EMEEQUIS.– La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara que este organismo pueda inmovilizar cuentas bancarias sin orden judicial previa en casos de presunto lavado de dinero.
Desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que la UIF “siempre ha tenido esta facultad”, aunque reconoció que en años recientes la Corte había impuesto límites que, en la práctica, debilitaban su capacidad operativa frente a la delincuencia financiera.
“Lo que pasaba antes es que se inmovilizaban cuentas y de inmediato venía un amparo con suspensión automática. Sacaban el dinero y la medida quedaba inhabilitada”, explicó este 08 de abril en su conferencia matutina.
Con el nuevo criterio, dijo, quienes consideren injustificada la medida podrán acudir al amparo, pero sin suspensión automática. A cambio, subrayó, los juicios deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses.
“Si hubiera una injusticia, en seis meses se libera la cuenta. Pero mientras tanto, evitamos que el dinero se fugue”, sostuvo pese a que contrarios han mencionado que se trata de una medida excesiva y puede utilizarse como herramienta política.
Sheinbaum insistió en que la UIF no actúa de manera arbitraria ni política. “Nunca en la historia se le ha cerrado la cuenta a alguien que no esté implicado en lavado de dinero”, afirmó, en respuesta a críticas sobre posibles abusos.
5 MIL MILLONES BAJO LA LUPA
Como respaldo a su postura, la presidenta aseguró que en lo que va de su administración se han inmovilizado alrededor de 5 mil millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas.
“Nadie se queja”, remarcó, al tiempo que defendió el uso de esta herramienta como una vía efectiva para combatir tanto a la delincuencia organizada como a las redes de facturación ilegal, consideradas delitos de cuello blanco.
CHOQUE DE VISIONES
El tema no es nuevo. La UIF ha estado en el centro de tensiones con el Poder Judicial, especialmente por los amparos que en el pasado permitieron liberar recursos bloqueados antes de que se resolviera el fondo de los casos.
Para el gobierno federal, estas resoluciones debilitaban la estrategia contra el crimen financiero, sin embargo para críticos, las nuevas reglas abren la puerta a posibles excesos del Estado.
Sin embargo, Sheinbaum rechazó ese señalamiento: “Ningún empresario tiene por qué temer. Esto no es político, es legal”.
La mandataria enmarcó la medida dentro de su política de seguridad: reducir la violencia atacando las finanzas de los grupos criminales.
“¿Cuál es la forma más sencilla? Congelarles el dinero”, resumió.
Incluso comparó el modelo mexicano con otros países, al señalar que en naciones como Estados Unidos o Italia existen mecanismos similares para bloquear recursos ligados a actividades ilícitas.
La UIF mantiene una Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2025, se incorporaron alrededor de 7,815 entre personas físicas y morales. Derivado de eso, las instituciones financieras bloquearon en total 32,500 millones de pesos, aproximadamente, más cantidades en dólares y euros.
De ese total bloqueado históricamente, una parte importante alrededor de 23,500 mdp se ha desbloqueado por resoluciones judiciales, lo que Sheinbaum ha criticado fuertemente, calificándolo de “corrupción” o “colusión” entre jueces y personas investigadas. Ejemplos recientes incluyen casos como el de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, donde se liberaron recursos sin un juicio de fondo.
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