Pese a renuncia de regidora de Ocotlán, el misterio del mono araña sigue sin resolverse: la Profepa no sabe dónde está y la ahora exfuncionaria sigue ocultando que era de ella, a pesar de que siguen surgiendo pruebas que la desmienten.
El mandatario estatal destacó que con el arranque de la obra de la carretera cuatro carriles Hermosillo-Bahía de Kino, se da cumplimiento a una demanda histórica de conectividad regional y tránsito seguro de la ciudadanía, turistas y sector agrícola.
El caso de la regidora de Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, exhibe un grave ejemplo de posesión ilegal de fauna silvestre y posible tráfico de especies en peligro de extinción. Tras viralizarse un video donde golpea a un mono araña, la funcionaria negó ser la propietaria del animal, pero imágenes y publicaciones previas la contradicen. Expertos advierten que al mentir a la Profepa agravó su situación jurídica, pasando de una infracción administrativa a posibles delitos federales de posesión, transporte y tráfico de fauna silvestre, con penas que podrían alcanzar hasta nueve años de prisión. El caso, que involucra a un animal catalogado en peligro de extinción, refleja tanto la impunidad con la que operan servidores públicos como las fallas estructurales en la vigilancia ambiental en México.
El feminicidio de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de Manzanilla de la Paz, expone la vulnerabilidad de las mujeres en política y la creciente violencia contra representantes públicos en México. La Fiscalía de Jalisco confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento, investigado bajo protocolos de feminicidio. El caso se suma a una serie de ataques contra políticos, incluidos dos diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, lo que revela un patrón de agresiones que amenaza la estabilidad institucional y desnuda la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a sus propios funcionarios.
Pese a renuncia de regidora de Ocotlán, el misterio del mono araña sigue sin resolverse: la Profepa no sabe dónde está y la ahora exfuncionaria sigue ocultando que era de ella, a pesar de que siguen surgiendo pruebas que la desmienten.
La investigación de la FGR contra Diego Rivera Navarro revela un oscuro mecanismo de purga política en Tequila, donde el secuestro fue utilizado para eliminar la competencia electoral. Testimonios de excandidatos detallan cómo fueron privados de su libertad y torturados para obligarlos a renunciar a sus aspiraciones, permitiendo así que el CJNG consolidara un gobierno a modo. Esta estructura criminal contó con la protección de jefes policiales como "El Rey Mago", señalado desde 2022 por EE. UU., evidenciando una fusión absoluta entre las instituciones municipales y el brazo armado del narcotráfico
Pese a renuncia de regidora de Ocotlán, el misterio del mono araña sigue sin resolverse: la Profepa no sabe dónde está y la ahora exfuncionaria sigue ocultando que era de ella, a pesar de que siguen surgiendo pruebas que la desmienten.
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EMEEQUIS.– Lo que las investigaciones federales describen hoy como la administración de Diego Rivera Navarro en Tequila no fue un gobierno, sino una operación de limpieza y control territorial.
El expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) revela que el ascenso de Rivera Navarro al poder en octubre de 2024 fue cimentado sobre un método de terrorismo político: el secuestro y la eliminación de aspirantes incómodos, incluso dentro de sus propias filas, para garantizar el control absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sobre el municipio.
Uno de los pilares más oscuros de la investigación federal radica en los testimonios de excandidatos de Morena de la contienda de 2021. Según sus declaraciones, el esquema de intimidación comenzó años antes de que Rivera Navarro asumiera formalmente el cargo.
Las víctimas narraron haber sido “levantadas” a la fuerza, encapuchadas y golpeadas por comandos armados que las trasladaron a casas de seguridad. Bajo amenazas de muerte, fueron obligadas a firmar sus renuncias a las candidaturas. Los afectados identifican directamente a Diego Rivera Navarro como participante en estos actos, lo que demuestra que la estructura criminal utilizó el secuestro como una herramienta de selección política para asegurar que solo los perfiles alineados con el cártel llegaran a las boletas.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha sido enfático en señalar que el caso de Tequila es el síntoma de una enfermedad más profunda. Al respecto, el mandatario advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de vínculos criminales en la política local y federal:
La pieza clave que conecta al ayuntamiento con la cúpula del CJNG es Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”. A pesar de haber reprobado exámenes de control de confianza desde 2014, Flores Mendoza se mantuvo en el corazón de la seguridad pública de la región Valles durante más de una década.
Su relevancia es internacional: en junio de 2022, la OFAC y el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo señalaron como un esbirro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Como coordinador policial del llamado “Triángulo Dorado” de Jalisco, Flores Mendoza habría utilizado su placa para:
El expediente judicial detalla un modus operandi donde los funcionarios municipales actuaban como cobradores del crimen organizado. No había distinción entre el reglamento municipal y la ley del cártel:
La FGR concluye que Rivera Navarro convirtió al ayuntamiento en una plataforma para secuestros y control político, utilizando la fuerza del Estado para fines delictivos que hoy lo mantienen bajo custodia federal.
@emeequis
Pese a renuncia de regidora de Ocotlán, el misterio del mono araña sigue sin resolverse: la Profepa no sabe dónde está y la ahora exfuncionaria sigue ocultando que era de ella, a pesar de que siguen surgiendo pruebas que la desmienten.
El mandatario estatal destacó que con el arranque de la obra de la carretera cuatro carriles Hermosillo-Bahía de Kino, se da cumplimiento a una demanda histórica de conectividad regional y tránsito seguro de la ciudadanía, turistas y sector agrícola.
El caso de la regidora de Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, exhibe un grave ejemplo de posesión ilegal de fauna silvestre y posible tráfico de especies en peligro de extinción. Tras viralizarse un video donde golpea a un mono araña, la funcionaria negó ser la propietaria del animal, pero imágenes y publicaciones previas la contradicen. Expertos advierten que al mentir a la Profepa agravó su situación jurídica, pasando de una infracción administrativa a posibles delitos federales de posesión, transporte y tráfico de fauna silvestre, con penas que podrían alcanzar hasta nueve años de prisión. El caso, que involucra a un animal catalogado en peligro de extinción, refleja tanto la impunidad con la que operan servidores públicos como las fallas estructurales en la vigilancia ambiental en México.
El feminicidio de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de Manzanilla de la Paz, expone la vulnerabilidad de las mujeres en política y la creciente violencia contra representantes públicos en México. La Fiscalía de Jalisco confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento, investigado bajo protocolos de feminicidio. El caso se suma a una serie de ataques contra políticos, incluidos dos diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, lo que revela un patrón de agresiones que amenaza la estabilidad institucional y desnuda la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a sus propios funcionarios.
