EMEEQUIS.- En una jornada de alta tensión legislativa y negociaciones de último minuto, el Senado de la República aprobó en lo general el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la joya de la corona de la reforma —el adelanto de la Revocación de Mandato a 2027— quedó oficialmente descartada. En un movimiento calculado, Morena e Ignacio Mier cedieron el protagonismo al Partido del Trabajo (PT) para que liderara el rechazo al artículo 35 constitucional, priorizando la unidad de la Cuarta Transformación sobre la ambición electoral inmediata.
LA DAGA DEL PT: LEALTAD CON CONDICIONES
El clímax de la sesión llegó cuando Alberto Anaya, coordinador del PT, subió a la tribuna. Tras varios minutos de encendidos elogios a Sheinbaum y al legado de López Obrador, Anaya soltó la definición que cambió el rumbo de la reforma: sus seis legisladores respaldarían el Plan B en lo general, pero no acompañarían la modificación al artículo 35.
“Nuestro partido es fundador de la Cuarta Transformación y con ella seguiremos, pero nos separamos del dictamen en lo que se refiere a la revocación”, sentenció Anaya. Con este veto, el oficialismo perdió la posibilidad de alcanzar la mayoría calificada necesaria para empatar la consulta con las elecciones intermedias. La senadora petista Lizeth Sánchez García fue la encargada de formalizar este “último clavo en el ataúd” de la propuesta presidencial, blindando así el calendario electoral de 2027.
LIZETH SÁNCHEZ Y EL GOLPE DEFINITIVO DEL PT
La senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT), asumió el rol de verdugo en los artículos reservados. Con la frialdad de quien ejecuta un pacto previamente trazado en las sombras, Sánchez García colocó el último clavo al ataúd de la consulta adelantada. Su intervención no solo representó un voto en contra; fue el símbolo de la “rebeldía” de los aliados que, con 87 votos a favor en lo general y 41 en contra, blindaron el calendario electoral de 2027 frente a la ambición de Morena de empalmar la boleta presidencial con las elecciones intermedias.
Este desenlace ya lo había advertido el coordinador petista, Alberto Anaya, quien minutos antes protagonizó un inusual ejercicio de equilibrismo político. Tras dedicar largos pasajes de su discurso a halagar a Sheinbaum y a López Obrador, jurando lealtad eterna para los procesos de 2027 y 2030, Anaya soltó la “daga”: sus seis legisladores apoyarían el Plan B en lo general, pero abandonarían el barco en el artículo 35 constitucional. “Nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere a la revocación”, sentenció, dejando al oficialismo sin la mayoría calificada necesaria para tocar la Constitución en ese punto.
ESTRATEGIA DE GOBERNABILIDAD: LA RETIRADA DE MIER
Ante la rebelión del PT y las dudas en el PVEM —encabezadas por el senador Luis Armando Melgar—, el liderazgo de Morena operó una retirada táctica. Ignacio Mier, coordinador morenista, anunció la eliminación de los cambios a la revocación de la minuta final para evitar una derrota pública en la votación de las reservas.
Mier defendió la decisión como un triunfo de la gobernabilidad: “¿Cómo puede ser una derrota si hemos reformado 103 artículos de la Constitución con nuestros aliados?”, cuestionó, enfatizando que mantener la estabilidad de la coalición es el activo más importante para respaldar a la Presidenta. Al borrar el artículo 35, el oficialismo aseguró los 87 votos necesarios en lo general, dejando la Revocación de Mandato fija para 2028, su fecha constitucional original.
EL EFECTO DOMINÓ HACIA SAN LÁZARO
El impacto de este freno en el Senado es definitivo. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que como cámara revisora no tienen facultades para revivir un artículo que el Senado desechó. “Solo vamos a discutir lo que apruebe la Cámara de origen”, explicó Monreal en entrevista, confirmando que el tema queda legalmente muerto para este ejercicio legislativo.
Anteriormente, Manuel Velasco (PVEM) ya había perfilado esta salida salomónica: votar en lo general para salvar la cara de la alianza, pero permitir que sus legisladores se reservaran los puntos de discordia. Esta maniobra evitó que Morena tuviera que “satanizar” a sus aliados, optando por cuidar la coalición de cara a los procesos electorales de 2027 y 2030.
CAOS, GRITOS Y SAINETES EN EL PLENO
Mientras se definía el futuro constitucional del país, el recinto se hundió en episodios de confrontación personal. La senadora Lilly Téllez y Saúl Monreal protagonizaron un ríspido intercambio donde las acusaciones de “narco” e “hipócrita” volaron de un escaño a otro.
Asimismo, la presencia de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, desató gritos de hostilidad alentados por Gerardo Fernández Noroña, reviviendo rencillas políticas relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo. Estos choques enmarcaron la votación de 87 contra 41, que deja un Plan B concentrado estrictamente en lo administrativo.
LO QUE SÍ AVANZA DEL PLAN B
Pese al descarte de la revocación, la reforma logra cambios sustanciales en los artículos 115, 116 y 134:
- Municipios más austeros: Se limita a un máximo de 15 regidurías por ayuntamiento para reducir el gasto público.
- Control en el INE y Oples: Nuevas reglas para consejeros y magistrados electorales que buscan eliminar sueldos excesivos.
- Reordenamiento estructural: Ajustes en secretarías de órganos administrativos y congresos locales.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Pacto de Unidad: Morena permitió que el PT liderara el rechazo a la revocación 2027 para evitar una fractura pública y salvar la alianza.
- Revocación 2028: La consulta de mandato se mantiene en el cuarto año de gestión de Sheinbaum, tal como exigía el PT, el Verde y la oposición.
- Mayoría Calificada: El bloque oficialista alcanzó los 87 votos necesarios en lo general tras retirar el polémico artículo 35 de la discusión.
- Sentencia de Monreal: La Cámara de Diputados no podrá reintegrar la revocación al debate al ser excluida por el Senado.
- Reforma Administrativa: El Plan B sobrevive en sus ejes de reducción de regidores y límites salariales en organismos electorales
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