a sí mismo para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional”, sentenció la consejera jurídica.
En la misma línea, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, agregó que las suspensiones emitidas en estos casos son abiertamente contrarias a derecho, ya que los amparos no proceden contra reformas constitucionales, ni mucho menos contra procesos legislativos, y mucho menos para invalidar o retirar una publicación del Diario Oficial de la Federación.
Zaldívar enfatizó que las juezas y jueces que han emitido estas suspensiones están actuando más allá de sus facultades y con un claro interés personal y directo en oponerse a la reforma judicial, lo que los inhabilita para resolver sobre el tema.
Ttambién apuntó que las decisiones de estos jueces están trastocando y desafiando el orden constitucional, ya que ningún juzgador tiene la autoridad para interferir en procesos legislativos que emanan del Poder Constituyente Permanente. A su juicio, estos jueces están extralimitando sus funciones y rompiendo con la separación de poderes que es esencial en cualquier democracia.
¿QUÉ ORDENÓ LA JUEZA?
La jueza Nancy Juárez Salas, del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz, otorgó una suspensión definitiva contra la reforma judicial, ordenando a Claudia Sheinbaum y al Diario Oficial de la Federación (DOF)retirar la reforma en un plazo de 24 horas, según un documento que circula en redes sociales.
El documento establece que se debe requerir a las autoridades correspondientes, incluyendo la presidenta de México y el DOF, para que informen y acrediten el cumplimiento de la suspensión, que fue concedida el 20 de septiembre. Esta suspensión busca eliminar el decreto de reforma constitucional que modifica diversas disposiciones relacionadas con el Poder Judicial Federal.
Si no se cumple con esta orden en el tiempo estipulado, se notificará al Ministerio Público para iniciar procedimientos legales contra Sheinbaum y el funcionario del DOF. Esto se basaría en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, que estipula que los servidores públicos que no obedezcan una orden de suspensión debidamente notificada podrían enfrentarse a penas de tres a nueve años de prisión, así como multas y destitución.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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