México prohíbe de manera absoluta la fabricación, importación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación. La medida, que entra en vigor este 16 de enero de 2026, contempla sanciones de hasta ocho años de prisión y multas superiores a 234 mil pesos. El gobierno argumenta que busca proteger la salud de jóvenes y adolescentes, mientras la oposición advierte que podría incentivar el mercado ilegal.
Hace un año, especialistas y organizaciones civiles advirtieron que el registro obligatorio de líneas telefónicas representaba graves riesgos para la protección de datos personales. Pese a esas alertas, la reforma fue aprobada por Morena, PT y PVEM. Ahora, tras denuncias por una presunta vulnerabilidad en el portal de Telcel, la bancada de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a autoridades y concesionarios a reforzar la seguridad de la información de los usuarios. La propuesta incluye auditorías, mayores estándares técnicos, campañas informativas y protocolos de cifrado, aunque no tiene carácter vinculante. El caso evidencia que las advertencias iniciales fueron ignoradas y que persisten las preocupaciones sobre la exposición de datos sensibles de millones de mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con extrañamiento a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien calificó de “inaceptables” los avances graduales de México contra el narcotráfico y exigió resultados verificables. Sheinbaum subrayó que ya existen logros concretos: la reducción del 50% en las incautaciones de fentanilo en la frontera estadounidense, el decomiso de 320 toneladas de drogas y la disminución del 40% en homicidios dolosos desde 2024. Además, recordó que la cooperación debe basarse en respeto mutuo y responsabilidad compartida, señalando que Estados Unidos también debe atender su crisis interna de consumo de drogas
La fiscal general Ernestina Godoy retomó la millonaria licitación para el arrendamiento de 2 mil 522 vehículos en la FGR, un proceso iniciado por Alejandro Gertz Manero y suspendido en diciembre pasado. El contrato, valuado en más de 1,100 millones de pesos, contempla un arrendamiento de 36 meses sin opción a compra. Aunque el fallo se ha pospuesto en dos ocasiones, se prevé que la Oficina de la Fiscal General disponga de al menos 26 automóviles, camionetas y motocicletas, mientras la institución destina recursos para cubrir necesidades operativas y administrativas. La licitación, marcada por antecedentes de presunta corrupción, vuelve a colocar bajo la lupa el manejo de recursos en la FGR.
México prohíbe de manera absoluta la fabricación, importación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación. La medida, que entra en vigor este 16 de enero de 2026, contempla sanciones de hasta ocho años de prisión y multas superiores a 234 mil pesos. El gobierno argumenta que busca proteger la salud de jóvenes y adolescentes, mientras la oposición advierte que podría incentivar el mercado ilegal.
Quieren retirar dictamen. Se perfila fracaso oficialista en Senado sobre control castrense de seguridad pública
Ante la falta de votos necesarios para Morena y aliados, se solicita suspender votación en Senado sobre minuta para alargar participación de fuerzas armadas en seguridad hasta 2028.
México prohíbe de manera absoluta la fabricación, importación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación. La medida, que entra en vigor este 16 de enero de 2026, contempla sanciones de hasta ocho años de prisión y multas superiores a 234 mil pesos. El gobierno argumenta que busca proteger la salud de jóvenes y adolescentes, mientras la oposición advierte que podría incentivar el mercado ilegal.
EMEEQUIS.― El obradorismo no quiere pasar la vergüenza de un segundo fracaso legislativo, como el que tuvo con la reforma energética.
Ante la imposibilidad de reunir los votos suficientes para la mayoría constitucional por parte del oficialismo, la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos presentaron a la Mesa Directiva la solicitud de retirar el dictamen para ampliar a 2028 el control militar de la seguridad pública.
La solicitud, cuya aceptación está pendiente, se presentó mientras se desarrollaba en tribuna el posicionamiento de los grupos parlamentarios.
El senador Clemente Castañeda (MC) pidió a la Mesa Directiva aclarar si había oficio de petición del retiro, lo que fue confirmado. Pidió también votación inmediata.
El coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal, volvió a su papel de operador presidencial y sugirió que es más propicio discutir la intervención militar en la seguridad pública que en marzo de 2024, durante las campañas. “Demos tiempo a la discusión. Más tiempo. ¿Es lo que quieren? (protestas en los escaños) Nos acusan de compra, de premura, de presión. (…) Que se regrese (la minuta a la Cámara de Diputados). Somos una fracción limpia”..
El coordinador panista, Damián Zepeda (PAN), reviró: “El día de hoy muere (la propuesta). Hoy lo vamos a desechar. Mientras sea presidente López Obrador no le vamos a dar un cheque en blanco sobre las fuerzas armadas”.
Claudia Ruiz Massieu (PRI), asentó: “No les creemos (la oferta de construir un consenso con tiempo). Han faltado a su palabras una y otra vez. Quieren posponer la discusión porque no tienen los votos”.
Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, reveló detalles de la operación oficial para “comprar legisladores”: “Le hablan a los senadores con la pregunta, ¿qué quieres para votar a favor? En una actitud de coacción y de amenazas. Él secretario de Gobernación debería usar su investidura para dialogar, no para amenazar”.
Al general secretario de la Defensa Nacional, dijo. “Regrese al orden de Estado. (…) Queremos un hombre de estado, no un militante”.
Y a AMLO: “No rompa el pacto federal (…) Señor presidente: se acerca más a Santana que a Benito Juárez”.
Y advirtió. “Hoy, con detener esta votación se abren un compás para que tengamos claro que la libertad y la paz son invencibles”.
Morena propuso retirar la reforma constitucional con un oficio que no tiene el apoyo de todos los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales.
México prohíbe de manera absoluta la fabricación, importación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación. La medida, que entra en vigor este 16 de enero de 2026, contempla sanciones de hasta ocho años de prisión y multas superiores a 234 mil pesos. El gobierno argumenta que busca proteger la salud de jóvenes y adolescentes, mientras la oposición advierte que podría incentivar el mercado ilegal.
Hace un año, especialistas y organizaciones civiles advirtieron que el registro obligatorio de líneas telefónicas representaba graves riesgos para la protección de datos personales. Pese a esas alertas, la reforma fue aprobada por Morena, PT y PVEM. Ahora, tras denuncias por una presunta vulnerabilidad en el portal de Telcel, la bancada de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a autoridades y concesionarios a reforzar la seguridad de la información de los usuarios. La propuesta incluye auditorías, mayores estándares técnicos, campañas informativas y protocolos de cifrado, aunque no tiene carácter vinculante. El caso evidencia que las advertencias iniciales fueron ignoradas y que persisten las preocupaciones sobre la exposición de datos sensibles de millones de mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con extrañamiento a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien calificó de “inaceptables” los avances graduales de México contra el narcotráfico y exigió resultados verificables. Sheinbaum subrayó que ya existen logros concretos: la reducción del 50% en las incautaciones de fentanilo en la frontera estadounidense, el decomiso de 320 toneladas de drogas y la disminución del 40% en homicidios dolosos desde 2024. Además, recordó que la cooperación debe basarse en respeto mutuo y responsabilidad compartida, señalando que Estados Unidos también debe atender su crisis interna de consumo de drogas
La fiscal general Ernestina Godoy retomó la millonaria licitación para el arrendamiento de 2 mil 522 vehículos en la FGR, un proceso iniciado por Alejandro Gertz Manero y suspendido en diciembre pasado. El contrato, valuado en más de 1,100 millones de pesos, contempla un arrendamiento de 36 meses sin opción a compra. Aunque el fallo se ha pospuesto en dos ocasiones, se prevé que la Oficina de la Fiscal General disponga de al menos 26 automóviles, camionetas y motocicletas, mientras la institución destina recursos para cubrir necesidades operativas y administrativas. La licitación, marcada por antecedentes de presunta corrupción, vuelve a colocar bajo la lupa el manejo de recursos en la FGR.
.svg){kind=small}
